Adrian Campos Nava y Otros.
Expediente 373/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adrian Campos Nava y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al que se anexa copia autorizada del auto de veintiséis de abril de este año, emitido en el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca; visto su contenido, informa que el citado órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada a su favor, y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular de los quejosos ********************y********************, toda vez que por auto de diecinueve de abril del año en curso, este Juzgado le declinó competencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, del capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente cuaderno como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, capítulo quinto, del Acuerdo General citado. Por lo que, transcurridos más de seis meses, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente cuaderno y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se hace constar que en el presente cuaderno de antecedentes de exhorto no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular de los quejosos ********************Y********************, contra actos del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 373/2023. Incompetencia. Previo a avocarse al conocimiento del citado asunto, visto el contenido de la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular de los quejosos ********************Y********************, se desprende que el acto que se reclama y por el que se seguirá el presente juicio de amparo, consiste en: La resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el toca penal identificado con la clave ********************, del índice de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que resolvió el recurso de apelación y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos ********************Y********************, en reposición procedimental por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, en la causa penal ********************. En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado". Ahora bien, como se dijo, de la lectura de la demanda de amparo se tiene que el acto reclamado se hace constituir en: La resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el toca penal identificado con la clave ********************, del índice de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que resolvió el recurso de apelación y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos ********************Y********************, en reposición procedimental por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, en la causa penal ********************. Conforme a ello, se tiene que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como se evidencia con la parte conducente, que prevé lo siguiente: "[...] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Sin que la competencia se surta a favor de este órgano jurisdiccional por haber señalado como responsable al Magistrado Presidenta de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien emitió la resolución que ahora se combate, ya que el acto reclamado deriva de la causa penal ********************, tramitada ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, por lo que sus efectos se trasladan directamente al proceso penal que se le instruye, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido, máxime que será ese órgano instructor quien, en su caso, acate lo resuelto por la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Primer precedente. Asimismo, resulta como hecho notorio para este Juzgador, la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 1/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Conflicto competencial que derivó en virtud de que este juzgador determinó en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós dictado en el juicio de amparo 1166/2022, de esta estadística, carecer de competencia legal por razón de territorio, para seguir conociendo de la citada demanda de garantías contra los actos reclamados derivados de una causa penal del registro del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, al considerar su naturaleza omisiva con efectos positivos, dado que esas omisiones tenían consecuencias fácticas, pues generaban una afectación que no cesaba hasta en tanto el juez responsable cumpliera con la obligación de pronunciarse al respecto y darle continuación a la causa penal hasta su conclusión. Por tanto, se declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por ser quien ejercía jurisdicción sobre el municipio de San Pedro Mixtepec, lugar en el que reside el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien conocía del referido proceso penal. Asunto del que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; sin embargo previo registro de la citada demanda, determinó rechazar la competencia legal que le fue declinada por considerar que el domicilio de la parte quejosa se encontraba en la jurisdicción de este juzgado, así como el juzgado penal donde se obligaba a firmar mensualmente a la parte quejosa (uno de los actos reclamados). Al respecto el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en sesión ordinaria virtual de dos de febrero de este año, determinó por unanimidad, que en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo que el juez competente para conocer de los actos reclamados será el que ejerza jurisdicción donde radica el juez de la causa, pues es ante su potestad que la parte quejosa se encuentra sometida; por ende, debe entenderse que los efectos de dicha determinación surten preponderantemente ante el juez instructor del proceso penal. Criterio que ampara lo aquí resuelto, dado que en el caso en concreto, el juez llevador del expediente ******************** es el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, por tanto, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien ejerce competencia por cuestión de territorio en San Pedro Mixtepec, lugar en el que reside el juez instructor, a quien le corresponderá ejecutar lo resuelto por la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Segundo precedente. Desde esa óptica, por identidad jurídica se cita lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veintiséis de abril de dos mil veintidós por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el amparo en revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno, al