Adrián Dagoberto López Solís
Expediente 295/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Adrián Dagoberto López Solís
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 1.1 Acuerdo. En atención a su contenido, se tiene a la superioridad acusando recibo del oficio 6470/2021-ds, de trece de abril de este año, mediante el cual este órgano jurisdiccional declinó la competencia legal del juicio de amparo promovido por Ernesto Barrandey Orozco, en su carácter de Defensor Público Federal en representación de Adrián Dagoberto López Solís; comunicando que aceptó la competencia planteada y que se avoca al conocimiento del mismo, el cual fue radicado bajo el número de amparo directo 493/2021, de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12, 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido, toda vez que este expediente se considera un expediente auxiliar de conformidad con la fracción XIX del numeral 3°, en razón que es un cuaderno de antecedentes que contiene actuaciones procesales vinculadas al procedimiento que conoció este órgano jurisdiccional, pues, no se resolvió el asunto planteado por haberse declarado este Juzgado legalmente incompetente para conocer del mismo. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente expediente judicial se trata de un cuaderno de antecedentes creado con motivo a la incompetencia dictada en auto inicial, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, se encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a) del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 2.2 Destino. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda que promueve ... en su carácter de Defensor Público Federal en representación de ... dentro de la causa penal 194/2019, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en función de Juez de Control, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 295/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I, y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Incompetencia. La competencia es un presupuesto procesal que debe anteponerse al análisis de cualquier otra cuestión. Es oportuno mencionar que la materia de amparo, siguiendo los principios fundamentales de la teoría general del derecho procesal, establece diversos supuestos que regulan la competencia; entendida ésta como la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de ciertos conflictos, puede ser considerada por territorio, por materia del tribunal que resolverá e incluso por fuero, o bien por el grado jerárquico con el que cuentan los mismos. En el caso, se reclama el auto de vinculación a proceso de doce de marzo del año en curso, dictado en los autos de la carpeta judicial 194/2019, contra Adrián Dagoberto López Solís 0por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en función de Juez de Control, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. Precisado lo anterior y del estudio de las constancias que integran este juicio de amparo, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver la demanda de amparo de que se trata. Los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo establecen los lineamientos a seguir tratándose de cuestiones de competencia. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: i) Es juez competente aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. ii) En caso de que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, entonces será juez competente ante el que se haya presentado la demanda; y, iii) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas de competencia se refieren al acto o resolución reclamados que requieren de ejecución material, mientras que la última se refiere a actos que no requieren ejecución material. Ahora bien, en la hipótesis sujeta a análisis, la competencia para conocer de una demanda se surte en favor del juez en cuya jurisdicción resida el juez que conoce de la instrucción o proceso del auto de formal prisión reclamado. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 2a./J. 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el invocado artículo 48 de la ley de la materia instruye el procedimiento a seguir cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia. Si bien, el auto de vinculación a proceso y la instrucción del proceso penal se trata de actos de ejecución material, pues se materializan a través de actos positivos que provocan un cambio en el mundo exterior; por lo que en principio correspondería conocer al Juez de Distrito en el lugar donde se ejecutaron cada uno de esos actos. Es menester precisar que ese acto se reclama en el contexto de un procedimiento penal, de manera que el principio de ejecución se traslada directamente al proceso, porque es ahí donde tienen impacto preponderantemente; es decir, ante la potestad de la Juez del proceso. Porque en realidad, el auto de vinculación a proceso que implica la instrucción del procedimiento penal en su contra, tiene su ejecución material en el lugar donde está radicada la causa penal. Apoya las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 2a./J. 13/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este punto, cabe precisar que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda en que se reclame el auto de formal prisión y diversas violaciones que motivaron al mismo, es aquel en cuya jurisdicción resida la Juez que conoce del proceso penal. En tal virtud, los efectos del auto de vinculación a proceso reclamado y las acciones que lo motivaron se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión; es decir, es ante la potestad de la Juez de la causa al que el ofendido está sometido. Ante tal problemática, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2011 de su índice, en sesión de cinco de octubre de dos mil once, estableció que para fijar la competencia territorial de un órgano de amparo, en los casos -como éste- en los que la ejecución del acto reclamado ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales distintos, pero uno de ellos repercute directa y principalmente en el proceso, se surten circunstancias excepcionales que exigen dar preeminencia a la colaboración entre autoridades judiciales, esto es, entre la del proceso y la que conozca del amparo, convirtiendo a ésta en la jurisdicción rectora por sobre el lugar de reclusión del quejoso. Lo anterior, con la clara intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo cual, este órgano de control constitucional considera que es aplicable por igualdad de razón la jurisprudencia 1a./J. 118/2011, que derivó de la contradicción de tesis comentada, pues en la especie se surte la necesidad de atender al criterio excepcional que en ella se enuncia para fijar la competencia territorial de la autoridad de amparo. El criterio jurisprudencial invocado, es aplicable por analogía tratándose del auto de vinculación a proceso porque, al igual que el auto de formal prisión, cumple con la garantía del imputado relativa a que la autoridad judicial que conozca de los hechos que se le atribuyen determine cuál es su situación jurídica frente al proceso penal que se seguirá en su contra; esto es, que de no dictársele un auto de libertad se le comunique fehacientemente que habrá de enfrentar un proceso penal por la imputación de hechos eventualmente constitutivos de delito. En esa tesitura, la competencia para conocer de este juicio constitucional le corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside el juez que conoce del proceso penal, no así a este órgano de control constitucional declinante, al ya no actualizarse alguna de las hipótesis de competencia señaladas en el citado numeral 37 de la Ley de Amparo. Porque si bien pudiera considerarse que la ejecución material del auto de vinculación a proceso ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes -el lugar donde se instruye la causa y el lugar de los hechos presuntamente constitutivos de delito-; también lo es que, en atención a la naturaleza del acto reclamado, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que la persona procesada está sometida. En tanto que se está ante la presencia de un acto que tiene ejecución material en lo concerniente a la causa a la que se encuentra sujeta la quejosa. En consecuencia, de conformidad con el criterio jurisprudencial 118/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto es aquel en cuya jurisdicción reside el Juez que conoce del proceso penal, esto es, el Juez de Distrito en La Laguna en turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. Ello dado que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, ejercen jurisdicción en el lugar en donde tiene su sede el Juzgado en el que se encuentra radicada la causa penal de la que deriva el acto reclamado. Esto, debido a que como lo estableció la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, las causas que motivaron el auto de vinculación a proceso, se trasladan directamente al procedimiento y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, ante la potestad del Juez de la causa al que las partes están sometidas, en el caso, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en función de Juez de Control, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza. De ahí que, se insiste, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Piedras Negras, carezca de competencia legal por razón de territorio para conocer del asunto. 6. Conclusión. Con fundamento en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente competente para conocer y resolver el asunto en cuestión, por razón de territorio, el Juez de Distrito en La Laguna en turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, dado que, se insiste, los efectos del acto reclamado se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad de la Juez de la causa al que el aquí quejoso está sometido. 7. Remisión de los autos. En consecuencia, este Juzgado de Distrito declara su incompetencia para conocer de la presente demanda de amparo y con apoyo en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, así como el criterio jurisprudencial 118/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítase el presente asunto al Juez de Distrito en La Laguna en turno, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente únicamente a través de interconexión (IOJ). 8. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. 9. Domicilio autorizado para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en las oficinas que ocupa la Oficina de Defensoría Pública Federal, adscrita a este órgano jurisdiccional. 10. Reproducción electrónica. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaria de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la propósito, previos trámites de ley. 12. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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