Adrián Gallegos González

Expediente 289/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
289/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Adrián Gallegos González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este juzgado federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia definitiva dictada por este juzgado el seis de septiembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de cinco años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son susceptibles de destrucción, debido a que la medida cautelar provisional y definitiva se negó respecto del acto reclamado; por ende, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años, por lo que déjese por separado para tales efectos. Por otro lado, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable en comento las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación, consistente en copia certificada del expediente civil 484/2017 de su índice, que consta en un tomo, toda vez que resulta incensaría su retención.

  2. Principal

    S E N T E N C I A. Tepic, Nayarit a seis de septiembre de dos mil dieciocho. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 289/2018, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, ADRIÁN GALLEGOS GONZÁLEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la autoridad y acto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. El C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE BUCERIAS, NAYARIT.. ACTO RECLAMADO.- Como actos reclamados se encuentran los siguientes; Del Ciudadano Juez Primero de lo Civil de Bucerias, Nayarit, reclamo LE RECLAMO SU FALTA DE INTERES Y/0 EXPEDITES PROCESAL Y/O EXCESIVO TIEMPO PARA PROCURAR JUSTICIA en la carpeta de investigación número 484/2017, en la cual el suscrito es parte procesal." Acto que considera violatorio de las garantías previstas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 Y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 13 y 14), este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió a trámite la demanda registrada con el número 289/2018; solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los dispositivos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo se atribuye a una autoridad que tiene su sede dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los preceptos legales y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del ordinal 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable: La omisión por parte del Juez Primero Civil de Primera Instancia con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, de emitir la resolución correspondiente a la promoción presentada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, por el aquí quejoso en el juicio 484/2017. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, por así desprenderse de las manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, pues adujo que la la promoción presentada el siete de diciembre de dos mil diecisiete, por el aquí quejoso en el juicio 484/2017, fue acordada el veintiocho de febrero del año en curso. Informe que merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo que establecen los preceptos 202, en relación con el 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo en su artículo 2; por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye en términos del arábigo 117 de la ley de la materia. CUARTO. Análisis relativo a la improcedencia del juicio. Respecto al acto reclamado precisado en el considerando segundo, resulta innecesario entrar al estudio de los conceptos de violación, habida consideración que, de conformidad con lo que dispone el arábigo 62 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, de análisis oficioso y en forma previa, lo aleguen o no las partes. En efecto, el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, dispone: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.." ".XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Se dice lo anterior, toda vez que el motivo de disentimiento de la parte quejosa lo es, la omisión de dictar dentro del expediente 484/2017, la resolución respecto de la promoción presentada el siete de diciembre de dos mil diecisiete. Al respecto, cabe señalar que de las constancias que remitió la responsable en apoyo a su informe justificado, se observa que el veintiocho de febrero del año en curso (fojas 55 a 56 Legajo por Separado), emitió la respuesta de cuya omisión se dolía el peticionario del amparo; la cual, le fue notificada el veinte de marzo de dicho año (foja 23 de autos); en esas condiciones, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado; ello, en la medida de que la autoridad responsable emitió el proveído mencionado dentro del expediente 484/2017 de su índice, cuya omisión le fue atribuida; actualizándose con ello la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; de ahí que, la reparación constitucional a que se refiere el precepto 77 de la Ley de la materia, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados, esto es, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Apoya a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, de rubro y texto que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V, del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías. El sobreseimiento que ha sido objeto de estudio, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, ya que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, respecto a las manifestaciones formuladas por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado en vía de alegatos, no se analizan en virtud de que no forman parte de la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94 pronunciada por el Pleno del Alto Tribunal del país, que dispone: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Si bien el criterio invocado se generó con base en la interpretación de los arábigos 77, 79, 116, 147, 149 y 155 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también es aplicable en tanto que no se opone a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de esos numerales se reproducen en esencia en el 74, 76, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 124 de la ley en cita. Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 65, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por ADRIÁN GALLEGOS GONZÁLEZ, contra el acto reclamado de la autoridad responsable denominada Juez Primero Civil de Primera Instancia con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, precisado en el considerando segundo de este fallo; atento a las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    Audiencia Constitucional. En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 289/2018, promovido por *; en audiencia pública el licenciado Jesús Amador Casas, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil dieciocho, asistido del Secretario Rosalío Aguilar Cañedo, quien autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario da lectura a la demanda de garantías y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito inicial de demanda y documentales anexas; b) Proveído de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, por medio del cual se admitió la demanda de amparo; c) Informe justificado rendido por el Juez Primero Civil de Primera Instancia, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y documental anexa; d) Escrito de alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; e) Constancia de emplazamiento realizada a la tercero interesada Lucila Valencia Pedrizco; Sin más constancias que deban relacionarse, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: en términos del numeral 117 del citado ordenamiento legal, se tienen por relacionadas las constancias de autos y por rendido el informe justificado. Posteriormente, con apoyo en los dispositivos 119 y 123 de dicha Ley, se da comienzo con el período probatorio, dentro del cual, se tienen por admitidas por su propia y especial naturaleza las que constan en autos, con ello, se cierra tal periodo y se abre el de alegatos, en el cual se tienen por formulados los realizados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Se cierra dicho periodo y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta en términos del numeral 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy Fe. El SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO LIC. JESÚS AMADOR CASAS. EL SECRETARIO LIC. ROSALÍO AGUILAR CAÑEDO.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el comunicado de cuenta 1304/2018 signado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 137/2018-IX, de la estadística de este órgano jurisdiccional, registrado con número 48/2018, de su índice, el cual le fue enviado a efecto de que por comisión de este juzgado federal se sirviera ordenar el emplazamiento a juicio de la parte tercero interesada *****, asimismo, la requiriera para que dentro del término de tres días siguientes al en que llevara a cabo la diligencia encomendada señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado federal y acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, del análisis de las documentales, se advierte que la notificación practicada a dicha parte, fue realizada el veinticinco de junio de este año; surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por tanto, el plazo de tres días concedido en proveído de dieciocho de abril del año en curso (fojas 34 y 35) para que señalará domicilio en esta ciudad, se computo del veintisiete al veintinueve de ese mes y año, por lo que dicho termino transcurrió en exceso. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de que fue objeto y las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal se practicarán por lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 27, fracción III, inciso b y 29 de la Ley de Amparo.

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