Adrian Flores Herrera

Expediente 706/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 15 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
706/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
15/06/2017

Partes del expediente

  • Adrian Flores Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Adrián Flores Herrera promueve juicio de amparo contra actos de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese este expediente con el número 706/2017. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda que se provee, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las siguientes reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito, los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, ejercen jurisdicción en el municipio del mismo nombre. HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 575/2017, mediante la cual revocó el avalúo en materia del Incidente de Oposición 1258/2015 relativo al juicio sucesorio testamentario 1043/2011, ambos expedientes del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, con residencia en esa ciudad; así como las consecuencias legales de dicha resolución. Por otra parte, cabe precisar que la parte quejosa también reclama la ejecución de dicha resolución con motivo de la revocación del inventario decretado el ocho de septiembre de dos mil quince, en el juicio sucesorio testamentario 1043/2011 del índice del referido Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz. Asimismo, se destaca que los bienes que constituyeron el inventario se ubican en Poza Rica, Veracruz. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer y resolver este asunto por razón de territorio, debido a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en el municipio de Poza Rica, Veracruz; ello se considera así, debido a que la revocación efectuada por la Sala responsable a la resolución que aprobó el inventario en el incidente de oposición de avalúo, tendrá como efecto realizar nuevamente inventario o avalúo de los bienes que constituyen el acervo hereditario, lo cual deberá efectuarse en Poza Rica, Veracruz, pues ahí se ubican dichos bienes. Por tal motivo, remítase la demanda de amparo y copias que lo acompañan al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en dicho municipio; asimismo, se solicita atentamente el acuse de recibo respectivo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Registro No. 162635 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011 Página: 2288 Tesis: I.15o.A.41 K Tesis Aislada Materia(s): Común COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Con copia de la demanda y de este acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, debido a que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional; al respecto, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones que emanen de este asunto, incluso las de carácter personal, efectúensele por lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra; esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, debido a que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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