Adrián Carrillo Martínez

Expediente 274/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
274/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Adrián Carrillo Martínez
  • Magistrado de la Decimatercera Sala Penal Y de Justicia Para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Actuaciones

  1. Principal

    Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiere recurrido el proveído que desechó la demanda de derechos fundamentales, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO.

  2. Principal

    Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, por instrucciones de su titular, comunicando que recibió el oficio en el que este juzgado informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GALVÁN, en su carácter de apoderado legal de ADRIÁN CARRILLO MARTÍNEZ y ÓSCAR MARIO CARRILLO MARTÍNEZ; y, remite copia certificada por el Magistrado de la Décimatercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado del oficio 14401/2018 signado por el Secretario adscrito a este juzgado en el cual se comunicó que la ejecutoria dictada el diecinueve de abril del año en curso en el juicio de amparo 332/2017, estadística de este juzgado, no estaba cumplida, requiriendo de nuevo el cumplimiento de la misma; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a treinta de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se provee: 1 REGISTRO DE DEMANDA Y CAPTURA EN SISE. Con el oficio 3759, que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, por orden de su titular, al que acompañó el juicio de amparo directo número 115/2018 y anexos consistentes en copia certificada del toca en artículo 116/2018 y de la carpeta judicial 4999/2016, así como, un disco versátil compacto, promovido por FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GALVÁN, en su carácter de apoderado legal de ADRIÁN CARRILLO MARTÍNEZ y ÓSCAR MARIO CARRILLO MARTÍNEZ, lo que justificó con la copia certificada de la escritura pública 52, 759, pasada ante la fe del Notario Público número 123, con ejercicio en el Primer Distrito Registral, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 274/2018; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); acúsese recibo de estilo. 2 COMPETENCIA Y ADMISIÓN. Atento a lo expuesto en el oficio de cuenta, téngase al MAGISTRADO PRESIDENTE DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO, con sede en esta ciudad, fincando competencia para conocer del juicio de amparo promovido por FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GALVÁN, en su carácter de apoderado legal de ADRIÁN CARRILLO MARTÍNEZ y ÓSCAR MARIO CARRILLO MARTÍNEZ, contra actos del MAGISTRADO DE LA DÉCIMATERCERA SALA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en virtud de que, indicó que la competencia se surte favor de un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en los términos previstos por el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Lo anterior, en virtud, de que, señaló que, en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la resolución de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de ROSA MARÍA SÁENZ HINOJOSA, por los hechos constitutivos del delitos de variación del nombre, determinación que la superioridad consideró que no se colman los requisitos de procedencia del juicio amparo directo, a que alude el artículo 170 de la Ley de amparo, toda vez que, en concepto del Tribunal de Alzada, la resolución reclamada no puede considerarse como una de las que ponen fin al procedimiento. Consecuentemente, téngase a FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GALVÁN, en su carácter de apoderado legal de ADRIÁN CARRILLO MARTÍNEZ y ÓSCAR MARIO CARRILO MARTÍNEZ, promoviendo juicio de amparo indirecto contra actos del MAGISTRADO DE LA DÉCIMATERCERA SALA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con sede en esta ciudad. 3 DESECHAMIENTO Sin embargo, a juicio del suscrito, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda que se provee, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por las razones que a continuación se exponen: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "El Juicio de Amparo, es improcedente: ...XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "El Sobreseimiento en el juicio de amparo procede: .V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De las disposiciones anteriores se infiere que, el legislador estableció como causa de improcedencia la cesación de efectos del acto reclamado, cuando por alguna circunstancia el acto de autoridad ha dejado de producir sus consecuencias y, cesó la afectación al gobernado en su esfera jurídica. También, de lo expuesto se estima que el sobreseimiento en el amparo debe decretarse tan luego como aparezca demostrada alguna causa de improcedencia, durante la tramitación del juicio. Así las cosas, tomando en consideración que los asuntos que se tramitan en este juzgado constituyen un hecho notorio, cabe precisar que en el diverso juicio de amparo 332/2017 promovido por ÓSCAR MARIO CARRILLO MARTÍNEZ y ADRIÁN CARILLO MARTÍNEZ, contra actos del MAGISTRADO DE LA DUODÉCIMA SALA UNITARIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, con sede en esta ciudad y otras autoridades, estadística de este juzgado, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado de la sala antes mencionada, dentro del toca de apelación en artículo 86/2017, que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control del Estado, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." De la resolución emitida el veintiocho de mayo del año en curso por el Magistrado de la Décimatercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, (de la que se obtiene copia para agregar en autos) a la que se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por haber sido expedida y autenticada por el Secretario adscrito al expresado órgano jurisdiccional, con facultades para ello, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 332/2017 índice de este órgano jurisdiccional y en acatamiento a lo ordenado en el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, derivado del análisis relativo a establecer si la ejecutoria estaba o no cumplida, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete y la diversa dictada el diecinueve de abril del año en