Adrián Crespi Ortega
Expediente 466/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 466/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Adrián Crespi Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable acusa recibo del diverso oficio con el que se remitió testimonio de la sentencia dictada en este juicio, así como los anexos ahí descritos.
- Juicio de Amparo Directo
SE NIEGA EL AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS AUTOS DE CUATRO Y TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO , SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, RESPECTIVAMENTE, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES TERCERAS INTERESADAS Y QUEJOSA EN EL AMPARO DIRECTO 466/2018 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA RESOLUCÍON DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR EL PLENO DE ESTE ÓRGANO EN EL CITADO AMPARO Y QUE ES DEL TENOR SIGUIENTE AMPARO DIRECTO: 466/2018. (Relacionado con el amparo directo: 467/2018) QUEJOSO: **********. MAGISTRADO PONENTE: WILLY EARL VEGA RAMÍREZ. SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO RUIZ ROSALES. Toluca, Estado de México, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. V I S T O S; Y, R E S U L T A N D O: 1. PRIMERO. Por escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, **********solicitó en la vía directa, el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la sala citada, que estimó violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, consistente en la resolución dictada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 380/2017. 2. SEGUNDO. El presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por auto de veintidós de junio del año el curso, ordenó registrar la demanda con el número de juicio de amparo directo 466/2018 y reconoció como terceros interesados a **********y **********, quienes no promovieron amparo adhesivo. El Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal, se abstuvo de formular pedimento. Finalmente en auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, se turnó el asunto al magistrado ponente para el proyecto de resolución correspondiente. 3. TERCERO. Se hace constar que el presente asunto tiene como precedente el amparo directo 821/2017, promovido por **********y **********, resuelto en sesión de once de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el amparo y protección de la justicia Federal; finalmente, se hace constar que este sumario está relacionado con el amparo directo 467/2018, promovido por los dichos quejosos, el cual se resolverá en sesión de esta data ; y, C O N S I D E R A N D O: 4. PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción II, 34, 170, fracción I, 176 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), 38, 39 y Quinto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama la sentencia definitiva pronunciada en un juicio ordinario civil por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. 5. SEGUNDO. El acto reclamado es cierto como se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de las constancias que obran en autos. 6. TERCERO. Las consideraciones en que se apoya la sentencia reclamada y los conceptos de violación formulados obran en el expediente del juicio natural y en el de amparo, respectivamente. Se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos. Contexto procesal. 7. CUARTO. Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer las precisiones siguientes: Demanda natural. 8. En la vía ordinaria civil, **********y **********por conducto de su representante legal **********demandaron de**********: la rescisión del contrato de promesa de compraventa de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, respecto de un inmueble ; el pago de **********pesos, como pena convencional y de **********pesos por rentas; la restitución del bien objeto de la litis; la devolución de la documentación entregada; y costas. 9. Sustentaron sus pretensiones en los diecisiete hechos siguientes: Uno. Que son propietarios del inmueble controvertido. Dos. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, como promitentes vendedores, celebraron con el demandado, como promitente comprador, contrato de promesa de compraventa respecto de un bien raíz. En la cláusula **********, párrafo primero, acordaron que el contrato definitivo se firmaría en un plazo de treinta y cinco días hábiles, a partir de la promesa de venta (del veintinueve de septiembre al dieciséis de noviembre, de dos mil dieciséis). En el párrafo segundo de la misma cláusula se estipuló que el comprador recibiría la documentación necesaria y tramitaría la escrituración de la compraventa definitiva. En la cláusula segunda se convino en el precio total de **********pesos, que se pagarían de la siguiente forma: **********pesos al firmar la promesa; quinientos mil pesos en la segunda semana de octubre de dos mil dieciséis; y ********** pesos al firmar la escritura pública del contrato definitivo. En el inciso a), segundo párrafo, de esa cláusula se estipuló la entrega física del inmueble a **********, quien tendría el carácter de arrendatario, mientras no se firmara la escritura de compraventa. En la cláusula **********, primer párrafo, pactaron como pena convencional el pago de ********** pesos; en el cuarto párrafo, acordaron que si el comprador incumplía, devolvería el inmueble dentro de las setenta y dos horas siguientes a que feneciera el plazo para escriturar ; y, en el quinto párrafo, convinieron que si ocurría ese supuesto y el comprador no regresaba el bien raíz, pagaría una renta mensual de ********** pesos, hasta la restitución del mismo. Tres. