Adrián Ernesto García Reyes
Expediente 1268/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1268/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/08/2019
Partes del expediente
- Adrián Ernesto García Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el que remite los autos del juicio en que se actúa e informa que el proveído que desechó el recurso de queja interpuesto quedó firme; agréguese a los autos, y téngase a la superioridad informando lo anterior. Acúsese recibo de estilo y glósese el cuaderno de antecedentes. En consecuencia, el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve por el que se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo ha quedado firme. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, en contra del auto de diez de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificadas las partes archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede y tomando en consideración que en el presente cuaderno incidental no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al punto Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el veintiocho de octubre de dos mil nueve, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo; tomando en consideración que se NEGÓ la medida cautelar solicitada, se consideran susceptibles de destrucción el original y el duplicado del incidente de suspensión en que se actúa. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que en sesión de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez de Distrito Rubén Olvera Arreola a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de junio de este año, en sustitución del Juez Luis Ávalos García, lo que se hizo del conocimiento mediante oficio SEADS/689/2019, y se informa para los efectos legales conducentes.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdo de seis de junio del año en curso se tuvo por recibido el oficio que remitió la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, por el que informó haber dejado insubsistentes los recibos oficiales y reemplazarlos por los identificados con los folios en los que, aduce, se aplicó la tarifa prevista en el artículo 63, fracción I, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco; así mismo, acompañó el oficio signado por el Tesorero Municipal, en el que indica que se consigna la cantidad a devolver al quejoso. En cumplimiento a lo ordenado por el superior en la inejecución de sentencia 4/2019, por acuerdo de dos de julio de la presente anualidad (foja 697), se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, tal y como lo hizo a través del escrito de cuenta. Ahora bien, no procede declarar cumplida la sentencia de amparo, ya que este Juzgado Federal coincide con las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en cuanto a que las gestiones realizadas por las autoridades responsables no acreditan su acatamiento puntual, en razón de que las cantidades que recalcula por concepto de los derechos de refrendo materia de la concesión, no corresponden a lo precisado en la sentencia. Esto es, la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 257/2018 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, confirmó en sus términos la sentencia dictada por este Juzgado Federal, en la cual se estableció que el artículo 63, fracción I, inciso d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018, transgrede los principios de equidad y proporcionalidad, porque la tarifa establecida por metro cuadrado de construcción no es un elemento que deba considerarse al establecer el monto de los derechos a pagar por la expedición o refrendo de una licencia de anuncios, al no existir una justificación razonable para que varíe la tarifa por el simple hecho de que el anuncio sea menor o mayor a cinco metros cuadrados. Por lo anterior, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que las autoridades responsables: I) Emitan una resolución en la que se desincorpore de la esfera jurídica de la impetrante el numeral, incisos y fracciones controvertidas, para que no les sean aplicadas en el presente y en lo futuro; y II) Dejen insubsistente el pago realizado por la parte quejosa contenido en los recibos oficiales, de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, aplicando las tarifas menores previstas en el artículo 63, fracción I, incido d), de la Ley de Ingresos controvertida, respecto a los derechos por refrendo de las licencias correspondientes; y devuelvan la cantidad que se hubiere pagado en exceso por los derechos de expedición del refrendo de las licencias de anuncios correspondientes, debidamente actualizada. En dichos términos, se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar los derechos relativos a la expedición o refrendo de las licencias de anuncios que son materia de la controversia, conforme a las fracciones del numeral declarado inconstitucional que se le aplicaron, esto es, conforme al cálculo realizado en función de los metros cuadrados que conforman la superficie de los anuncios en cuestión; ordenando hacerle extensivo el beneficio de pagar la tarifa menor prevista en la fracción d) del citado precepto legal, a saber, la cantidad de $425.85 la que debía cobrarse por cada una de las licencias de que se trata y no en función de los metros cuadrados que componen la superficie de los anuncios. Así pues, del oficio aportado por las autoridades para calcular la cantidad a devolver al quejoso se observa que las operaciones relativas se realizaron nuevamente en función de los metros cuadrados que conforman los anuncios amparados por las licencias; de ahí que dichas gestiones no coincidan con lo resuelto en la sentencia definitiva emitida por este Juzgado de Distrito y confirmada en el amparo en revisión interpuesto en su contra. En consecuencia, como lo ordenan los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento puntual a la sentencia, esto es, deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa contenido en los recibos oficiales de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, y en su lugar aplique la tarifa prevista en el artículo 63, fracción I, incido d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá. De manera específica: realice el cobro únicamente por la cantidad de $425.85, y realice la devolución de la cantidad excedente que hubiere pagado la parte promovente del amparo, debidamente actualizada; remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,449.00 en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con fundamento en el artículo 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la citada autoridad, para que le ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este Juzgado constancia fehaciente de que lo hizo. Bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los mismos términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades responsables.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Primera Secretaria de Acuerdos en funciones de Magistrada por Ministerio de Ley y la Secretaria de Acuerdos, ambas de la Segunda Ponencia de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual acusan de recibo el tomo de pruebas remitido el dieciocho de junio pasado; glósese a los presentes y téngasele a la oficiante informando lo anterior.
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