Adrian Escalona Cortes

Expediente 715/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
715/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Adrian Escalona Cortes
  • Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio con evidencia criptográfica que autentifica la firma electrónica del Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, el cual quedó registrado con el número 227/2022; lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Se autoriza consulta de expediente electrónico. Asimismo, respecto a la solicitud que realiza la Superioridad, por la cual, requiere que de manera inmediata se ponga a su disposición la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a contrario sensu, se pone a disposición de ese órgano colegiado, la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo 715/2022, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, vía electrónica hágase del conocimiento de dicho Tribunal de Alzada, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido se instruye a la Oficial Judicial A, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se permita la consulta correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cabal cumplimiento al fallo amparador dictado en autos. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea superada la fecha que señaló para el desahogo de la audiencia en la que dará cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, informe de su resultado; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria de la adscripción para llevar a cabo la diligencia que le fue encomendada en auto de catorce de junio del año en curso, por las razones que expone, en mérito de lo anterior y en atención a lo que se acordará en párrafos subsecuentes, se comisiona a dicha funcionaria pública a fin de que proceda a notificar de forma persona el aludido acuerdo en el domicilio procesal que la parte quejosa señaló en autos. Quejoso ratifica demanda. Por otra parte, de la comparecencia que obra en autos, se desprende que el veinte de los actuales, compareció a las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional el quejoso ******************** y en ese acto ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por ********************, expresando su deseo de continuar con la presente instancia constitucional. Desechamiento. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que en el aludido acuerdo de catorce de los corrientes, se tuvo a los justiciables desahogando la prevención formulada en autos, asimismo, se advierte que manifestaron de forma expresa que el acto que se reclama en el presente sumario constitucional es la sentencia interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en autos del expediente ********************. En mérito de lo anterior, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, como se precisó con anterioridad, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo constituye la sentencia interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en autos del expediente ********************, por la que la autoridad responsable ordenó practicar un pericial médica con especialidad en neurología en la persona del quejoso ******************** y requirió un informe al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informara el diagnóstico y pronóstico medico de dicho justiciable. Causales de improcedencia. En ese sentido, la suscrita considero que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI del ordenamiento legal invocado, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario de amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Asimismo, la improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: a) Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b) Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se encuentra contenido en la parte sustancial de la tesis que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Primer Circuito, la cual se aplica por similitud de razón, encontrándose publicada con el número I.3o.C.92 K, en la página 1491, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.". Precisado lo anterior, se estima que dicha causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto pues de las manifestaciones que promovente vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende que inconforme con la determinación que reclama en el presente sumario constitucional, el veintidós de febrero de dos mil veintidós interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el cuatro de abril del año en curso declarando improcedente dicho medio de impugnación. De ahí que la interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en autos del expediente ********************, ha quedado sustituida procesalmente por aludida determinación de cuatro de abril del año en curso, por lo que en caso, es esta ultima la que permea en la situación jurídica de los quejosos, sin embargo, al desahogar la prevención hecha autos manifestaron que únicamente reclamaban la citada interlocutoria. En esas condiciones, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que una resolución queda sustituida procesalmente por otra, cuando los efectos jurídicos de la primera no pueden surtir efectos, en virtud de la existencia de una diversa determinación emitida con posterioridad, como en el caso acontece y en ese sentido, al sustituirse procesalmente el acto impugnado, deja de tener efectos legales propios. Al caso, es aplicable el criterio I.3o.C.769 C, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXX, Diciembre 2009, en su página 1492, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". Además, aún de estimar que el acto que se reclama en el presente sumario constitucional no ha sido sustituido procesalmente, la demanda de amparo seguiría siendo improcedente, toda vez que la parte quejosa consintió tácitamente dicho acto, en virtud de que la demanda de amparo no se presentó dentro del plazo de quince días que para tal efecto prevé el numeral 17 del ordenamiento legal invocado. Para dar sustento a lo anterior, conviene precisar que el artículo 61, fracción XIV, de la citada legislación, dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, los ordinales 17 y 18 de la Ley Reglamentaria en consulta, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De la intelección de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, contra normas generales o actos de autoridad, respecto de los cuales no se haya promovido el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley, lo que implica el consentimiento tácito de los actos reclamados para efectos de la procedencia de juicio constitucional. Asimismo, que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que: 1. Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; 2. El promovente de amparo hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, 3. En que se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La primera hipótesis se refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable, mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras no se determine su nulidad o ilegalidad. El segundo supuesto para computar el plazo de quince días, alude a un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que genere la certeza de que este "tuvo conocimiento" en determinada fecha del acto reclamado, el cual debe producir la convicción de que el interesado se enteró de dicho acto en forma directa, plena y completa. Por su parte, la última hipótesis establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de este, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que se considera como una confesión expresa del afectado. Las anteriores reglas operan siempre y cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el referido artículo 17 de la Ley de Amparo, como son: I. Treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. II. Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, como se precisó con anterioridad el acto reclamado en el presente sumario constitucional lo constituye la sentencia interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en autos del expediente ********************, por la que la autoridad responsable ordenó practicar un pericial médica con especialidad en neurología en la persona del quejoso ******************** y requirió un informe al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que informara el diagnóstico y pronóstico medico de dicho justiciable. Por tanto, resulta evidente que tal determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no se encuentra en alguno de los casos de excepción que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, de modo que el término con el que contaba la parte quejosa para impugnar la resolución en cita, es de quince días. Esto, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Igualmente, el acto reclamado no pone en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera de procedimiento, tampoco implica incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. Por tanto, la regla que debe aplicarse para computar el término para la presentación de la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 18, primer supuesto, de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos dicha notificación. Ahora, de las manifestaciones que los promoventes vierten bajo protesta de decir verdad, se advierte que la resolución aquí reclamada fue notificada a la parte quejosa el diecisiete de febrero de dos mil veintidós y surtió sus efectos el dieciocho siguiente, en términos del artículo 138 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. En ese sentido, el término de quince días a que alude el artículo 17 de la ley de materia, transcurrió del veintiuno de febrero al once de marzo de año en curso, descontando dentro de dicho computo los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre, así como el cuatro y cinco de diciembre de la citada anualidad, tal y como se ilustra en la siguiente tabla: D L M M J V S Febrero 2022 17 Notifica 18 Surte efectos 19 Inhábil 20 Inhábil 21 Día 1 22 Día 2 23 Día 3 24 Día 4 25 Día 5 26 Inhábil 27 Inhábil 28 Día 6 Marzo 2022 1 Día 7 2 Día 8 3 Día 9 4 Día 10 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Día 11 8 Día 12 9 Día 13 10 Día 14 11 Día 15 En ese sentido, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el uno de junio de dos mil veintidós, es evidente que su presentación se efectuó después de concluido el término que establece el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido para los efectos del juicio constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, y, por tanto, procede sobreseer en el juicio, en términos del diverso 63, fracción V, de dicha ley. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por los quejosos ************, por el que desahogan la prevención formulada en autos, en ese sentido por lo que hace al primero de los puntos de dicho requerimiento, se advierte que por el momento no existe determinación judicial alguna en la que se determine que el segundo de los nombrado debe ser asistido en los actos jurídicos que suscriba, ni que se encuentre sujeto a interdicción. Asimismo, por cuanto al segundo de los puntos de prevención, se advierte que los promoventes manifiestan que el acto que se reclama en el presente sumario constitucional es la sentencia interlocutoria de diecinueve de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en autos del expediente *********. Se requiere ratificación de demanda. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que el quejoso *******, es mayor de edad, no existe determinación alguna en la que se determine que se encuentra impedido para defender sus derechos y toda vez que resulta necesario darle la intervención que legalmente le corresponde en el presente asunto, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, se comisiona al Actuario adscrito a este Juzgado para que se constituya en el domicilio ubicado en calle ***********, en búsqueda del quejoso ************* y lo requiera para que en el acto de la notificación de este auto o a más tardar dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, únicamente respecto a su persona, continuándose el trámite que en derecho corresponda únicamente respecto al diverso impetrante de amparo. Asimismo, se precisa que la diligencia habrá de llevarse a cabo en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Para tal efecto, se deja a disposición de la parte quejosa el número telefónico 777 100 87 00, extensión 1201 para cualquier eventualidad que se presente relacionada con la diligencia ordenada. Una vez hecho lo anterior, se acordará lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Notifíquese personalmente al citado quejoso.

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