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, los actores dieron, en arrendamiento, la casa al demandado. Cuatro. Los enjuiciantes se abstuvieron de transmitir el dominio del inmueble. Cinco y seis. En la misma fecha, el comprador pagó un anticipo de **********pesos; y los vendedores le entregaron la documentación para escriturar. Siete. El siete de octubre de dos mil dieciséis, el demandado hizo un segundo pago de **********pesos. Ocho. En diversas ocasiones, el comprador llamó a los vendedores para solicitarles que la escrituración se hiciera por un precio menor, a fin de obtener beneficios fiscales. Nueve y diez. El comprador citó a **********para que el once de noviembre de dos mil dieciséis, acudiera a firmar la escritura pública correspondiente, pero no le indicó la hora, ni la notaría en donde formalizarían la compraventa. No obstante, en la fecha señalada el vendedor se trasladó al Estado de México. Once y doce. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis feneció el término para formalizar la compraventa; sin que el comprador hubiera realizado los trámites correspondientes, y sin pagar la totalidad del precio Trece. El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis el comprador se hizo acreedor a la pena convencional por incumplimiento de pago. Catorce. El diecinueve siguiente, dado que no se formalizó la compraventa**********regresó a Tijuana. Quince y dieciséis. En esa fecha venció el plazo para que el comprador restituyera el predio, pero no lo hizo; por lo que a partir del veinte posterior, quedó obligado a pagar la renta. Diecisiete. Ante el incumplimiento del comprador, los vendedores solicitaron la rescisión del contrato y otras prestaciones. Contestación a la demanda. 10. ********** contestó la incoada en su contra, negando acción y derecho para reclamarle las prestaciones. 11. En cuanto a los diecisiete hechos manifestó: Uno. Es parcialmente cierto, pero se omitió señalar que al celebrar el contrato base de la acción, el inmueble estaba hipotecado. Dos. Parcialmente cierto, porque la liberación de la hipoteca se fijó como condición para la formalización de la compraventa; pero se omitió señalar lugar para el pago y escrituración. Tres. Es falso que se haya celebrado contrato de arrendamiento; el pago de rentas es un accesorio dependiente del incumplimiento del contrato principal. Reiteró que para formalizar la compraventa se estableció la condición suspensiva de liberar la hipoteca; por lo que al no cumplirse ésta ni señalarse lugar ni forma de pago, entonces no se actualizó la cláusula segunda, inciso A), y es nulo el accesorio de pago de rentas. Cuatro. Es parcialmente cierto. Reiteró lo relativo a la existencia de la hipoteca, la condición de liberarla; la falta de plazo para el cumplimiento de tal situación; y la omisión de señalamiento de lugar para la escrituración. Cinco y seis. Manifestó que eran parcialmente ciertos en cuanto a que pagó la cantidad referida por sus contrarios; reiteró lo manifestado en el hecho anterior; y agregó que en la declaración 1.2, consta que el demandado únicamente efectuaría la labor de mensajería al llevar la documentación, pero no el costo de cancelación de la hipoteca. Siete. Parcialmente cierto, porque sí pagó la cantidad indicada, pero refirió las circunstancias señaladas en el hecho cuatro. Ocho al doce. Los calificó de falsos y los negó, bajo términos idénticos a los referidos en el hecho cuatro. Agregó que realizó un tercer pago por **********mil pesos, mediante transferencia bancaria de la cuenta de su padre **********a la diversa ********** del banco **********, a nombre del enjuiciante **********. Trece. Lo calificó de falso y lo negó. Expuso motivos similares a los expresados en el hecho cuatro. Catorce. Señaló que no le es propio y por tanto, no lo afirmó ni negó; no obstante, señaló los mismos argumentos que en el hecho cuatro. Quince y dieciséis. Señaló que eran falsos y los negó, conforme a lo expresado en los hechos tres y cuatro. Diecisiete. Manifestó que era falso y lo negó, conforme a las razones señaladas en el hecho cuatro. Sentencia de primera instancia. 