Adrián Evodio Chávez Maldonado y Otros.

Expediente 1437/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1437/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • Adrián Evodio Chávez Maldonado y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que por una parte, sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se sobreseyó en el juicio y se negó el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  2. Principal

    MESA V B Primero. Se sobresee en el juicio de amparo en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra los actos que reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", en términos de lo expuesto en el último considerando.

  3. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que hasta el momento no ha sido rendido el informe justificado de las autoridades responsables; sin embargo, de la certificación de cuenta se conoce que fueron notificadas de su petición el tres de septiembre del año en curso (foja 15), y que hasta el veintinueve del actual fenece el plazo de quince días que se les concedió para hacerlo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese; personalmente al quejoso.

  4. Principal

    MESA V B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por.... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1437/2016. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, el quejoso Adrián Evodio Chávez Maldonado, reclama del Coordinador General de los Centros Federales, residente en la Ciudad de México, la negativa de proporcionarle una alimentación adecuada. En ese sentido se estima que por lo que se refiere a los actos atribuidos a dicha autoridad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Además, aunado a ello es dable destacar que en el caso en concreto, en esencia el acto del que se duele el quejoso en esta instancia constitucional lo constituye la falta de proporcionarle alimentos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 CPS, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que se encuentra interno; al efecto, también es conveniente precisar el contenido de los dispositivos 11 y 22, fracción VII, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, y que disponen: Artículo 11. Son autoridades de cada Centro Federal: El Comisionado; El Coordinador General; El Director General; El Consejo, y Los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de las áreas Jurídica, Técnica, de Seguridad y Custodia, de Seguridad y Guarda, y Administrativa. Artículo 22. Son atribuciones del Consejo: [.] Evaluar y resolver sobre la imposición de correcciones disciplinaras al interno; Del primero de los citados preceptos, se advierte cuáles son las autoridades que forman el organigrama de los aludidos centros de internamiento; luego, el diverso ordinal transcrito establece que corresponde al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece de Miahuatlán, Oaxaca evaluar y resolver sobre la atención de los internos, por lo que se colige que, en el caso en estudio no se les puede considerar como autoridades responsables al Coordinador General de los Centros Federales, residente en la Ciudad de México, en virtud de que el acto reclamado consistente en la falta de alimentos, para el caso de ser cierto, tiene ejecución dentro del Centro de Reclusión de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y es realizado por las autoridades que laboran dentro de dicha prisión; independientemente de las razones de jerarquía que entre ellas y el Coordinador existan, no se les puede considerar como tales, puesto que el ordinal 5º, fracción II de la Ley de Amparo, no dispone que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que las sustentan, la Jurisprudencia 2a.3 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja cincuenta y uno, Número 10-12, noviembre-diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo. Por las relacionadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente se desecha la demanda de amparo por lo que se refiere a los actos atribuidos al Coordinador General de los Centros Federales, residente en la Ciudad de México. En cambio, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata por lo que respecta a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", en Miahuatlán y otras autoridades; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado dicha medida cautelar. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la audiencia constitucional. Solicítese a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización vigentes. Con fundamento el precepto 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. En relación a la solicitud de que se le proporcione asesoría jurídica, dígasele que este juzgador no tiene facultades para hacerlo. Toda vez que el quejoso se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar que señaló para ser notificado; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele personalmente este proveído, así como los subsecuentes, por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública de fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra interno.

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