curso, la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; y, en libertad de jurisdicción dictó otra resolución y que CONFIRMÓ el auto recurrido el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por la Juez de Control del Estado; lo anterior, en la carpeta instruida contra Rosa María Sáenz Hinojosa, constitutivos del ilícito de VARIACIÓN DEL NOMBRE, del cual se dedujo el toca de apelación 116/2018. Por lo anterior, es evidente que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia aducida, en virtud de que, el ejercicio del medio extraordinario de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación aquí recurrida; motivo por el que, al dictarse una nueva resolución en acatamiento al fallo protector, ésta adquirió ejecutividad y firmeza y es la que ahora le depara perjuicio al aquí quejoso, pues con su dictado cesaron los efectos de la primera resolución, que innegablemente se vio procesalmente sustituida por la nueva dictada en cumplimiento a la ejecutoria y ser la que ahora rige la situación jurídica prevaleciente en relación con el aquí quejoso en la causa penal de la que emanó el acto aquí cuestionado. Ello es así, en virtud de que, la interpretación de la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia, conduce a sostener la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: la primera, por revocación, que se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda, por sustitución, supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el que fue sustituido, como en el caso acontece y que es materia del presente juicio. Por tanto, es evidente que la resolución dictada el veintiocho de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 332/2017, dio firmeza y sustituyó la resolución pronunciada el diecinueve de abril del dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado en la demanda que hoy se provee; en el toca penal 116/2018, de la cual se duele el quejoso; por ende, el presente juicio de amparo resulta improcedente contra el acto que aquí se combate. En consecuencia, si el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio, se hizo consistir en la resolución dictada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho; en el toca de apelación 116/2018, derivado de la carpeta judicial 4999/2016 iniciada en contra de Rosa María Sáenz Hinojosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Variación de nombre; y, dicha determinación fue sustituida por la resolución dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, por la Décimatercera Sala Penal y de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación en artículo antes mencionado, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la representación social y el asesor jurídico, contra el auto dictado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, es evidente que, en el caso, han cesado los efectos del acto aquí reclamado; por lo que, debe desecharse la demanda de amparo ante la materialización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia Lo anterior, en razón de que, ningún efecto práctico tendría analizar la constitucionalidad de un acto cuando éste ha dejado de surtir efectos y, por ende, no continúe afectando la esfera jurídica del quejoso, máxime, que las consecuencias de la sentencia, de conceder el amparo solicitado, serían los de restituir al directamente agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo que no es posible obtener, si los efectos del acto tildado de inconstitucional han cesado. Es sustento legal de la determinación tomada por igualdad de razón jurídica, el contenido de la tesis 2ª/J.59/99 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá , y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Apoya lo antes expuesto, por igualdad de razón jurídica, la tesis sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 84, fuente informe 1942, Quinta Época, que establece: "LAUDOS NUEVOS. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sustituido el laudo reclamado por otro nuevo, dictado por la Junta en acatamiento a una ejecutoria, de amparo, los efectos de la primera de resolución cesan, y deben sobreseerse en el juicio de conformidad con las fracciones XVI y III, respectivamente de los artículos 73 y 74 de la ley orgánica de los 103 y 107 Constitucionales". Precisado lo anterior, lo conducente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, presentada por FRANCISCO JAVIER SALDAÑA GALVÁN, en su carácter de apoderado legal de ADRIÁN CARRILLO MARTÍNEZ y ÓSCAR MARIO CARRILO MARTÍNEZ, contra actos del MAGISTRADO DE LA DÉCIMA SALA PENAL Y DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 4 DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en su demanda de amparo, sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad a su petición de tener como autorizados en los términos amplios que indica el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala; ello en razón que en términos del precepto mencionado la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización circunstancia que fue omitida en la demanda de amparo. Por tanto, únicamente se tiene a los profesionistas GABRIEL EDUARDO GONZÁLEZ VILLAREAL, KAREN AYDEÉ GARZA GARCÍA y/o MARIO ALBERTO SANTOS NADER, como autorizados para el efecto de oír y recibir notificaciones, conforme al artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo. 5 PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; conforme a lo establecido por los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, con vigencia a partir del día siguiente, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si el proveído o resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 113 de la ley referida; así como, para precisar las constancias que, en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6º del ordenamiento en cita. 6 AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios derivados del presente juicio de garantías, así como los del incidente de suspensión respectivo. Se instruye al Secretario y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los oficios de referencia recae en el Actuario de la adscripción. Notifíquese. Así lo acordó y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante RITO CRUZ PANTOJA, Secretario con quien actúa y da fe. rrco/rcp/carla

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