12. Seguido el juicio por sus trámites, el tres de agosto de dos mil diecisiete, el juez primigenio dictó sentencia absolutoria, sin hacer pronunciamiento en costas. Sentencia de segunda instancia. 13. Inconformes con dicha determinación, **********y **********apelaron; la alzada, mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida y condenó al pago de costas en ambas instancias. 14. Contra de esta resolución, los accionantes**********promovieron amparo directo, cuyo conocimiento correspondió a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el expediente 821/2017. En ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, concedió el amparo para los efectos siguientes: "1. Emita una nueva determinación en la que deje insubsistente la aquí reclamada; 2. Dicte otra, en la que al resolver la litis planteada, reitere los aspectos que no son materia de la presente concesión; 3. Al resolver la acción rescisoria, parta de la consideración de que en el contrato accionario sí se señaló una fecha cierta para su formalización; y que, al comprador correspondía designar al notario público a quien le sería encomendada la escrituración de la compraventa; y, 4. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Sentencia emitida en cumplimiento. 15. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la sala responsable dio cumplimento a la ejecutoria federal; pues declaró infundados e inoperantes los agravios expuestos por los actores **********y **********, en consecuencia, confirmó la sentencia emitida por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y condenó a los apelantes en costas judiciales en ambas instancias, inconforme con ese fallo,**********el demandado**********solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Esa determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Consideraciones de la sentencia recurrida. 16. QUINTO. La sala resolvió en atención a los razonamientos siguientes: a) Reiteró los aspectos que no fueron materia de la concesión del amparo, por lo que, declaró infundado el agravio consistente en que el juez natural, consideró de manera equivocada, el contrato base de la acción como si fuese un contrato de compraventa cuando era uno de promesa de compraventa. b) Ello, pues el texto del contrato basal revelaba que las partes le dieron el tratamiento de uno de promesa de compraventa, sin embargo, no era suficiente asentar en un documento que la operación concertada se refería a una promesa y que por esa circunstancia se trataba efectivamente, de una promesa de compraventa, dado que la naturaleza jurídica de los contratos dependía, no de la designación que le hayan dado las partes, sino de los hechos y actos consentidos por los contratantes. c) Si los contratantes convinieron en la celebración de una promesa de compraventa, como así se pactó y tanto los promitentes vendedores como el promitente comprador estuvieron de acuerdo en el objeto y precio del inmueble, además el promitente comprador dio cumplimiento al pago de los anticipos y recibió la posesión del bien inmueble materia del contrato, resultaba evidente que se trató de un contrato de compraventa, no de uno preliminar de compraventa. d) Al demostrarse el pacto sobre la cosa y precio de la compraventa, esta resultó perfecta y obligatoria para las partes, porque cuando el contrato de promesa de venta base de la acción no solamente contenía una obligación de hacer, sino una de dar, como era la entrega del inmueble, a cambio del pago del precio en el tiempo y forma convenidos, esto hacía que dicho contrato colmara los elementos de la compraventa, porque el acto jurídico que celebraron entre ellos fue de compraventa, atendiendo a su naturaleza jurídica. Citó las tesis emitidas por nuestro máximo Tribunal: "COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA, CONTRATO DE." y "COMPRAVENTA BAJO ASPECTO DE PROMESA DE VENTA." e) Si un contrato de promesa de venta contenía elementos que pertenecían a operaciones definitivas, como eran la forma de pago del precio, o bien, la entrega de la cosa, se desvirtuaba el contrato de promesa de venta, porque entonces el consentimiento ya no se refería a otorgar un contrato futuro, sino que en realidad se celebraba el contrato definitivo. f) No se soslayaba lo aducido por los apelantes, en el sentido que la posesión entregada al comprador fue a título de arrendamiento, y que por ese hecho, el comprador adquiría el carácter de arrendatario, porque al haber convenio sobre la cosa y precio, e incluso habiéndose pagado parte de este último, era evidente que la venta producía efectos entre las partes, por lo que el comprador no podía ser al mismo tiempo arrendatario del bien inmueble que adquirió. g) Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.593 del Código Civil vigente en esta entidad, en el sentido de que para el caso de rescisión de un contrato de compraventa, el vendedor podía exigir del comprador, por el uso del bien vendido, el