Adrian Canul Tamay

Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
890/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Adrian Canul Tamay

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de citada Ley de Amparo, contra el acuerdo mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ADRIAN CANUL TAMAY, contra actos que reclama del Secretario de Finanzas del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese la demanda en el libro de gobierno de este Juzgado como juicio de amparo II-890/2020. Ahora bien, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima lo anterior, pues el peticionario de amparo reclama la emisión de la boleta de infracción folio número 650280 de siete de agosto de dos mil veinte, y el recibo oficial de pago de infracciones con folio 393666NA, de la boleta de infracción con folio número 650280. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a colación el contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y del citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que son del texto siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.]". Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, los preceptos transcritos consagran la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener reparación, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Por su parte, el artículo 4°, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán dice: Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. [.] Del citado precepto se desprende que los juicios que se promuevan contra los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales, serán competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Por su parte, los preceptos 1, 7 y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, establecen: ARTÍCULO 1°. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto. ARTÍCULO 7°. Serán partes en el procedimiento: I.- El actor. II.- El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad Estatal o Municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) El titular del organismo descentralizado que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. c) En asuntos fiscales, el Secretario de Finanzas o el Síndico Municipal. III.- El tercero perjudicado. Entendiéndose por tal, cualquier persona cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal. ARTÍCULO 8°. Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un derecho o un interés legítimo que funde su pretensión. De los citados preceptos se desprende que los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, de igual forma prevé las partes procesales en el juicio contencioso administrativo, así como que podrán intervenir en el juicio las personas que tengan derecho o un interés legítimo que funde su petición. Siendo que en el presente caso las autoridades responsables son precisamente el Subsecretario del Servicio Vial Periférico y el Secretario de Finanzas del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. Partiendo de las anteriores premisas, es de concluirse que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, así como los artículos 1°, 7° y 8 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, contra el acto reclamado consistente en la boleta de infracción folio número 650280 de siete de agosto de dos mil veinte, emitida por la responsable Subsecretario del Servicio Vial Periférico, y el recibo oficial de pago de infracciones con folio 393666NA, de la boleta de infracción con folio número 650280, reclamado al Secretario de Finanzas del Estado de Yucatán, procede el juicio contencioso administrativo, dispuesto en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio constitucional, es evidente que la peticionaria debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo, ya que con ello, puede obtener una resolución favorable a sus intereses; es decir, la modificación o revocación de lo decidido por las aludidas autoridades responsables. Cabe precisar que no se actualiza en el caso alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, tal como se explicará a continuación: En primer lugar, porque a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, la medida suspensional se advierte en la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo, tal y como se desprende de los numerales 23, 24, 25 y 26 de la citada Ley. Así del análisis comparativo de los señalados artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva; Conforme al artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, el magistrado deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida; Tanto el artículo 24 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, como el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable; El artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de contribuciones, aprovechamientos o créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). Ahora, en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el Juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la suspensión de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, en relación con el diverso 16 de la misma legislación, se tiene que tratándose del juicio de nulidad, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión de la ejecución, a más tardar, dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, ya que refiere "tan luego como sea presentada". Así las cosas, de los numerales trascritos en párrafos precedentes, para la solicitud de la suspensión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y dado el carácter del acto que por esta vía se pretende impugnar, no se requieren mayores requisitos de los que señala la Ley de Amparo, por lo que pueden ser combatidos ante dicho Tribunal Administrativo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dispone: AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías. Asimismo, como se analiza a continuación, no se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, reconocidas jurisprudencialmente por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, y que podrían estar relacionadas con un asunto de carácter administrativo. En efecto, a la peticionaria de amparo no le asiste el carácter de tercera extraña, pues el acto reclamado fue emitido en respuesta a una petición que realizó directamente ante las autoridades responsables. En la demanda de amparo no fue impugnada alguna norma general. El peticionaria de amparo conoce el fundamento legal y la motivación que rige el acto reclamado, pues el mismo aportó la infracción que combate de la que constan tales aspectos y además, se patentizas que no carece de fundamentación. En consecuencia, el amparista estaba obligado a observar el principio de definitividad, pues de la lectura de su demanda, se advierte que estuvo en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ADRIAN CANUL TAMAY, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del aludido ordenamiento legal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo; asimismo, téngase como su autorizada a la persona que designa en su demanda de amparo, con las limitaciones que establece el artículo 112 de la Ley de Amparo, de igual forma téngase a la parte quejosa proporcionando su número celular 9999561223, para los efectos legales correspondientes. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. .

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