Adrián Fortunato Camilo

Expediente 574/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
574/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • Adrián Fortunato Camilo
  • Nany Antonia Bustos Carrasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término es destruible el original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar solicitada, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero; por lo que, se ordena glosar a éstos autos el citado cuaderno. En razón de lo anterior, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DE FORMA ELECTRÓNICA: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ADRIÁN FORTUNATO CAMILO, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE FORMA ELECTRÓNICA, ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguense los oficios de cuenta; atento al contenido del signado por el Administrador Postal de Correos de México "Palacio Federal", con residencia en esta ciudad, se hace de su conocimiento que se deja sin efectos el apercibimiento de once de julio del actual año, ya que en proveído de diecinueve de julio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable en el presente juicio, cuyo acuse de recibo le fue requerido. Respecto del suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el cual informa que el juicio de divorcio incausado número 65/2019, promovido por el quejoso en contra de Nancy Antonia Bustos Carrasco emitió la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve; documental que al efecto remite y a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En razón de lo anterior y tomando en consideración que el objeto de estudio en este asunto lo constituye el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve que no admite a trámite el recurso de reconsideración que promovió el peticionario de amparo en contra del diverso de quince de ese mes, que fija alimentos provisionales a favor de su menor hijo; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la citada determinación. En ese sentido, se advierte que sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo; se estima así, porque el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintidós de mayo de la presente anualidad, mediante el cual no se admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído de quince de mayo pasado, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 65/2019; sin embargo, de las constancias del juicio, valoradas con antelación, se observa que Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, el once de julio de los actuales, emitió sentencia definitiva en la que además de resolver la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y la parte demandada, dejó a salvo los derechos de las partes respecto a los rubros, entre otros de los alimentos, para efecto de que promovieran el incidente correspondiente. En tales condiciones, aun y subsistiendo el acto reclamado antes descrito, éste dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia, dejó de existir con motivo de la emisión de la sentencia definitiva dictada por el juez responsable, máxime que se dejaron a salvo los derechos de las partes para que en la vía incidental, promovieran el incidente correspondiente, de ahí que no sea factible analizar la constitucionalidad del acto reclamado, porque una eventual resolución amparadora carecería de efectos. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, no pasa desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los efectos de la pensión alimenticia provisional subsisten hasta cuando la sentencia que los fija definitivamente causa ejecutoria, es decir, es susceptible de ejecución, ya sea por haber sido consentida expresamente, por no haberse agotado oportunamente de ser el caso, el recurso de apelación procedente en su contra, por haberse desistido de éste o por resolverse el mismo; dado que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, las resoluciones que disuelven el vínculo matrimonial en los juicios de divorcio incausado no son apelables, lo que significa que causan ejecutoria por ministerio de ley, de ahí que al haberse dictado el once de julio del presente año, la sentencia definitiva en el juicio 65/2019, los efectos materiales del auto aquí reclamado, dejaron de surtir efectos al ser susceptible de ejecución desde la fecha de la sentencia definitiva. Aunado a ello, de la intelección de lo dispuesto por los artículos 386, fracción I, 389, 391, 392 y 393, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, se puede obtener en primer lugar, que el legislador dispuso expresamente la posibilidad de que las sentencias relativas a los alimentos, sean ejecutables desde su emisión, y no hasta que adquiera firmeza dicha determinación, por lo que se insiste al haber emitido el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, la sentencia definitiva en la que además de resolver la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y la parte demandada, también se dejaron a salvo los derechos de las partes respecto a los rubros de alimentos y liquidación de la sociedad conyugal, para efectos de que promuevan incidente correspondiente, por lo que no es el sentido de la resolución aquí reclamada lo que actualmente rige en la materia de alimentos sino lo resuelto en aquélla. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que obran en autos, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA ONCE DE JUNIO DE DO SMIL DIECINUEVE...

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA NANCY ANTONIA BUSTOS CARRASCO, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguense los oficios de cuenta; atento al contenido del signado por el Administrador Postal de Correos de México "Palacio Federal", con residencia en esta ciudad, se hace de su conocimiento que se deja sin efectos el apercibimiento de once de julio del actual año, ya que en proveído de diecinueve de julio del año en curso, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable en el presente juicio, cuyo acuse de recibo le fue requerido. Respecto del suscrito por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, mediante el cual informa que el juicio de divorcio incausado número 65/2019, promovido por el quejoso en contra de Nancy Antonia Bustos Carrasco emitió la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve; documental que al efecto remite y a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En razón de lo anterior y tomando en consideración que el objeto de estudio en este asunto lo constituye el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve que no admite a trámite el recurso de reconsideración que promovió el peticionario de amparo en contra del diverso de quince de ese mes, que fija alimentos provisionales a favor de su menor hijo; con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la citada determinación. En ese sentido, se advierte que sobreviene de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo; se estima así, porque el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintidós de mayo de la presente anualidad, mediante el cual no se admitió a trámite el recurso de reconsideración interpuesto en contra del proveído de quince de mayo pasado, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 65/2019; sin embargo, de las constancias del juicio, valoradas con antelación, se observa que Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, Guerrero, el once de julio de los actuales, emitió sentencia definitiva en la que además de resolver la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y la parte demandada, dejó a salvo los derechos de las partes respecto a los rubros, entre otros de los alimentos, para efecto de que promovieran el incidente correspondiente. En tales condiciones, aun y subsistiendo el acto reclamado antes descrito, éste dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia, dejó de existir con motivo de la emisión de la sentencia definitiva dictada por el juez responsable, máxime que se dejaron a salvo los derechos de las partes para que en la vía incidental, promovieran el incidente correspondiente, de ahí que no sea factible analizar la constitucionalidad del acto reclamado, porque una eventual resolución amparadora carecería de efectos. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XCIX/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 357, tomo XXI, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora bien, no pasa desapercibido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los efectos de la pensión alimenticia provisional subsisten hasta cuando la sentencia que los fija definitivamente causa ejecutoria, es decir, es susceptible de ejecución, ya sea por haber sido consentida expresamente, por no haberse agotado oportunamente de ser el caso, el recurso de apelación procedente en su contra, por haberse desistido de éste o por resolverse el mismo; dado que de conformidad con el artículo 51 de la Ley de Divorcio del Estado de Guerrero, las resoluciones que disuelven el vínculo matrimonial en los juicios de divorcio incausado no son apelables, lo que significa que causan ejecutoria por ministerio de ley, de ahí que al haberse dictado el once de julio del presente año, la sentencia definitiva en el juicio 65/2019, los efectos materiales del auto aquí reclamado, dejaron de surtir efectos al ser susceptible de ejecución desde la fecha de la sentencia definitiva. Aunado a ello, de la intelección de lo dispuesto por los artículos 386, fracción I, 389, 391, 392 y 393, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, se puede obtener en primer lugar, que el legislador dispuso expresamente la posibilidad de que las sentencias relativas a los alimentos, sean ejecutables desde su emisión, y no hasta que adquiera firmeza dicha determinación, por lo que se insiste al haber emitido el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, con residencia en San Luis Acatlán, la sentencia definitiva en la que además de resolver la disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y la parte demandada, también se dejaron a salvo los derechos de las partes respecto a los rubros de alimentos y liquidación de la sociedad conyugal, para efectos de que promuevan incidente correspondiente, por lo que no es el sentido de la resolución aquí reclamada lo que actualmente rige en la materia de alimentos sino lo resuelto en aquélla. Bajo ese contexto, al sobrevenir la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con las constancias que obran en autos, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es sobreseer en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la tesis de jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DOS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE....

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