pago de un alquiler o renta, pues de ninguna manera podía entenderse que por esta circunstancia, el contrato de compraventa celebrado no tenía tal carácter, como lo pretendían los apelantes. h) El contrato de promesa sólo daba origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido, por lo que si contenía obligaciones de dar, como lo era la entrega del bien o parte del precio, se estaba ante la presencia de un contrato traslativo de dominio informal. i) Al analizar la acción rescisoria, adujo que en el contrato accionario sí se fijó una fecha cierta para su formalización y que al comprador correspondía designar al Notario Público, a quien le sería encomendada la escrituración de la compraventa. j) El análisis del contrato basal de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en su cláusula primera revelaba que se estableció un plazo de treinta y cinco días hábiles contados a partir de la firma del contrato, para la formalización en escritura pública; así las cosas, el plazo señalado en la cláusula primera fenecía el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. k) En cuanto a la designación del Notario Público para la formalización de la escritura pública, de las cláusulas primera y séptima del contrato base, se advertía que las partes pactaron que al comprador correspondía "ejecutar la escrituración de compraventa", es decir, realizar las gestiones necesarias para lograr la formalización en el plazo y bajo los términos estipulados, así como cubrir los gastos que por motivo de la escrituración se generaran, incluyendo el pago de los honorarios del fedatario público designado, dado que en el juicio de origen se acreditó que recibió la documentación necesaria para ejecutar la escrituración de compraventa con la documental privada consistente en hoja denominada "Entrega de documentos originales para Escrituración", la cual no fue objetada ni existían elementos que la contradijeran, la cual estaba adminiculada con la prueba confesional del demandado. l) No se podía interpretar de otra forma la cláusula primera del contrato base de la acción, donde se estipuló que al comprador correspondía "ejecutar la escrituración de compraventa", por lo que los motivos de disenso expuestos por la apelante eran fundados, por tanto, con plenitud de jurisdicción procedió al estudio del fondo de la acción ejercitada. m) El primero de los elementos de la acción, relativo a la existencia de la relación contractual entre las partes quedó acreditado desde las actuaciones del juicio primario, por lo que el mismo quedaba acreditado en los términos señalados por el juez natural. n) El segundo de los elementos, señalado por el Juez de origen como: "b) que el demandado no haya efectuado el pago del precio, en la forma y términos convenidos en ese acuerdo de voluntades." estaba acreditado, pues en el hecho dos de la demanda inicial, la actora refirió que el comprador recibió la documentación necesaria para tramitar la escritura de compraventa definitiva, y a efecto de acreditar su afirmación, exhibió el acuse respectivo, mediante el cual demostró la recepción de la documentación original por parte de la compradora; sin que los medios de prueba ofertados por el demandado desvirtuaran el valor convictivo otorgado. ñ) Pues la testimonial que ofreció a cargo de **********fue declarada desierta, la confesional de **********, no demostraba que a otra persona correspondía la obligación de ejecutar la escrituración de compraventa; la excepción dilatoria planteada por el demandado, relativa a la existencia de una falta de cumplimiento de la condición a que estaba sujeta la obligación relativa a la cancelación de la hipoteca del inmueble, no podía prosperar, pues el plazo de treinta y cinco días señalado en la cláusula primera, no se encontraba sujeto a la condición que la hipoteca estuviera cancelada; además, de que a la fecha del contrato, el inmueble objeto indirecto de la compraventa estaba libre de garantía hipotecaria. o) Por las razones anteriores, el argumento del demandado, en el sentido de que se le entregó solo la posesión física pero no la jurídica, y ello le resultaba una limitante que le daba derecho de retener el precio de la compraventa, era infundado. p) Referente al argumento del demandado que hizo consistir en que la acción era improcedente en razón que no se estableció el lugar de pago, y que por ello debió atenderse a la regla general que imponía la carga al acreedor de interpelar al deudor para incurrir en mora, no era acertado, habida cuenta que al propio deudor **********le correspondía realizar los trámites de "ejecutar la escrituración de compraventa", es decir, designar al notario ante quien se llevaría a cabo la misma y cubrir sus honorarios, dentro del plazo establecido en la cláusula primera del contrato toral de la acción, por ello, era claro que el lugar en el cual debió haberse realizado el pago del saldo