Adrián Domínguez Anda
Expediente 876/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adrián Domínguez Anda
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente. Vista la demanda de amparo promovida por Adrián Domínguez Anda, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese con el número de orden 876/2022-III y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con los diversos 5° y 6° de ese mismo ordenamiento, y con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos De dichos numerales, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, que rige al juicio de amparo, mismo que postula que el quejoso será quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo, es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Ante ello, el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, al ser de orden público, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, de lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación; ello siempre que dichas actuaciones no trasgredan derechos fundamentales del gobernado. Además, los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del imputado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de los actos que la autoridad ministerial puede dictar en la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación para que el imputado acuda a rendir entrevista. Conforme con los criterios tradicionales, si dicha citación [denominada orden de localización, búsqueda y presentación -diferente a la orden de detención-], no contenía apercibimiento para el indiciado, entonces no transgredía su derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo constituía un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Al respecto, es aplicable, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 61, Tomo I, página 239, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, con rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Así, sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, la Suprema Corte determinó que, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. De tal modo, aunque ese acto lleve implícito un apercibimiento, lo cierto es que tal posibilidad está sujeta a una condición futura de realización incierta, y mientras no se actualice, no irroga perjuicio al imputado En ese contexto, si en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formula la imputación y el juez de control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares; entonces, los actos de autoridad realizados antes de dicha audiencia, deben considerarse como actos fuera de juicio. Por ende, al igual que la citación a la audiencia inicial, la emitida para comparecer a la indagatoria a rendir declaración en calidad de testigo o, incluso, de imputado, también debe considerarse como un acto de autoridad emitido fuera del proceso penal, pues el mismo se emite en la etapa de investigación del procedimiento, específicamente en la de investigación inicial En esa medida, si la Primera Sala estableció que la cita a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, a pesar de que ese acto invariablemente implicará una restricción física temporal en el espacio al que debe asistir obligadamente, entonces, por la misma razón, debe considerarse que el citatorio que emite el Ministerio Público para que el imputado rinda su entrevista en la carpeta de investigación tampoco conlleva una afectación a su libertad personal, porque consiste en una diligencia más que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal respectiva y, por tanto, no irroga perjuicio al quejoso. En esa tesitura, la probable orden de comparecencia que, en su caso, pudiera emitir el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad investigadora no transgrede el derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo es un aviso emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos; por tanto, no le irroga perjuicio a la parte quejosa, pues se traduce en una mera comunicación que las autoridades ministeriales realizan en cumplimiento con las obligaciones y facultades tienen encomendadas, esto es, como parte de las diligencias llevadas a cabo en la investigación del hecho que la ley señala como delito. En el caso, el inconforme señaló como acto reclamado "la orden de aprehensión, orden de comparecencia, o detención judicial" y señaló como autoridades responsables al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Atención Integral a la Mujer Región "A", y al Coordinador Regional de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Guanajuato, ambos con residencia en la localidad, dentro de la carpeta de investigación 82933/2022 del índice de la primera de ellas. Es entonces, que de la lectura integra de la demanda, se advierte que la causa de pedir del amparista se encuentra dirigida a la posible orden de comparecencia, toda vez que no se encuentra señalada ninguna autoridad facultada para decretar una orden de aprehensión. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de la carpeta de investigación señalada, como en el caso sucede, por un lado, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; y por el otro, a que el acto que por esta vía reclama el quejoso, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Consecuentemente, la orden de citación o comparecencia reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, de ahí que lo precedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como tal el ubicado en calle Francisco I. Madero número 112, interior 504, Zona Peatonal de la Zona Centro, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Reyes Durán López, Guillermo Ochoa Vargas, Gustavo Figueroa de a Cruz y Luis Fernando Durán Torres, por así solicitarlo y estar sus cédulas profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Reyes Durán López, Guillermo Ochoa Vargas y Gustavo Figueroa de la Cruz, por así solicitarlo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten las partes durante el trámite del presente juicio. DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx.
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