concluir la audiencia constitucional iniciada el once de octubre del citado año, en el juicio de amparo ********************, de este índice, promovido por ********************; órgano colegiado que en lo toral, determinó: "En el caso, la quejosa recurrente reclamó de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, la omisión de dictar resolución en forma de laudo en el expediente laboral ********************, de su índice. Así, del informe justificado que obra en autos, la aludida Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostiene que no ha dictado el laudo reclamado, en virtud de que aún hay pruebas pendientes de desahogarse, como lo es la testimonial a cargo de ********************, ofrecida por el titular demandado; desahogo que se solicitó vía exhorto al presidente de la Junta Especial Número 35 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán Sinaloa, sin que a la fecha se haya devuelto el exhorto diligenciado, por lo que no es posible dictar el laudo correspondiente, hasta en tanto se hayan desahogado todas las pruebas y se decrete el cierre de instrucción respectivo (foja 15). De lo anterior se obtiene que el acto reclamado se traduce en una omisión con consecuencias materiales, que conlleva una vulneración del derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita; por lo que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que ha incumplido dicha obligación; es decir, el que tenga potestad dentro de la circunscripción territorial donde se encuentra la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Apoya la anterior determinación, el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE.- Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". En virtud de lo resuelto, revocó la sentencia recurrida, declaró incompetente legalmente a este Juzgado de Distrito y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo con residencia en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que dictara la sentencia correspondiente. Remisión de autos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la presente demanda de amparo y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Datos de Contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que precisa, únicamente para contacto en casos necesarios, no así para recibir notificaciones. Exhortación a tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA: - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular de los quejosos ********************Y********************, contra actos del Magistrado Presidente de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el libro de gobierno con el número 373/2023. Incompetencia. Previo a avocarse al conocimiento del citado asunto, visto el contenido de la demanda de amparo promovida por ********************, defensor particular de los quejosos ********************Y********************, se desprende que el acto que se reclama y por el que se seguirá el presente juicio de amparo, consiste en: La resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el toca penal identificado con la clave ********************, del índice de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que resolvió el recurso de apelación y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos ********************Y********************, en reposición procedimental por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, en la causa penal ********************. En ese sentido, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)." Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado". Ahora bien, como se dijo, de la lectura de la demanda de amparo se tiene que el acto reclamado se hace constituir en: La resolución dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el toca penal identificado con la clave ********************, del índice de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que resolvió el recurso de apelación y confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de los quejosos ********************Y********************, en reposición procedimental por el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, en la causa penal ********************. Conforme a ello, se tiene que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Como se evidencia con la parte conducente, que prevé lo siguiente: "[...] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Sin que la competencia se surta a favor de este órgano jurisdiccional por haber señalado como responsable al Magistrado Presidenta de la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien emitió la resolución que ahora se combate, ya que el acto reclamado deriva de la causa penal ********************, tramitada ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro MIxtepec, Oaxaca, por lo que sus efectos se trasladan directamente al proceso penal que se le instruye, y es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido, máxime que será ese órgano instructor quien, en su caso, acate lo resuelto por la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." Primer precedente. Asimismo, resulta como hecho notorio para este Juzgador, la ejecutoria dictada en el conflicto competencial 1/2023, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. Conflicto competencial que derivó en virtud de que este juzgador determinó en auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós dictado en el juicio de amparo 1166/2022, de esta estadística, carecer de competencia legal por razón de territorio, para seguir conociendo de la citada demanda de garantías contra los actos reclamados derivados de una causa penal del registro del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, al considerar su naturaleza omisiva con efectos positivos, dado que esas omisiones tenían consecuencias fácticas, pues generaban una afectación que no cesaba hasta en tanto el juez responsable cumpliera con la obligación de pronunciarse al respecto y darle continuación a la causa penal hasta su conclusión. Por tanto, se declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por ser quien ejercía jurisdicción sobre el municipio de San Pedro Mixtepec, lugar en el que reside el Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Puerto Escondido, Oaxaca, quien conocía del referido proceso penal. Asunto del que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; sin embargo previo registro de la citada demanda, determinó rechazar la competencia legal que le fue declinada por considerar