remanente, era el del domicilio en donde se realizaría la firma de la escritura pública correspondiente, que por congruencia debía ser proporcionado por el propio deudor. Citó de apoyo lo anterior el criterio siguiente: "PRINCIPIO DE LOS ACTOS PROPIOS. ELEMENTOS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN." q) Era infundada la excepción de mala fe por parte de sus vendedores, al omitir reconocer las cantidades recibidas y pretendiendo, a juicio del propio demandado un lucro indebido, pues en el consenso de voluntades basal de la acción, se determinó que el precio del inmueble era de **********pesos, el cual sería pagado en tres exhibiciones; las constancias de autos revelaban que los dos primeros pagos fueron cubiertos por el propio dicho de los coactores, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, a la firma del contrato, y el siete de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente. El saldo del precio pendiente, el demandado sostuvo haberlo realizado el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en una transferencia, el cual se encontraba reconocido por el referido beneficiario y la codemandada, en el desahogo de la prueba confesional a su cargo, así la cantidad pendiente de pago era de **********de pesos, reconocida también por los actores. r) Al haber transcurrido con exceso el plazo de los treinta y cinco días hábiles siguientes a la firma del documento fundatorio de la acción, sin que se hubiera formalizado la venta, ni cubierto el saldo del precio, era válido concluir que la demandada incumplió con dichas obligaciones a su cargo, por lo que la actora acreditó los elementos de su acción y la parte demandada no justificó los extremos de sus defensas ni excepciones, por ello, declaró la rescisión del contrato de compraventa de veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis. s) En consecuencia, el vendedor y el comprador debían restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; por tanto, se condenó al demandado, a la restitución del inmueble relativo, en favor de los actores, en el estado en que le fue entregado. t) Los actores deberían devolver ********** pesos, resultante del monto de las cantidades que recibieron a cuenta del precio, así como los intereses legales que generaron las cantidades que entregó el demandado, los cuales deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia. u) Se condenó al enjuiciado a la devolución de la documentación que le fue entregada. v) Se condenó al demandado al pago de la pena convencional por ********** pesos, por incumplimiento de las obligaciones emanadas a su cargo en el contrato base de la acción. w) Absolvió al demando de la prestación marcada con el inciso número III (pago de una cantidad como renta de los meses en que el demandado uso el bien), en atención a que la pena convencional a que había sido condenado, no sancionaba solamente la falta de firma de la escritura correspondiente, sino cualquier otra obligación, como se desprendía del párrafo primero de la cláusula tercera del contrato de compraventa, pues dicha cláusula comprendía cualquier incumplimiento de obligaciones, incluyendo la falta de restitución del bien inmueble, por ello, no era posible aplicar una doble sanción por una misma conducta, con lo cual se contravendría lo establecido en los artículos 7.81 y 7.348 del Código Civil en vigor, pues el pago de una renta por la falta de entrega del bien (incumplimiento de obligación), no era otra cosa que un perjuicio, entendiendo como tal, la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. x) Condenó al demandado al pago de los gastos y costas judiciales. y) Al no actualizarse alguno de los supuestos normativos, no hizo condena en costas judiciales en segunda instancia. Violaciones procesales. 17. SEXTO. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, es importante precisar que aun cuando no se planteó alguna trasgresión de carácter adjetivo, de las constancias que integran el juicio de origen no se advierte que se haya cometido violación procesal que hubiere dejado sin defensa a la quejosa, y amerite ser examinada en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal. Estudio de los conceptos de violación. 18. SÉPTIMO. El inconforme aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con la Declaración Universal de Derechos Humanos Aprobada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en sus artículos 7, 8, 10, 17, 28 y 30, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 1 al 3, 5.1, 5.2 y 14.1, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus artículos 1, 2, 15.1, 15.2, 15.3 y 16.1, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en sus articulas 8.1, 21.1, 21.2, 21.3, 24, 25.1, 25.2. 