Adrián Cruz Aldan
Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 33 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Adrián Cruz Aldan
- Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados.- Ciudad de México.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, no fue recurrido por alguna de las partes. Causa estado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado estado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue sobreseído el juicio de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo incidente. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 del acuerdo en comento. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas; a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que fueron negadas las medidas cautelares solicitadas. Archivo y destrucción. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, pues se negó la suspensión provisional y definitiva. Asimismo, se estima que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Por último, una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21; y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
RESULTANDOS; PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, del que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Adrián Cruz Aldán demandó protección constitucional contra las autoridades y actos que más adelante se detallaran. SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 20 a 21). La audiencia constitucional se celebró el siete de junio de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este órgano de control constitucional es competente para conocer la presente controversia, por disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM]; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo [LA] y el Acuerdo General número 6/2016 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo, advirtiendo que la parte quejosa reclamó los actos siguientes: De la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México, el análisis, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de los artículos décimo, decimosexto transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete; 20 y 46 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Del Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, el oficio 007.300.302.7240/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad (fojas 37 a 41), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se les reclama; negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa. En efecto, del análisis a la demanda de amparo, la parte quejosa se duele del oficio 007.300.302.7240/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte; sin embargo, la parte quejosa no probó su existencia. Cabe destacar que, si bien la parte quejosa transcribió en su demanda de amparo lo que afirmó ser el oficio reclamado 007.300.302.7240/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte (fojas 5 a 6); sin embargo, dicha transcripción no es suficiente para tener por probada la existencia del acto que se reclama. Por lo que, si la responsable negó el acto reclamado, entonces quedaba a cargo de la parte quejosa aportar al juicio, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata, lo cual no hizo a pesar de la vista que se le dio con el informe justificado (fojas 37 a 42). En ese contexto, y como el impetrante de amparo no aportó medio de convicción alguno que acredite la existencia del acto reclamado, es claro que no puede considerarse desvirtuada la negativa de la autoridad responsable externada al rendir informe justificado, ante lo cual, se debe concluir que no se probó la existencia del acto reclamado en este juicio. Es aplicable el siguiente criterio: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Época: Novena Época. Registro: 187728. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.A.4 K. Página: 903. En conclusión, al no existir el aludido acto reclamado precisado en este considerando; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. CUARTO. Actos reclamados existentes. Por su parte, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva competencia, aceptaron los actos que se les atribuyeron. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue omisa en rendir informe justificado, pese a haber quedado notificada del requerimiento correspondiente (foja 51); por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causa de sobreseimiento. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo contra leyes, al haberse sobreseído el juicio respecto del acto de aplicación de las leyes reclamadas, tal sobreseimiento debe hacerse extensivo a los actos reclamados, atribuido a las responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México, ya que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en el oficio 007.300.302.7240/2020, de veintiocho de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, ya que no puede desvincularse el estudio de la norma del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al aquí quejoso y no la norma por sí sola, considerado en abstracto. "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya." (Registro digital: 232028. Instancia: Pleno. Séptima Época. Materias(s): Constitucional. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Primera Parte, página 27. Tipo: Aislada) Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 558/2020, promovido por Adrián Cruz Aldán respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; y, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residentes en la Ciudad de México; y, Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese en términos de ley. Así lo resolvió y firma de manera electrónica, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juez Alex Conrad Hayton Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de Mario Eduardo Chacón Balcázar, secretario de juzgado, quien da fe y además certifica que esta sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, así como firmado electrónicamente y con las evidencias criptográficas correspondientes, hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Certificó y doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE. (Se anexan evidencias criptográficas).
- Principal
Informe justificado y vista. Agréguese al expediente el oficio de cuenta, signado por el Director General de Amparos Contra Actos Administrativos de la Secretaria de Hacienda de Crédito Publico en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, se ordena poner dicho documento a la vista de las partes para que se impongan del mismo, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. Domicilio y delegados. Asimismo, con fundamento en los artículos 26 fracción II y 9 de la ley en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados de la autoridad responsable antes señalada, a los profesionistas que indican en el oficio de cuenta.
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