Adrian Garma Rivero
Expediente 309/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 29/04/2019
Partes del expediente
- Adrian Garma Rivero y Otros.
- Adrian Garma Rivero
- Ernesto Garma Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; asimismo, para que acreditara haber comparecido ante la autoridad exactora a que se le haga entrega del cheque correspondiente resultante a su favor con motivo de la concesión de amparo, acuerdo que le fue notificado el veintidós de abril de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la que, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por razón del turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de amparo en revisión 349/2018 de su índice, el cual fue desechado por las consideraciones insertas en la ejecutoria de marras. Por lo que el efecto del amparo, se constriño en: "[.] para el efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. --- En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatido de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevea una tasa de uso mayor que para edificados, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.25 (cero punto veinticinco), para Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. --- Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. --- Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. [.] [.]La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la recepción del pago de la cantidad consignada en el recibo oficial 1457985, de doce de enero de dos mil dieciocho, que realizó la parte peticionaria del amparo por concepto del impuesto predial sobre el bien inmueble de su propiedad bajo la cuenta predial 7666, relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. --- Por lo que deberá ser devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley en comento para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. --- Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa para predios edificados (0.25), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente, aquí quejoso, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. --- Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 38, fracción V, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, esto es, del 0.25 (cero punto veinticinco), para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. --- Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de las cantidades respectivas a las sumas cubiertas por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse al quejoso. Luego, esa diferencia pagada indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco [.] En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, Jefe de Departamento de Egresos de del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, desincorporó de su esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevea una tasa de uso mayor que para edificados, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.25 (cero punto veinticinco), para Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal. Más sin embargo, por cuestión de jurisdicción de la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada de notificar y entregar el titulo mercantil correspondiente, no obstante de encontrarse el mismo, en las oficinas de la autoridad para que la parte quejosa acuda ante la misma a recoger el dicho título nominativo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que el promovente acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir los numerarios que se encuentran a su disposición, toda vez que, le fue notificada dicha determinación por parte de este Juzgado Federal. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diez de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; asimismo, para que acreditara haber comparecido ante la autoridad exactora a que se le haga entrega del cheque correspondiente resultante a su favor con motivo de la concesión de amparo, acuerdo que le fue notificado el veintidós de abril de dos mil diecinueve . Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en la que, se concedió el amparo y la protección constitucional, misma que fue recurrida por la autoridad responsable, y que por razón del turno le correspondió conocer al Segundo Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dentro del toca de amparo en revisión 349/2018 de su índice, el cual fue desechado por las consideraciones insertas en la ejecutoria de marras. Por lo que el efecto del amparo, se constriño en: "[.] para el efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. --- En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatido de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevea una tasa de uso mayor que para edificados, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.25 (cero punto veinticinco), para Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner al promovente en un estado privilegiado y; además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. --- Así es, los efectos del amparo contra leyes, cuando la protección constitucional se otorga únicamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por objeto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación. --- Esto es así, puesto que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. [.] [.]La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en la recepción del pago de la cantidad consignada en el recibo oficial 1457985, de doce de enero de dos mil dieciocho, que realizó la parte peticionaria del amparo por concepto del impuesto predial sobre el bien inmueble de su propiedad bajo la cuenta predial 7666, relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. --- Por lo que deberá ser devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución versará sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley en comento para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. --- Asociado a lo precedente, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa para predios edificados (0.25), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución por el ejercicio fiscal enterado deberá entregarse al contribuyente, aquí quejoso, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dicha devolución deberá actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la parte impetrante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales que se consideraron transgredidos en su perjuicio. --- Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 38, fracción V, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, esto es, del 0.25 (cero punto veinticinco), para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para los predios urbanos edificados. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. --- Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de las cantidades respectivas a las sumas cubiertas por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse al quejoso. Luego, esa diferencia pagada indebidamente deberá devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco [.] En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable, Jefe de Departamento de Egresos de del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, desincorporó de su esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas que prevea una tasa de uso mayor que para edificados, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.25 (cero punto veinticinco), para Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por concepto del impuesto predial para dicho ejercicio fiscal. Más sin embargo, por cuestión de jurisdicción de la autoridad responsable, se encuentra imposibilitada de notificar y entregar el titulo mercantil correspondiente, no obstante de encontrarse el mismo, en las oficinas de la autoridad para que la parte quejosa acuda ante la misma a recoger el dicho título nominativo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. No obsta a lo anterior, que la responsable del cumplimiento, no haya remitido constancia con la que acreditará que fueron devueltas las cantidades a las que se hace alusión, a la parte agraviada, en virtud de que no puede desvincularse a la accionante constitucional -en este caso tan particular- del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues su intervención en el mismo, consiste en que el promovente acuda ante la autoridad exactora a efecto de recibir los numerarios que se encuentran a su disposición, toda vez que, le fue notificada dicha determinación por parte de este Juzgado Federal. Cabe señalar que la anterior determinación no exime a la responsable de entregar a la parte quejosa la cantidad que enteró con motivo del concepto declarado inconstitucional. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de Egresos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, así como el impedimento que le asiste por los motivos expuestos en el oficio de cuenta, al respecto, agréguese para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber comparecido ante la autoridad a que se le haga entrega del cheque correspondiente a la cantidad que resultó con motivo de la sentencia de amparo, o manifieste el impedimento que tenga para ello. Asimismo, dentro del mismo término deberá expresar lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, que dice: Visto el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Departamento de Egresos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector, así como el impedimento que le asiste por los motivos expuestos en el oficio de cuenta, al respecto, agréguese para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber comparecido ante la autoridad a que se le haga entrega del cheque correspondiente a la cantidad que resultó con motivo de la sentencia de amparo, o manifieste el impedimento que tenga para ello. Asimismo, dentro del mismo término deberá expresar lo que a su derecho corresponda, respecto al cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo, está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
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