19. Expone tal aserto, pues aduce que no se hizo un análisis correcto de la ejecutoria del tribunal federal que concedió el amparo a los quejosos, pues dicha ejecutoria se limitó a establecer que se consideraran diversos elementos para dictar la sentencia; sin embargo, al resolver sobre la rescisión, la sala responsable dejó de ponderar que al regresarse las partes lo que se dieron, se debió resolver también respecto de las mejoras que se hicieron al inmueble por dicho inconforme, que ascienden a **********pesos, aspecto que afirma, acredita con la factura que cubre los requisitos fiscales, por trabajos de remodelación y reparaciones. 20. Esos conceptos de violación son inoperantes. 21. Se expone tal aserto, pues los actores señalaron como pretensiones: la rescisión del contrato de promesa de compraventa de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, respecto de un inmueble; el pago de **********pesos, como pena convencional y de **********pesos por rentas; la restitución del bien objeto de la litis; la devolución de la documentación entregada; y costas. 22. Al contestar la instaurada en su contra, el quejoso negó la acción y derecho para reclamarle las prestaciones; opuso defensas y ofreció medios de prueba; no reconvino pretensión alguna contra su enjuiciante. 23. Lo expuesto revela que el reclamo de mejoras al inmueble por **********pesos, no fue materia de litis en el juicio natural, en consecuencia, tampoco lo fue en el recurso de apelación ante la sala responsable, razón por lo cual, dicha autoridad no estuvo en aptitud de ocuparse de tales cuestiones. 24. Las precisiones precedentes revelan que al contestar la instaurada en su contra, el impetrante no formuló reclamo de mejoras al inmueble por la cantidad mencionada, de ahí que sean argumentos que pretende ahora adicionar dicho quejoso. 25. Esa singularidad, como los preceptos citados para robustecer su razonamiento, constituye un aspecto novedoso que no es factible estudiar en este sumario; ya que esa omisión imputable al agraviado, orilla a declarar inoperante el concepto de violación, por ocuparse de pretensiones no reclamadas en el sumario natural. Al caso se cita, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, publicada con el número de registro 169923, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." 26. En diverso concepto de violación, el quejoso afirma que en el particular, el documento basal es un contrato de compraventa de inmueble, en el que los demandantes alegan que el comprador incumplió su obligación de pago así como la de tramitar la escrituración relativa, sin embargo, no se estableció ante qué notario público ni su domicilio; y al ser una obligación recíproca, resulta imposible que los quejosos argumenten que acudieron a la firma, si no se pactó el fedatario relativo ante quien se otorgaría la firma; 27. Por ello, aduce que la realidad fue que la omisión del señalamiento del lugar para el cumplimiento de la obligación de tramitación de la escritura era una deficiencia del contrato que el quejoso debió resolver, requiriéndole judicialmente o notarialmente para presentarse el día y hora determinado ante el notario público correspondiente, con un domicilio preciso, hecho que en la especie no sucedió, y por tanto, no existe incumplimiento. 28. Citó como apoyo el criterio del tenor literal: "ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR." 29. Sobre el punto analizado, agrega que el incumplimiento de pago o mora del deudor es un elemento constitutivo de la acción rescisoria de contrato, como fue invocado en vía de excepción, desde su contestación de demanda. 30. Cita el criterio de rubro: "ACCIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LA IMPROCEDENCIA." 31. En consecuencia, aduce que si en el caso no se especificó lugar para realizar el pago, cobra aplicación la regla según la cual el pago se debe realizar en el domicilio del deudor, lo cual lleva implícito que el acreedor, para hacer efectivo el pago o requerir el cumplimiento de la obligación de escrituración designe día y hora, así como el notario público y el domicilio donde se efectuará la escrituración, así el acreedor estará obligado a requerir al deudor precisamente en su domicilio para que se actualice la negativa de pago y se constituya en mora. 32. Esos conceptos de violación en su primera parte son inoperantes e infundado el último de ellos. 33. En la primera parte de esos motivos de disenso, el inconforme pretende abordar aspectos dilucidados en la ejecutoria emitida por este tribunal colegiado en el amparo directo 821/2017, en sesión de once de abril de dos mil dieciocho, pues aduce de forma toral que el acreedor, para hacer efectivo el pago o requerir el cumplimiento de la obligación de escrituración debía designar día y hora, así como el notario público y el domicilio donde se efectuaría dicha escrituración y pago. 34. Sin embargo, existe impedimento jurídico para analizar lo relativo a tales aspectos, dado que ya fueron materia de la ejecutoria precitada, y por consecuencia, los argumentos formulados al respecto en este juicio garantías resultan inoperantes, dado que la decisión pronunciada de forma previa, no puede ser cuestionada ni modificada, en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo, so pena de infringir el principio de cosa juzgada. 