Adrián Fernando Barrón López

Expediente 1862/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1862/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Adrián Fernando Barrón López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta que antecede y dado que de la misma se advierte, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por ende, se declara que el mismo causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, archívese el presente expediente como asunto concluido, hágase la anotación en el libro respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 1, 3, fracción VII, 6 fracción I, 8, fracciones I y II, 15 y 18, fracción I, inciso b), que textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Artículo 3. Glosario. Para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: (.) VII. Asuntos concluidos: Los expedientes relativos a un proceso jurisdiccional en los cuales, en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable, se ha dictado su última resolución, bien sea por acuerdo que haya causado estado o porque la sentencia correspondiente causó ejecutoria y no requiere ejecución alguna; o porque requiriéndola, existe proveído en el cual se determinó que quedó enteramente cumplida o que ya no hay motivo para la ejecución; Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: I. Realizar la valoración de su archivo judicial y coordinar la destrucción, depuración y transferencia, en términos de lo dispuesto en este Acuerdo; (.) Artículo 8. Criterios del resguardo de expedientes. Para efectos de resguardo documental, el archivo judicial tiene la siguiente clasificación: I. Expedientes de Trámite: Son los expedientes desde su apertura y hasta por tres años posteriores a haberse acordado su archivo como asunto concluido; II. Expediente en el Archivo de Concentración: Son aquellos expedientes que transferidos del archivo de trámite, quedan en resguardo en los depósitos del Consejo de la Judicatura Federal. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años con posterioridad de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables o depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido; y (.) Artículo 9. Resguardo de Archivo de Trámite. Los archivos de trámite serán resguardados en el órgano jurisdiccional. Cumplida la temporalidad de tres años contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido, los expedientes que sean objeto de transferencia, serán remitidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Artículo 10. Resguardo de Archivo de Concentración. El archivo de concentración se resguardará en los depósitos documentales dependientes de la Dirección de Archivo y Documentación. Los expedientes valorados como de relevancia documental serán resguardados hasta que se cumplan setenta años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. Los expedientes valorados como conservables y depurables serán resguardados hasta que se cumplan diez años, contados a partir de haberse acordado su archivo como asunto concluido. El acceso a los expedientes que se encuentren resguardados en el archivo de concentración será restringido, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al Archivo de Trámite, que se lleva en este órgano jurisdiccional. Esto, en virtud de que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del referido Acuerdo General, por ende, el presente asunto no es de relevancia documental; por lo que, una vez que cuente con más de tres años de haberse ordenado el archivo a que hace referencia el acuerdo en mención y transcurrido el plazo de noventa días, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración. Luego, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados partir del presente auto y depurado el expediente en los términos ordenados por el penúltimo párrafo del artículo 18, del mencionado Acuerdo, remítase al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal, para que lo resguarde en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado actual de los autos, de los que se advierte que en proveído de tres de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio DJF.-2703-VI-2020 y su anexo, signado por la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, mediante el cual informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, atento lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. De las constancias que integran al presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: La parte quejosa, reclamó específicamente: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en sus numerales 12, de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua. En sentencia pronunciada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa Adrián Fernando Barrón López, contra el acto que reclamó en contra del Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para el efecto de que se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto de las facturas UUID: F4E9BFC9-5F8D-4B38-9A42-A597B5368F8F y UUID: 20DE00E5-7B81-4504-A323-4F1E50F3B544, y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tales conceptos. En proveído de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con asiento en esta ciudad. Mediante oficio DJF.-2703-VI/2020, recibido en este Juzgado el diecisiete de marzo de la anualidad cursante, la Directora Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, informó sobre dicho cumplimiento y anexó copia certificada de la constancia justificativa correspondiente. Bajo ese contexto, en el caso que se analiza, de la copia con firma autógrafa que adjuntó la responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el once de marzo año en curso, se entregó al quejoso Adrián Fernando Barrón López, el cheque número 0011348, a cargo de la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, valioso por la cantidad de $28,500.00 (veintiocho mil quinientos pesos 00/100 M.N). Con el contenido del citado oficio y anexo, se dio vista al quejoso en proveído tres de agosto del año que transcurre, del cual quedó notificado el tres de agosto de la anualidad cursante; constancia de notificación que por ser expedida por un servidor público en ejercicio de o con motivo de sus funciones, merece eficacia probatoria plena, en términos de los artículo 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a Ley de Amparo. Acorde a lo narrado, este Juzgado Federal estima que en el presente caso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, está cumplida la ejecutoria de amparo, conclusión a la que se arriba de la confrontación entre los efectos para los cuales se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional, y la actuación realizada por la autoridad ejecutora en cumplimiento de la misma, según las constancias que se allegaron a los presentes autos. Por tales motivos, una vez que cause estado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo en vigor, se ordenará el archivo definitivo del presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular de este juzgado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó a Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales que haya a lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de Juez, con apoyo en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alicia Alejandra Torres Enriquez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.

  3. Principal

    el auto en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; CAUSÓ ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    el auto en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo CAUSÓ ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.

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