Adrian Gerardo Cauich Gonzalez
Expediente 1352/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adrian Gerardo Cauich Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues si bien no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le comunicó la citada resolución a la autoridad que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-1352/2021, promovido por ADRIAN GERARDO CAUICH GONZÁLEZ; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el informe rendido por el Auxiliar del Conocimiento en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, el cual ya obra agregado a los presentes autos. Seguidamente, la Jueza, acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido en tiempo y forma el informe justificado de la autoridad responsable, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación de las constancias que remitió el Auxiliar del Conocimiento en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, relativas al juicio reclamatorio laboral 194/2019; por lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas las pruebas de referencia por su propia naturaleza jurídica. En el período de alegatos, se da nueva cuenta con el alegato ministerial 423/2021, firmado por la Agente del Misterio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómese en consideración el alegato ministerial, al momento de dictar la correspondiente sentencia. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1352/2021-III, promovido por ADRIAN GERARDO CAUICH GONZÁLEZ, contra un acto de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en Valladolid; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitida ese mismo día a este órgano de control constitucional, la aquí quejosa ADRIAN GERARDO CAUICH GONZÁLEZ, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, y que hizo consistir, medularmente, en la paralización por parte de la Junta responsable, al no dictar el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral 194/2019. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los preceptos 103, fracción l, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, numeral 6, y cuarto, fracción XIV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el diverso Acuerdo General 12/2016, emitido por el propio Consejo; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la parte peticionaria de amparo reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en Valladolid: La paralización por parte de la Junta responsable, al no dictar el laudo correspondiente en el juicio reclamatorio laboral 194/2019. TERCERO. Existencia del acto reclamado. En su informe de ley, la responsable Auxiliar del Conocimiento en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, manifestó que es cierto la existencia del acto reclamado. No obstante lo anterior, en el caso, deberá tenerse por inexistente, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Todo esto, en virtud que del contenido del informe justificado que ya obra agregado en autos, la responsable manifiesta que es cierto el acto que se le reclamaba, pero agregó, que no en los términos en los que reclamó la parte quejosa, ya que el expediente laboral 194/2019, no se encuentra para dictar laudo, sino que aún se encuentran pruebas pendientes por desahogar, ya que en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno señaló fechas para el desahogo de las pruebas pendientes correspondientes a las siguientes fechas: 1. Se fijan las nueve horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno para el desahogo de la prueba de confesión del demandado RAMÓN NONATO FLORES MARRUFO. 2. Se fijan las diez horas del veintiocho de septiembre del año en curso para la prueba de confesión del demandado RAMÓN NONATO FLORES MARRUFO. Y con el propósito de verificar lo expuesto, anexó una copia certificada del acuerdo de tres de mayo del año en curso, en la que se fijaron las fechas para el desahogo de las pruebas pendientes. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, la junta responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la quejosa, pues aún se encontraban pruebas pendientes por resolver, y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió una constancia del juicio laboral como apoyo a sus manifestaciones. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de la constancia que remitió, consistente en copia certificada del acuerdo de tres de mayo de este año, mediante el cual, fijó las fechas pera el desahogo de las pruebas pendientes en el juico laboral de origen, por lo que se desprende que la omisión apuntada por el titular de la acción constitucional, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dicha constancia se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra pendiente por desahogar pruebas. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la parte agraviada. Como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral no estaba en condiciones de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que aún faltan pruebas por desahogar en el procedimiento laboral de origen, por lo que previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, la responsable podrá dictar laudo en la propia audiencia o fijará fecha y hora para la resolución del conflicto en un término que no excederá de un mes. En ese orden de ideas, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el artículo artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, lo que impide examinar las cuestiones de fondo. Por lo expuesto y considerado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ADRIAN GERARDO CAUICH GONZÁLEZ, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con sede en Valladolid, por los motivos expuesto en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en auto de uno de septiembre del año en curso, respecto del informe justificado rendido por el Auxiliar del Conocimiento en funciones de Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en Valladolid. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 423/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en su segundo punto petitorio solicita se sobresea en el presente juicio de amparo, y en el tercero se niegue la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del código Federal de Procedimientos Civiles, solicita le sea proporcionada la copia certificada de la sentencia que en su momento se dicte en el presente juicio de amparo, autorizando a que la reciba la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. NOTIFÍQUESE.
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