Adrian Garrido Rodriguez

Expediente 2136/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2136/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
04/04/2017

Partes del expediente

  • Adrian Garrido Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo **; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo en revisión **, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO.- Se CONFIRMA el auto recurrido. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto, promovido por ADRIÁN GARRIDO RODRÍGUEZ, por conducto de su apoderado legal." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifiquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en el Estado de Morelos, a través del cual, acusa recibo de las constancias que se le remitieron y comunica el auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el que se admitió el Recurso de Revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual quedo registrado con el número de expediente **/2017, para todos los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto emitido el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, por esta autoridad federal. En tales condiciones, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra del proveído dictado por este órgano jurisdiccional referido en el párrafo precedente; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso d), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena distribuir las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de expresión de agravios, así como el juicio de amparo en que se actúa, para lo que tenga a bien determinar la Superioridad en relación con su admisión o desechamiento. De igual forma, remítase al referido Tribunal Colegiado, una copia más del escrito aludido, destinado para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Jurisdiccional. Finalmente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que obran agregadas a los mismos, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral 01/1408/13, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que se trata de un acto intermedio en el juicio que no es de aquellos denominados de imposible reparación, por las consideraciones que a continuación se exponen. La Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril del mismo año, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas, para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un sólo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto." Asentado lo anterior, se atiende al supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa misma línea argumentativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10ª.), estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Asimismo, determinó que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, es indudable para este órgano jurisdiccional que el acto que en esta vía se reclama no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Ello es así, ya que aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento laboral en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Aunado a que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento laboral en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." La jurisprudencia anterior, es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 217, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Este juzgado no advierte la existencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y, por lo tanto, resulta improcedente el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que como se precisó con antelación, la parte quejosa señala como acto reclamado en la presente vía, consistente en la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral 01/1408/13; sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos se advierte que al momento de la presentación de la demanda dicho juicio se encontraba transcurriendo el termino de tres días a la parte demandada para que se manifestara sobre la prueba superviniente ofrecida por la parte actora y, por ende, no había fenecido el término legal para cerrar la etapa de instrucción. En virtud de lo anterior, no se advierte una abierta dilación procesal, lo anterior en razón de que en el caso se reclama la omisión de dictar el cierre de instrucción en el juicio natural; sin embargo, no se dan los presupuestos procesales para que ello ocurra, ya que no se habían desahogado la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes, por lo que no se puede hablar de una conducta dilatoria de la autoridad en relación con el cierre de instrucción. En mérito de la conclusión alcanzada, aunado a que constituyen un hecho notorio, para este juzgado, las cargas de trabajo que imperan en los órganos de impartición de justicia en materia laboral en el Estado de Morelos. Consecuentemente, hay condiciones que son aplicables para determinar la razonabilidad de considerar una abierta dilación procesal o su paralización total, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico y riguroso para el cumplimiento de la obligación de las autoridades jurisdiccionales para acordar promociones o proseguir en tiempo con el juicio, que atienden a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su solicitud, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable". Cabe destacar que considerar lo contrario tendría el pernicioso efecto de agravar la situación de los justiciables que presentaron sus demandas laborales antes que la parte quejosa y que no han promovido amparo, pues al cumplir el órgano jurisdiccional con la ejecutoria que concede la protección federal para observar en el procedimiento de la parte quejosa los términos y plazos establecidos en la ley, los procedimientos de aquellos quedarían aún más rezagados y ninguna concesión de amparo puede tener tal efecto. Por tanto, el juicio de amparo es notoriamente improcedente al no producir el acto reclamado una abierta dilación procesal que cause una afectación a derechos sustantivos, ya que no se impide al quejoso de ninguna forma el ejercicio de un derecho, pues se trata de cuestiones que, en su caso, únicamente producirían una lesión de carácter formal o adjetivo, es decir, no es de ejecución irreparable, por lo que no se está en el caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticuatro minutos del trece de febrero de dos mil diecisiete. Notifiquese; y personalmente a la parte quejosa.

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