Adrián Epitacio Brizuela Meraz

Expediente 613/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
613/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Adrián Epitacio Brizuela Meraz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por lista a la parte quejosa la determinación de treinta de julio de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: "Vista el acta que antecede, de la cual se advierte que el directo quejoso ***, no ratificó el escrito de demanda de amparo presentado a su favor por ***, el veintisiete de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías y, por consiguiente, se dejan sin efecto las providencias decretadas en el juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, agréguense únicamente para que obren como correspondan los informes provisionales que rinden las autoridades que los suscriben con motivo de la suspensión de plano concedida en proveído de veintisiete de julio de dos mil dieciocho; lo anterior, en virtud de lo precisado en el párrafo que antecede".

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de garantías que promueve --- a favor de ---; contra actos del --- Y OTRAS AUTORIDADES. Fórmese expediente; asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 613/2018-II-MO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la demanda de garantías promovida por --- a favor de ---. En el caso se reclaman actos que importan ataques a la libertad personal e incomunicación, supuestos de los cuales el artículo 15 de la vigente Ley de Amparo contempla que la demanda de garantías puede ser peticionada a favor de los agraviados que se encuentren imposibilitados para hacerlo; por ende, con fundamento en los artículos 126, 164, 165 y 166 de la citada legislación, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN SOLICITADA para el efecto de que CESEN LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir, de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, el tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, en torno al directo quejoso. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término IMPRORROGABLE DE VEINTICUATRO HORAS RINDAN INFORME SOBRE LA INCOMUNICACIÓN DEL QUEJOSO. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, a efecto de que DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS, en contra de los cuales se concedió de plano su suspensión, en los términos precisados, en el entendido que de incumplir con esta determinación, se harán acreedores a una multa equivalente a doscientos días de unidades de medidas y actualización vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, sin perjuicio de que se realice la denuncia correspondiente al Fiscal de la adscripción por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. A fin de lograr la comparecencia del agraviado se dictan las medidas siguientes; se ordena al personal autorizado de la sección de actuaría de este órgano judicial, que se constituya en el lugar donde refiere el promovente que se encuentra recluido el directo quejoso, a quien deberá notificarle este proveído y requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no el escrito con que se da cuenta, apercibido en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, conforme al "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" se ordena al Actuario Judicial, que en la propia diligencia, asiente en el acta si el directo quejoso presenta alguna lesión visible, asimismo, interrogará a dicho impetrante en el propio sentido, esto es, si ha sido objeto de tortura, golpes, malos tratos, etcétera, asentando con precisión lo que al efecto responda. Por otro lado, si el Actuario no logra localizar al directo agraviado, se le ordena se constituya en las oficinas del Centro de Readaptación Social en el Estado de Colima y requiera al personal encargado para que proporcione mayores datos que permitan la localización del directo quejoso, lo anterior con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 15 de la Ley de Amparo. De igual forma, se faculta al Actuario para que, en el caso que advierta que el directo quejoso se encuentra a disposición de una autoridad diversa a la señalada por la promovente de amparo, emplace a dicha autoridad sin perjuicio de que posteriormente, se llame formalmente a juicio a aquélla; ello en beneficio del reo acorde con los principios de impartición de justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, la autoridad responsable deberá informar la observancia que dé al presente mandato, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, que es del tenor literal siguiente: (...)Derivado de lo anterior se autoriza a las autoridades responsables para que el informe lo remitan vía fax al número (013121008247, 3120131, 3129682) o correo electrónico: beronica.farias.contreraz@correo.cjf.gob.mx o alguna otra de su elección. En la inteligencia que, de optar por el fax o correo electrónico citados, las autoridades deberán CERCIORARSE que los documentos se encuentren COMPLETOS Y LEGIBLES, además de CORROBORAR SU RECEPCIÓN por parte de éste órgano jurisdiccional, debiéndose comunicar al número telefónico (013121008247, 3120131, 3129682), que corresponde a la Secretaria de guardia licenciada Berónica Farías Contreraz; para que el informe presentado en tal forma tenga validez. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADO EL INFORME, y se le impondrá una MULTA de CIEN A MIL DÍAS, de conformidad con el artículo 260, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. (...)Con independencia de lo anterior, en caso de que las responsables no cumplan con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la Representación Social Federal, en términos del numeral 237, fracción III, de la vigente Ley de Amparo. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables, a efecto de que DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS RECLAMADOS, en contra de los cuales se concedió de plano su suspensión, en los términos precisados, en el entendido que de incumplir con esta determinación, se harán acreedores a una multa equivalente a doscientos días de unidades de medidas y actualización vigente en el Distrito Federal, lo anterior con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, lo que deberá acreditar ante este juzgado federal, sin perjuicio de que se realice la denuncia correspondiente al Fiscal de la adscripción por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la invocada ley. En cuanto al acto reclamado por el quejoso consistente en la ORDEN DE TRASLADO DEL RECLUSORIO EN QUE SE ENCUENTRA, A OTRO DIVERSO, atribuido a las autoridades responsables a que hace referencia, procede la suspensión de oficio y de plano, que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto emitido fuera de procedimiento que afecta de manera indirecta su libertad personal. (...) En tales condiciones, se CONCEDE a ---, la suspensión de oficio y de plano del precitado acto reclamado, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo el traslado del quejoso a diverso reclusorio, quedando a disposición de este juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que actualmente guarda reclusión, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el presente juicio de amparo. (---)En la inteligencia de que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno si la orden de traslado obedece a razones de seguridad en las prisiones, debidamente acreditadas a criterio y responsabilidad de las autoridades responsables, tales como salvaguardar la integridad física del quejoso y demás reos, así como la seguridad del personal del propio reclusorio, pues de ser el caso, se surtiría excepcionalmente un interés social concretizado que pudiera resultar afectado con la medida cautelar. De igual forma, si la orden de traslado se hubiera decretado por la autoridad judicial competente por razones de seguridad que hagan indispensable que el procesado deba concurrir a una residencia penitenciaria diferente, pues en ese excepcional supuesto, se insiste que no podría surtir efectos la medida, dado que atentaría contra el interés de la sociedad, en cuanto a que los reos guarden reclusión en los centros de detención de seguridad máxima. (...) En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. Vista al Ministerio Público. Por ser parte en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción IV y 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el trámite del presente juicio, en el entendido que la copia de la demanda, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado; asimismo se hace del conocimiento de dicha representante federal que sin promoción alguna podrá solicitar las copias que estime pertinentes, salvo las que solicite certificadas. Lo anterior, por no tratarse de un amparo indirecto promovido contra normas generales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes y autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedoras a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. Desde este momento, toda vez que el suscrito tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Autorizados y domicilio. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a José de Jesús Herrera González, debido a que sus cédula profesional no se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal el que indica en su demanda de amparo.

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