Adrian Dayer Lebaron Soto

Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
249/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/12/2023

Partes del expediente

  • Adrian Dayer Lebaron Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    RECEPCIÓN DE TESTIMONIO. Por recibido el oficio de cuenta del que se advierte que el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite los autos originales del juicio de amparo 249/2023, un disco compacto, dos anexos, y testimonio de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de quince de noviembre del año en curso, dictada en la revisión penal 249/2023; en consecuencia, agréguese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias que se glosaron con posterioridad a la interposición del recurso; acúsese recibo e infórmese a las partes que el referido órgano colegiado determinó: "PRIMERO. Se revoca el acuerdo recurrido. SEGUNDO. Se ordena continuar con el trámite del procedimiento en el juicio de amparo promovido por ********************, en los términos precisados en la parte final de la cuarta consideración del presente fallo." REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En estricto cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, se revoca el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés y se ordena continuar su tramitación para que sea resuelto en audiencia de ley. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio.

  2. Principal

    Por recibido el escrito firmado por el quejoso **********, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de agosto del año en curso, dictada en este juicio. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las demás partes copia del ocurso de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase éste al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del medio de impugnación de referencia, adjuntando por separado el original de dicho escrito, así como la reproducción correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, dos tomos de pruebas y un disco compacto que contenga la aludida resolución. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto se aprecia que el acto reclamado, se hace consistir en: "NEGATIVA DEL MINISTERIO DE RECONOCIMIENTO DE VICTIMA Y ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACION". El cual atribuyó a la siguiente autoridad: Subcoordinador Ejecutivo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas. Mediante oficio *** el Subcoordinador Ejecutivo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas rindió su comunicado de ley, en el que negó la existencia del acto reclamado e informó que carece de facultades para integrar la carpeta de investigación ********************. En proveído de veintisiete de abril del año en curso, este órgano de control constitucional requirió al Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas, para que informara qué representante social se encuentra integrando la carpeta de referencia. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad sustituta a la *** agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-4 adscrita a la Unidad Especialidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. De las constancias que adjuntó la autoridad ministerial responsable, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, de acuerdo a su 2° precepto, se aprecia que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitió el acuerdo en la carpeta de investigación ********************, en el determinó negarle el acceso a la carpeta de investigación de referencia; así como negarle la calidad de víctima a ********************auto que notificó vía correo electrónico el veintidós de febrero de dos mil veintitrés (foja 49 reverso y 50 reverso). En consecuencia, el acto reclamado en la vía constitucional lo constituye el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitido en la carpeta de investigación ********************, consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación de referencia; así como negarle la calidad de víctima a ******************** Por tanto, considerando que previo al estudio de fondo se debe verificar la procedencia del juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, ya que de actualizarse alguna causa de inejercitabilidad impide el análisis del acto reclamado, según lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, que indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de la epígrafe: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." (Número II.1o.J/5, visible en la página 95, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época). En el caso, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]." Por su parte, el arábigo 17 del ordenamiento invocado reza: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Finalmente, el numeral 18 de la misma legislación establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos reproducidos se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último supuesto, estableció como condición para su actualización, el hecho de que aquél no se impugne dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. Además, conforme al arábigo 18 del ordenamiento invocado, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empieza desde el día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, al en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Lo anterior encuentra apoyo, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." (Jurisprudencia 5, publicada en la página 6, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común). En ese contexto, debe tomarse en consideración para iniciar el cómputo correspondiente la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido. En tales condiciones, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado en la vía constitucional lo constituye el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, emitido en la carpeta de investigación ********************, consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación de referencia; así como negarle la calidad de víctima a ********************(foja 49 reverso y 50 reverso). Tal determinación se notificó el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en el correo electrónico señalado para tal efecto, a saber, *** por la licenciada Irma Dorantes Ríos agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-4 adscrita a la Unidad Especialidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; por tanto, es incuestionable que la parte quejosa tenía conocimiento que quien emitió el acuerdo reclamado es la licenciada Irma Dorantes Ríos agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-4 adscrita a la Unidad Especialidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, y no el Subcoordinador Ejecutivo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo Acopio y Tráfico de Armas (autoridad responsable señalada en el escrito inicial), pues la circunstancia que haya señalado autoridad distinta de la autoridad responsable sustituta, no interrumpe los plazos para su promoción, por ende, no viola el derecho humano de acceso a la justicia, toda vez que resulta incuestionable que la parte quejosa sí tenía conocimiento de la autoridad responsable que emitió el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ********************, acuerdo que notificó vía correo electrónico desde el veintidós de febrero de dos mil veintitrés (foja 50 reverso). En ese orden de ideas, si se toma en consideración que hasta el ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo como autoridad sustituta a la **** agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-4 adscrita a la Unidad Especialidad en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas y la parte quejosa, tuvo conocimiento de la resolución reclamada desde el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, de ahí que el plazo para presentar la demanda del amparo, transcurrió del veinticuatro de febrero al diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin incluir los días veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro, cinco, seis, once y doce de marzo, todos del año en curso, por haber sido inhábiles; por tanto, es inconcuso que su exhibición no fue oportuna y por ende, actualiza la causal de improcedencia invocada. Consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XIV del precepto 61 de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en este juicio de amparo respecto del acto y autoridad antes precisados. En ese sentido, cabe destacar que es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lo motiva, en los términos que establece la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por identidad jurídica sustancial y cuyo epígrafe dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." (Visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época). Por lo expuesto, comuníquese a las partes que se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta. En tal virtud, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, SE DIFIERE, y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Comuníquese esta determinación por medio de lista a las partes.

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