Adrián Cabrera Guerrero

Expediente 211/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
211/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Adrián Cabrera Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxx, contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que por auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga respecto a la causal de improcedencia advertida por el magistrado ponente y el cuatro de diciembre siguiente, se certificó que toda vez que había transcurrido el término concedido para tal efecto, del primero al tres de diciembre actual, no se había recibido promoción alguna; sin embargo, obra en autos el "acuse de recepción de notificación" de uno de diciembre de dos mil veinte; en tales condiciones, a fin de regularizar el procedimiento en el presente asunto, se deja sin efectos la certificación de cuatro de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Víctor Torres Bañuelos, autorizado del quejoso, mediante el cual desahoga la vista que se le dio por auto de veintiséis de noviembre del presente año, téngase por hechas las manifestaciones que hace en relación al citado auto y devuélvase el expediente a la ponencia de origen a fin de que se dicte la resolución correspondiente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Como se ordenó en la sesión ordinaria virtual de la misma fecha, este Primer Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, quedando en lista a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "TERCERO. Improcedencia del juicio de amparo. No serán objeto de estudio la sentencia reclamada y los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que, en el caso este Tribunal Colegiado advierte en forma oficiosa que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual obliga a sobreseer en el presente litigio constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la citada legislación. En principio conviene precisar que por disposición expresa de los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la ley de la materia, el término genérico para la interposición de una demanda de amparo es de quince días; plazo que se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación hecha al quejoso del acto o resolución que reclame; o bien al en que haya tenido conocimiento o en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Ahora bien, de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable en vía informe justificado, se advierte en lo conducente, que el solicitante de la protección constitucional fue notificado de la sentencia que reclama, por medio de cédula entregada en el domicilio señalado para recibir notificaciones, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 204 a 217 del toca civil 607/2017). Por su parte, la ley instrumental que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, la cual dispone en su artículo 180, que los términos comienzan a correr al día siguiente de la notificación. Por lo que al haberse practicado la notificación del acto reclamado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ésta surtió efectos ese mismo día, por tanto el plazo de quince días a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticinco de octubre al dieciocho de noviembre del año en cita, sin incluir en dicho periodo los días veintiséis y veintisiete de octubre, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por corresponder a sábados o domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 de la ley de la materia; de igual manera el treinta y uno de octubre y uno de noviembre de la multirreferida anualidad, no laborables para la autoridad responsable, según se advierte de la certificación asentada por el secretario de acuerdos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 14 del cuaderno de amparo). En ese contexto, si el quejoso XXX, presentó ante la autoridad responsable, la demanda de amparo que se analiza, el veinte de febrero de dos mil veinte, según consta en la etiqueta de recepción colocada en la demanda de amparo que nos ocupa, visible a folio 4 del cuaderno de amparo, como así se hizo constar en la certificación que obra en la foja 14 del citado expediente, queda claro que la demanda fue promovida excediendo el término de quince días que para tal efecto prevé el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Para mayor ilustración se inserta el siguiente cuadro: OCTUBRE 2019 De ahí que en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el párrafo inicial de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual se refiere a la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, contra actos consentidos tácitamente, dado que se entiende como tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que al efecto se establecen por el artículo 17 de la propia legislación. A lo anterior resulta observable la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sin que sea dable, atender a la manifestación del quejoso, en el sentido de que tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el veintiocho de enero de dos mil veinte, data en que se publicó por lista el acuerdo pronunciado el veintisiete de enero anterior, a través del cual este Tribunal Colegiado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo directo civil 787/2018. Lo anterior, porque el artículo 18 de la Ley de Amparo, en su texto sólo hace tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo, a saber: 1) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2) A partir del día siguiente a aquél en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3) Al día siguiente en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En ese sentido, no es dable considerar la notificación en relación al acuerdo en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en un diverso juicio de amparo; máxime que el Máximo Tribunal de la Nación al igual a sustentado que el plazo para presentar la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de ese propio acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Cierto, el Máximo Tribunal del País, funcionando en Pleno, al resolver la contradicción tesis 45/2015, determinó lo siguiente: "43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente. 44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático.". Del criterio transcrito se desprende que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo, lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente, menos el que otorga vista a las partes con la resolución que pretende cumplir con el fallo protector, pues éstos no se encuentran previstos en el artículo 18 del mismo ordenamiento; considerar lo contrario, traería como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica -cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado-, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador. Lo anterior, se encuentra inmerso en la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". De ahí que, como se anticipó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en tanto que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término previsto en la ley. No es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que en el auto de presidencia se haya admitido a trámite la demanda de amparo de que se trata, pues las determinaciones de esa naturaleza no causan estado al ser producto de un examen preliminar del asunto planteado; siendo, además, competencia del Pleno de este Tribunal Colegiado, el estudio definitivo sobre la procedencia de aquel medio de impugnación. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 222/2007, aplicada por analogía, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. LA ADMISIÓN DEL RECURSO NO CAUSA ESTADO. La admisión del recurso de revisión por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del de una de sus Salas es una determinación que por su naturaleza no causa estado, al ser producto de un examen preliminar del asunto, correspondiendo en todo caso al órgano colegiado el estudio definitivo sobre su procedencia; por tanto, si con posterioridad advierte que el recurso interpuesto es improcedente, debe desecharlo.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio que nos ocupa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo". En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las facilidades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente sumario mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán proporcionar el nombre de usuario debidamente registrado en el "Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación", a través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que transcurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso XXX, en atención a su petición, en el sentido de que se le expida copia certificada de todo lo actuado en este asunto, así como de la totalidad de los autos de origen del que deriva el acto reclamado que remitió la autoridad responsable; dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que derivado de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19, el personal de este Tribunal es escalonado y se dificulta la Reproducción de las copias fotostáticas, máxime que el servicio de fotocopiado instalado en este edificio sede únicamente funciona en el horario matutino; sin embargo, se le autoriza para la reproducción por medios tecnológicos en el presente sumario, el uso de aparatos como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los autos que se dictan en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual deberá generarse una cita QR en el programa "Agenda OJ", en términos de lo dispuesto en el artículo 6, fracción l, inciso b) del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

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