35. En efecto, basta imponerse del contenido de esa ejecutoria para apreciar, que ya existe pronunciamiento sobre dichos aspectos , pues de forma toral se indicó que existía fecha cierta para la escrituración, y por tanto, que solo al comprador, hoy quejoso, correspondería llevar a cabo la designación del lugar de la escrituración. 36. Por consecuencia, como en tales conceptos de violación se pretenden combatir cuestiones analizadas en una ejecutoria de amparo anterior, es que devienen inoperantes. Sirve de apoyo a lo considerado la jurisprudencia VII.1o.C. J/15, cuyo contenido se comparte, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero 2003, página 808, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo." 37. Ahora, lo infundado de lo esgrimido en el sentido de que al no especificarse lugar para realizar el pago, cobraba aplicación la regla según la cual el pago se debía realizar en el domicilio del deudor, aspecto que llevaba implícito que el acreedor, para hacer efectivo el pago o requerir el cumplimiento de la obligación de escrituración designara día y hora, así como el notario público y el domicilio donde se efectuaría la escrituración, deriva de las consideraciones expuestas sobre el particular por la sala responsable, las cuales se estiman acertadas. 38. En efecto, al abordar ese aspecto, la responsable determinó que el monto de **********, debería ser pagado en tres exhibiciones, de las cuales, las dos primeras fueron el veintiocho de septiembre del dos mil dieciséis, en la firma del contrato, así como el siete de octubre siguiente, y del saldo del precio, el demandado sostuvo haber efectuado una transferencia a la cuenta de su vendedor, en consecuencia, el monto pendiente de pago era por **********. 39. Sobre esa base, la sala responsable indicó que ese saldo debió haberse cubierto a la firma de la escritura pública; por ello afirmó que, al tomar en consideración que al deudor **********correspondía designar al notario ante quien se llevaría a cabo la misma y cubrir sus honorarios, era claro que el lugar en el cual debió haberse realizado el pago del saldo remanente, era el del domicilio donde se realizará la firma de la escritura pública, que por congruencia debía ser proporcionado por el propio deudor, pues era este y ningún otro quien debía gestionar lo relativo a la notaria en la cual se ejecutaría tal acto. 40. Es por ello que no asiste razón al quejoso, dado que como lo expuso la responsable sí existía lugar para realizar el pago, y era precisamente el domicilio donde se llevaría a cabo la firma de la escritura pública, por tanto, no cobra aplicación la regla de que el pago se efectuaría en el domicilio del deudor; sobre todo, porque el pago mencionado era el último de los pactados, y el mismo, no podía llevarse a cabo en un lugar diverso al de la escrituración; actuar en el sentido propuesto por el quejoso generaría además que la escrituración no se materializaría por esa falta de pago al momento de llevar a cabo ese acto formal. 41. En otro orden de ideas, el quejoso aduce que se inobservó en su perjuicio las garantías consagradas en su favor en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, pues mediante ellos, se impone la obligación a las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación (audiencia previa), cumplan con una serie de requisitos mínimos (formalidades esenciales del procedimiento), necesarios para oír en defensa a los afectados, dentro de los términos fijados por las leyes (acceso a la impartición de justicia). 42. Lo anterior, pues aduce que al no declarar procedentes su excepciones, se pasó por alto la falta de cumplimiento de la parte actora en acreditar la contratación y pago de los seguros a que se había obligado en el contrato base de la acción, con lo cual la responsable, tampoco analizó correctamente la acción ni los medios de prueba ni consideró que el juez natural estableció su obligación unilateral de dar cumplimiento al contrato de crédito base de la acción, cuando del mismo se desprende su bilateralidad. 43. Cita como criterio aplicable: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." 44. Esos conceptos de violación son inoperantes. 45. El impetrante aduce medularmente la inobservancia a esos normativos, dado que al no declarar procedente su excepciones, se pasó por alto la falta de cumplimiento de la parte actora en acreditar la contratación y pago de los seguros a que se había obligado en el contrato de crédito base de la acción, con lo cual la responsable, tampoco analizó correctamente la acción ni los medios de prueba********** 46. Sin embargo, tal argumentación parte de la premisa incorrecta, que los actores no acreditaron la contratación y pago de los seguros a que se había obligado en el contrato de crédito base de la acción. 