Adrian Daniel Erazo Rodríguez
Expediente 223/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 04/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Adrian Daniel Erazo Rodríguez
- Yeymi Guadalupe Velázquez Rodríguez
- Adrian Daniel Erazo Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el veinte de enero del año en mención, remítase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, testimonio de la misma, así como el juicio de amparo indirecto ********************, para los efectos legales procedentes.
- Amparo en revisión
PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yeymi Guadalupe Velázquez Rodríguez, por conducto de su apoderada Nahali Corona López, contra el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral 190/2005, por las razones precisadas en esta ejecutoria.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, siete de enero de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término concedido a Yeymi Guadalupe Velázquez Rodríguez, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto a la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, para los efectos legales procedentes. En conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 20/2021, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Amparo en revisión
Apizaco, Tlaxcala, a diez de diciembre de dos mil veintiuno, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito conforme a lo determinado en sesión celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. VISTOS, para dictaminar los autos del expediente de amparo en revisión laboral número 223/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, interpuesto por el Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, contra la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, dentro del juicio del amparo indirecto ********************. No se analizarán los razonamientos que sustentan la resolución reclamada ni los agravios formulados en su contra, porque no serán materia de estudio, debido que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que, en la especie, se podría actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV (interpretada en sentido contrario). En efecto, los preceptos legales citados disponen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (...)". De los anteriores numerales se desprende, como regla genérica, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del País, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida de la condena de que fue objeto el perdidoso. En el mismo orden de ideas, con el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, dichos preceptos establecen, como regla específica, que dicho juicio en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en ejecución de sentencia, solo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el Alto Tribunal de la país, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 190035, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Ahora bien, los antecedentes del acto reclamado son los siguientes: 1. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, el veinticuatro de octubre de dos mil trece dictó el laudo en el expediente laboral ******************** en el cual condenó al demandado Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, al pago de indemnización constitucional y prestaciones secundarias reclamadas por ******************** (fojas 303 a 313 del cuaderno de pruebas). 2. Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil trece se facultó a la actuaria para que en compañía de la parte actora se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento demandado, a fin de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo (foja 44 del toca de amparo). 3. El once de diciembre de dos mil trece se llevó a cabo diligencia de requerimiento de pago donde la parte actora embargó dos cuentas bancarias de la Institución Banorte, a nombre del Ayuntamiento demandado (fojas 18 y 19 del toca de amparo). 4. El representante de dicha institución bancaria mediante oficio ******************** comunicó al Presidente del Tribunal del trabajo que estaba imposibilitado para expedir el cheque solicitado, porque las cuentas bancarias carecían de recursos, además de que existía otro embargo anterior (foja 52 ídem). 5. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho se dictó nuevamente auto de requerimiento de pago y embargo (foja 44 ídem), la cual se llevó a cabo el veintidós de agosto siguiente pero no se efectuó el pago (foja 46 ídem). 6. En auto de uno de octubre de dos mil dieciocho se hizo efectivo el apercibimiento de multa, además se requirió al Ayuntamiento demandado que informará si existía una partida presupuestal etiquetada para el pago del laudo (foja 76 ídem). 7. Mediante acuerdo de diez de junio el Tribunal hizo efectiva la multa al Ayuntamiento demandado por la omisión de informar sobre la existencia de la partida presupuestal, así como contestó las peticiones de la actora, entre ellas que diera vista al ministerio público en caso de negarse a pagar el laudo, la cual declaró improcedente, con apoyo en el numeral 125 de la ley burocrática estatal (fojas 120 y 121 del toca amparo). 8. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se tuvo al demandado informando de la existencia de la una partida presupuestal denominada indemnizaciones y liquidaciones al personal, pero no tenía fondos, por tanto, se le requirió que creara una diversa para el pago de la condena decretada (foja 143 ídem). 9. En proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve se acordó el requerimiento formulado al Ayuntamiento demandado y se dio vista a la parte actora respecto a que la Secretaría de Finanzas no le había enviado el techo financiero para el ejercicio fiscal 2020 (fojas 117 a 119 ídem). 10. