ADRIAN GOMEZ FIGUEROA y Otros.

Expediente 890/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
890/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • ADRIAN GOMEZ FIGUEROA y Otros.
  • Adrian Gomez Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta remitido por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual acusa de recibo de la llegada de los autos originales del presente juicio de amparo indirecto 890/2019-1A; asimismo, comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de nueve de octubre del año en curso; de lo anterior, se toma nota en el presente asunto para los efectos legales a que haya lugar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual se declinó la competencia a un Juzgado de Distrito con sede en Tijuana, Baja California, habiéndola aceptado el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por ****************, ambos de apellidos *****************, fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 783/2019-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. SE DECLINA COMPETENCIA Ahora bien, como presupuesto procesal de orden público, este Juzgado advierte que carece de legal competencia para conocer de la presente demanda; en consecuencia, se propone que la competencia jurídicamente le corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en atención a las siguientes consideraciones. En principio, se desprende que los promoventes solicitan el amparo y protección de la justicia federal, respecto de lo siguiente: Omisión, y aplazamiento de la solicitud de modificación y reducción de la pena impuesta solicitados en el mes de julio de dos mil diecinueve. A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Si el acto de reclamo puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las hipótesis antes descritas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos de reclamo. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto de reclamo, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Ahora, en el caso concreto los quejosos se encuentran privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, es por ello que debe aplicarse la primer hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo anteriormente transcrito; es decir, el juez competente para conocer del presente asunto es aquel que tiene jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 141/2004-PS, señaló: Que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, en virtud de que el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce, y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva. Cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial, o en su caso nulificarla, y la autoridad correspondiente niega su tramitación, resulta claro que a partir de ese momento, su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Que la resolución en que se niega el trámite para que el quejoso obtenga alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender o nulificar la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo (s), pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa. Consecuentemente, los quejosos solicitan la concesión de modificación y reducción de la pena que les fue impuesta, y que se encuentran privados de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, y al existir una abstención de resolver su petición, es indudable que continuarán privados de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. Por lo cual, conforme a la primera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal de los individuos, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentran recluidos y, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Dichos argumentos dieron origen a la jurisprudencia registrada bajo el número 178232, de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se intitula: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN." Máxime que en el caso, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y respecto al caso que nos ocupa, al encontrarse los quejosos recluidos en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", ubicado en Tecate, Baja California, es evidente que tendrán mayor posibilidad y acceso a su defensa ante un Juzgado de Distrito situado en esa ciudad, que en uno ubicado en una jurisdicción diferente, lo que evidentemente les dificultaría y obstaculizaría el acceso a la justicia federal. Al caso es aplicable la jurisprudencia de registro 177673, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA." Asimismo, se cita la jurisprudencia de registro 2006160, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO." Así como la diversa la tesis con número de registro 2019492, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto circuito, de rubro: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en los Libros Uno y Cuatro de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de egresos de la estadística de este juzgado, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.

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