que el domicilio de la parte quejosa se encontraba en la jurisdicción de este juzgado, así como el juzgado penal donde se obligaba a firmar mensualmente a la parte quejosa (uno de los actos reclamados). Al respecto el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en sesión ordinaria virtual de dos de febrero de este año, determinó por unanimidad, que en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo que el juez competente para conocer de los actos reclamados será el que ejerza jurisdicción donde radica el juez de la causa, pues es ante su potestad que la parte quejosa se encuentra sometida; por ende, debe entenderse que los efectos de dicha determinación surten preponderantemente ante el juez instructor del proceso penal. Criterio que ampara lo aquí resuelto, dado que en el caso en concreto, el juez llevador del expediente ******************** es el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Oaxaca, por tanto, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien ejerce competencia por cuestión de territorio en San Pedro Mixtepec, lugar en el que reside el juez instructor, a quien le corresponderá ejecutar lo resuelto por la Sexta Sala Penal Unitaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Segundo precedente. Desde esa óptica, por identidad jurídica se cita lo resuelto en sesión ordinaria virtual de veintiséis de abril de dos mil veintidós por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el amparo en revisión ********************, interpuesto en contra de la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintiuno, al concluir la audiencia constitucional iniciada el once de octubre del citado año, en el juicio de amparo ********************, de este índice, promovido por ********************; órgano colegiado que en lo toral, determinó: "En el caso, la quejosa recurrente reclamó de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de México, la omisión de dictar resolución en forma de laudo en el expediente laboral ********************, de su índice. Así, del informe justificado que obra en autos, la aludida Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sostiene que no ha dictado el laudo reclamado, en virtud de que aún hay pruebas pendientes de desahogarse, como lo es la testimonial a cargo de ********************, ofrecida por el titular demandado; desahogo que se solicitó vía exhorto al presidente de la Junta Especial Número 35 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Culiacán Sinaloa, sin que a la fecha se haya devuelto el exhorto diligenciado, por lo que no es posible dictar el laudo correspondiente, hasta en tanto se hayan desahogado todas las pruebas y se decrete el cierre de instrucción respectivo (foja 15). De lo anterior se obtiene que el acto reclamado se traduce en una omisión con consecuencias materiales, que conlleva una vulneración del derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita; por lo que de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que ha incumplido dicha obligación; es decir, el que tenga potestad dentro de la circunscripción territorial donde se encuentra la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Apoya la anterior determinación, el criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, página 4833, del tenor siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR. AL SER UN ACTO OMISIVO CON EFECTOS POSITIVOS, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE ÉSTA DEBA MATERIALIZARSE.- Hechos: Un trabajador reclamó en amparo indirecto, entre otros actos, la omisión de señalar día y hora para la diligencia de reinstalación dentro de un juicio laboral. La demanda se presentó ante un Juez de Distrito, quien se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que la omisión reclamada debe ser subsanada con una conducta positiva que se realizará fuera de su jurisdicción. Por su parte, el Juez de Distrito a quien se le remitió la demanda no aceptó la competencia declinada, al considerar que el acto reclamado era una omisión simple, carente de ejecución material y, en consecuencia, determinó que el juzgador legalmente competente para conocer del asunto era aquel ante quien se presentó la demanda, de conformidad con el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Distrito competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de la Junta de señalar fecha y hora para la reinstalación del trabajador, es aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde ésta deba materializarse, al tratarse de un acto omisivo con efectos positivos. Justificación: Lo anterior es así, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental al trabajo, pues implica que mientras no se señale fecha y hora para la reinstalación, el trabajador permanezca separado del empleo, no perciba su salario ni diversas prestaciones; además, el patrón también resiente un perjuicio en su patrimonio, en virtud de que se le priva de la posibilidad de cortar el pago de los salarios caídos hasta el momento de la reinstalación en caso de una eventual condena, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializan en el lugar donde debe llevarse a cabo la reinstalación del trabajador; de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo". En virtud de lo resuelto, revocó la sentencia recurrida, declaró incompetente legalmente a este Juzgado de Distrito y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo con residencia en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que dictara la sentencia correspondiente. Remisión de autos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir la presente demanda de amparo y sus anexos, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, quien resulta competente, solicitándole el acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente con las constancias respectivas. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcione el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Datos de Contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que precisa, únicamente para contacto en casos necesarios, no así para recibir notificaciones. Exhortación a tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal; además, del acceso al expediente electrónico, solicite la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico. Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico. Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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