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte la actora formuló diversas manifestaciones para lograr la ejecución del laudo, entre ellas que solicitara el auxilio de la fuerza pública y dar vista al ministerio público (fojas 149 a 154 del toca de amparo). 11. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno el Tribunal hizo efectiva la multa al demandado y vinculó al pago del laudo al Presidente Municipal y Regidores del Ayuntamiento enjuiciado (foja 155 ídem). Empero, omitió acordar la petición de la vista al ministerio público. Este acuerdo constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de lo expuesto se advierte que el acuerdo reclamado no constituye la última resolución de la etapa de ejecución, pues aunque se omitió acordar la vista al ministerio público, en él no se aprobó ni se reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, o bien la imposibilidad para darle cumplimiento, para que en su caso procediera el juicio biinstancial de amparo, dado que es un acto intermedio dictado dentro de ese procedimiento de ejecución, porque la última resolución será la resolución que tenga por cumplimentada dicho laudo. En efecto, para que el juicio de amparo sea procedente en contra de un acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el mismo no debe estar encaminado a obstaculizar el cumplimiento de la sentencia dictada en el procedimiento natural -que tiene la categoría de sentencia ejecutoriada- y, por el contrario, debe constituir la última resolución dictada en dicha etapa y estar encaminado directamente a cumplir con el fallo respectivo. Por tanto, ninguna de las determinaciones intermedias dictadas dentro del período de ejecución de sentencia -como lo es precisamente el acto reclamado-, puede ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, ya que sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, es decir, la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Además, el vicio de omisión reclamado por la quejosa por sí solo no le causa un agravio personal y directo y será hasta que, en su caso, se lleve a cabo la última diligencia en que se tenga por cumplido el laudo, la que le irrogue el perjuicio a que alude y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. En efecto, las determinaciones decretadas durante un procedimiento de ejecución de sentencia, hasta antes de que se dicte la resolución que le pone fin, constituye una resolución intermedia, la cual no puede reclamarse por la vía constitucional, hasta en tanto el juez de origen pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia. Es aplicable a lo anterior la tesis 2a. VIII/98 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala, tomo VII, Febrero de 1998, en la página 230, cuyo contenido es del tenor: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. Si en el juicio de garantías se reclaman, en términos de lo establecido en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, con motivo de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, las disposiciones legales relativas en que se fundó el embargo de bienes que se practicó durante la sustanciación del juicio ejecutivo en que el quejoso intervino y contestó la demanda respectiva, el amparo resulta improcedente toda vez que dicho acto de aplicación, independiente y anterior al procedimiento de ejecución de la sentencia, debió ser reclamado en su oportunidad en el amparo indirecto, de modo que al no haberse promovido éste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de ese acto y de sus disposiciones legales relativas." De modo que, el acto reclamado por la quejosa, dictado en ejecución de sentencia, no constituye un acto cuya ejecución sea de reparación imposible y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tienen efectos intraprocesales, en el procedimiento de ejecución de la sentencia. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En consecuencia, podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo (interpretada a contrario sensu), ambos de dicho ordenamiento legal; por tanto, lo procedente sería sobreseer en el juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede remitir el presente proyecto a la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal para que notifique a la quejosa ********************, por conducto de su apoderada ********************, la posible actualización de la causa de improcedencia de que se trata, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten lo que su derecho convenga; y una vez que se cumpla con lo anterior, se esté en condición de dictar el fallo que corresponda. Encuentra apoyo esta determinación en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: 'Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga', se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia". Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista a la parte quejosa, ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causa de improcedencia o sobreseimiento, es decir, la obligación prevista en el artículo citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad, tal y como lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2014 de la que derivó la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.) visible en la página 8, libro 17, abril de 2015, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Por lo expuesto y fundado, se D I C T A M I N A: PRIMERO. Se advierte que en el juicio de amparo indirecto ******************** pudiera actualizarse una causal de improcedencia. SEGUNDO. Dese vista a la parte quejosa ********************, por conducto de su apoderada ********************, con la causa de improcedencia aludida en este dictamen, para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. TERCERO. Continúa en lista este asunto.
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