ADRIAN GABRIEL LARA VAZQUEZ y Otros.
Expediente 226/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2022
Partes del expediente
- ADRIAN GABRIEL LARA VAZQUEZ y Otros.
- JESUS GARCIA GARCIA y Otros.
- Adrian Gabriel Lara Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el siete de junio de dos mil veintiuno, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se tuvo por no presentada la demanda, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, dicha medida cautelar tiene el carácter de definitiva, por lo que una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se rinden informes justificados. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por último, téngase por recibido el oficio registrado con número 5934, sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que el pasado veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió oficio de igual contenido, acordándose lo conducente el veinticuatro del presente mes y año. Notifíquese y personalmente a los quejosos por conducto de su defensor público.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Designación Asesora. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual la Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizzbeth García, Defensores Públicos adscritos a dicha institución, a fin de brindarle a los quejosos la orientación pertinente; asimismo, se le tiene designando para oír y recibir notificaciones a quienes precisa para tal efecto. Vista Defensora. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo a los Defensores Públicos en mención, para que vigile la representación legal de los intereses de los quejosos en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar a los directamente agraviados en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Notificación Asesores. Túrnense los autos a cualquiera de los actuarios de la adscripción, a fin de que se sirvan notificar en forma personal el contenido del presente proveído a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Marianna Lizzbeth García, quienes pueden ser localizados en el domicilio que para tal efecto la funcionaria de referencia proporciona en su oficio de cuenta. Notifíquese; personalmente a los quejosos y a los defensores públicos en los términos precisados en el presente acuerdo.
- Principal
Tijuana, Baja California, siete de mayo de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó a los quejosos Adrián Gabriel Lara Vázquez, Ernesto Camacho Morales, Jesús García García, José Juan Quintero Cabrera y Luis Gerardo Calvario Peñas, mediante proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, para que nombraran un defensor que lo representara en este juicio; sin que lo hubieren hecho. Designación de defensor. Por lo antes expuesto, a fin de salvaguardar los derechos de los peticionarios del amparo y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinadora Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne a los quejosos un defensor público, a efecto de que adquieran una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Apercibido que de no hacerlo así, o de no manifestar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que ha trascurrido el término otorgado a las autoridades responsables para que aclaren sus informes justificados; por lo tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere por ultima ocasión a las autoridades responsables, con el fin de que dentro del término de tres días legalmente computado, aclaren sus informes justificados y manifiesten expresamente si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Ello, en razón de que es necesario que en los informes justificados las responsables se refieran con precisión y de manera particular a cada uno de los que detalle la parte quejosa en su demanda y por los cuales se admitió la misma, pues de otra manera, generaría incertidumbre sobre lo que debiera tenerse por probado y no habría condiciones para emitir pronunciamiento alguno al no quedar claramente fijada la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.7o.P.101 P, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO INADVIERTE QUE SU CONTENIDO ES INCONGRUENTE CON LOS ACTOS RECLAMADOS PRECISADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO Y, POR ELLO, OMITE REQUERIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA SU ACLARACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA CONDUCE A REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESE EFECTO Y, EN SU CASO, SE REMITAN LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. De la interpretación sistemática de los artículos 75, 76 y 117 de la Ley de Amparo deriva, entre otras cuestiones, que en el informe justificado deben exponerse las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Ahora bien, para determinar la existencia de los actos reclamados es necesario que en el informe justificado la responsable se refiera con precisión y de manera particular a cada uno de los que detalle el quejoso; de otra manera, generaría incertidumbre sobre lo que debiera tenerse por probado y no habría condiciones para emitir pronunciamiento alguno, al no quedar claramente fijada la litis constitucional. Lo anterior adquiere relevancia, pues a fin de resolver lo efectivamente planteado, el Juez Federal está obligado a analizar íntegramente los argumentos contenidos en la demanda y las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas; de ahí la necesidad de que exista congruencia entre lo reclamado por el quejoso en su demanda, con lo manifestado en relación con tal aspecto por las responsables en el informe justificado, incluso, lo contenido en lo que la responsable acompañe como anexo a su informe; de no ser así, surge la facultad del Juez para requerir a las responsables, a fin de que aclaren el informe justificado, ante la incoincidencia de lo que en éste se señale con lo que se aduzca en la demanda, pues si por inadvertirlo omite hacerlo, esa circunstancia conduce a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que requiera a las responsables que aclaren las incongruencias advertidas en su informe justificado y, en su caso, remitan las constancias que lo justifiquen". Asimismo, hágase de conocimiento a las autoridades responsables que subsisten los apercibimientos decretados en auto de veintinueve de marzo del año en curso. Diferimiento. Por lo tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del ocho de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J.176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.
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