47. En efecto, pues como se ha detallado en el cuerpo de esta ejecutoria, en el juicio natural se demandó la rescisión de un contrato de compraventa respecto de un inmueble; el pago de una pena convencional; rentas; la restitución del bien objeto de la litis; la devolución de la documentación entregada; y costas. De ningún modo la litis se relacionó con un contrato de crédito. 48. La razón fundamental para declarar procedente la acción ejercida derivó de la omisión del hoy quejoso de cumplir las obligaciones asumidas en ese pacto de voluntades; no del inacreditamiento de la contratación y pago de los seguros derivados de un contrato de crédito. 49. Esas circunstancias revelan que, adverso a lo afirmado por el impetrante, en autos no está soportada la afirmación de la existencia de un contrato de crédito como documento base de la acción, ni que derivado de ello, las partes se hubieran obligado a la contratación y pago de seguros, por tanto, los criterios invocados, así como vertido en consecuencia es ineficaz para controvertir el acto reclamado, pues al partir de una suposición que no es verdadera, su conclusión resulta insuficiente para obtener la revocación de la sentencia recurrida. 50. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J.108/2012, con número de registro 2001825, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." 51. En diverso motivo de disenso, el quejoso aduce que el acto reclamado inobservó en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haberlo beneficiado con el principio pro persona, ni haber llevado a cabo una interpretación conforme. Cita los criterios de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." 52. Tales argumentos devienen inoperantes, porque son una afirmación genérica y dogmática, que no dejan en evidencia la trasgresión que alude ni por qué lo considera así. 53. En efecto, derivado del nuevo marco constitucional generado a virtud a las reformas sufridas en el artículo 1 de la Ley Fundamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, en el mencionado artículo se prevé la aplicación del principio pro persona, el cual constituye un método hermenéutico o interpretativo, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se pretenda establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. 54. Sin embargo, en la especie no puede aplicarse dicho principio, al no precisarse una norma cuya interpretación deba hacerse de manera amplia en beneficio del inconforme o restringida a fin de evitarle perjuicios, mucho menos para hacer control de convencionalidad o constitucionalidad. 55. Además, de conformidad con la interpretación de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas 1a. LXVII/2014 y 1a. CCCXXVII/2014 y de jurisprudencia 2a./J. 56/2014 y 2a./J. 123/2014 , por una parte, que el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen y, por otra, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano jurisdiccional advierta la sospecha de disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad, con los derechos humanos reconocidos y, tratándose del que deba ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, con lo cual se evita una carga excesiva al ejercicio jurisdiccional y se parte de reconocer que el ordenamiento jurídico nacional y los actos fundados en él gozan de la presunción de constitucionalidad, aun en lo relativo al respeto a los derechos humanos y a las restricciones que constitucionalmente operan en esta materia. 56. Por tanto, como el quejoso se limita a invocar los numerales citados, pero no cumple con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, no hay margen para analizarlos atendiendo a dicho postulado. 57. Por los mismos motivos de inoperancia, no existe base para analizar si se trasgredieron o no los criterios invocados por el agraviado. 58. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 107, fracción III, V, inciso c) de la Constitución General de la República; 73, 74, 75, 76, 185 y 186 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra la autoridad y acto precisados en el resultado primero de esa ejecutoria. Notifíquese personalmente; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, se le devuelven los autos. En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidente Jacinto Juárez Rosas, Willy Earl Vega Ramírez y Ricardo Romero Vázquez, siendo ponente el segundo de los nombrados; quienes firman con el secretario de acuerdos que da fe.
- Juicio de Amparo Directo
EL PRESENTE ASUNTO SE VERÁ EN LA Primera PARTE DE LA SESIÓN ORDINARIA DE VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Y SIGUIENTES, EN AUDIENCIA PÚBLICA, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A PARTIR DE LAS ONCE HORAS
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