Adrian Balmaceda Ruiz

Expediente 739/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
739/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Adrian Balmaceda Ruiz
  • Alex Armando Gonzalez Tremino

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta relativa a la notificación del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, practicada al promovente Juan Luis Alberto Entebi Hernández, se advierte que manifestó: "Me desisto de la presente demanda de garantías, en mi carácter de promovente". Por tanto, y previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que si bien es cierto, el artículo 12 de la ley de la materia, establece que el autorizado de la parte quejosa podrá interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante; también lo es, que ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 de la Constitución Federal y la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, dado que los hechos que le incumben son de carácter personal, y pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, alguna responsabilidad penal. En consecuencia, tomando en consideración lo antes expuesto, se comisiona al Actuario judicial adscrito, para que notifique personalmente a los directos agraviados Adrián Balmaceda Ruiz, Alex Armando González Tremino, Eduardo Ulises Palacio Guadamuz y Makey Javier Cerna Andrade el presente proveído, y les ponga a la vista la constancia actuarial de cuenta y los requiera para que en el acto mismo de la notificación o bien dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si hacen suya la manifestación realizada por el promovente respecto al desistimiento de la demanda promovida a su favor en perjuicio de sus intereses, haciendo de su conocimiento los alcances y consecuencias jurídicas de su decisión de no continuar con la instancia iniciada; apercibiéndolos que de no hacerlo así se continuará con la secuela procesal en el presente asunto en los términos inicialmente planteados. Notifíquese personalmente a los directos agraviados.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos las constancias actuariales de esta misma data, de las que se advierte que los quejosos Adrián Balmaceda Ruiz, Alex Armando González Tremino, Eduardo Ulises Palacio Guadamuz y Makey Javier Cerna Andrade, ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Juan Luis Alberto Entebi Hernández. Admisión de la demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite en los términos planteados la demanda que promueven Adrián Balmaceda Ruiz, Alex Armando González Tremino, Eduardo Ulises Palacio Guadamuz y Makey Javier Cerna Andrade, contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Incidente de suspensión Sin que sea caso tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado y dado que por auto de veintidós de septiembre de la presente anualidad, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en los artículos 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ministerio Público Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informes justificados Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquel en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el cual expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y de ser el caso, remitan fotocopia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos que se reclaman, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisas, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. Se autoriza a la responsables para que envíe su informe justificado por medio de correo electrónico institucional, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo emita, así como, de ser el caso, los anexos respectivos debidamente digitalizados, a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria que estimen conveniente. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos aun y cuando su denominación no sea la actual, pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, libro XVI, Enero de 2013, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en este juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por la importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades, sus delegados o autorizados. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo anterior al precedente. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Requerimiento de correo institucional Asimismo, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Intercambio de Información Oficial a través de Correo Electrónica Institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el diecisiete de abril del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen su correo institucional, a efecto de que se les realicen las subsecuentes notificaciones por dicho medio y no se propicie el riesgo de contagio de la referida enfermedad. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado, y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado En atención a las manifestaciones asentadas en la constancia actuarial de cuenta; se tiene a los quejosos autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, Acceso expediente electrónico De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuario "Abogadofederal73", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio que remite la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en Baja California, en esta ciudad, por el cual se le tiene informando que queda enterada de la suspensión de plano decreta en el presente asunto y acatar la misma. No obstante, del estado de autos, se advierte que en auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades responsables a fin de que en el plazo de veinticuatro horas informen el total cumplimiento a la suspensión de plano decretada, es decir, informen lo siguiente: Qué calidad migratoria tienen Adrián Balmaceda Ruiz, Alex Armando González Tremino, Eduardo Ulises Palacio Guadamuz y Makey Javier Cerna Andrade. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentren sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidas los directos agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. En consecuencia, se requiere a las autoridades responsables, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, cumplan a cabalidad en los términos solicitados en auto de veintidós de septiembre pasado, con la suspensión de plano decretada en autos, asimismo, remitan el informe y constancias conducentes, en el entendido de que de no dar cumplimiento se harán efectivos los apercibimientos decretados en el referido proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Luis Alberto Entebi Hernández a favor de (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, contra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración de Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 739/2022-C En ese orden, de la lectura de la demanda se advierte que los actos reclamados destacados por la parte promovente los hizo consistir en: La orden de deportación o expulsión de los aquí quejosos a su país de origen o cualquier otro. La incomunicación o violación a la libertad de tránsito; La orden o ejecución del traslado de los quejosos a cualquier otra ciudad o país. Por tanto, se dará el trámite correspondiente a la referida demanda al encontrarse los actos que reclama dentro del supuesto contemplado por el artículo 15 de la Ley de Amparo. I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, DETENCIÓN, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DEPORTACIÓN, O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistentes en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dicen ser objeto los directos quejosos (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de los directos agraviados con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de los directos accionantes, a fin de velar por una protección más amplia, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de los agraviados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación de los agraviados (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de los quejosos. 4. De igual manera, en caso de que los referidos agraviados se encuentren en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberán ser trasladados a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquéllos (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubica los extranjeros quejosos; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de los agraviados (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, no tienen relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberán ser puestos en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LOS QUEJOSOS ESTÉN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a los quejosos en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia de los directos agraviados queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de los directos agraviados dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que los quejosos se encuentran en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California, y que son de nacionalidad peruana. Así también, refiere que los directos quejosos -al parecer- fueron detenidos en el aeropuerto internacional de esta ciudad por el solo hecho de se extranjeros, sin haber cometido delito en flagrancia. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que los agraviados, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de las legislaciones internacionales conforme a los artículos 2 y 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 101 y 102 de la Ley de Migración y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas migrantes y sujetas a protección internacional emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que son sujetos en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puestos en libertad -siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, bajo los siguientes parámetros y sin limitar las facultades reglamentarias de la propia autoridad. I.- Que los quejosos establezcan un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán residiendo. II.- Que se comprometan a permanecer en ese domicilio, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente. III.- Que se comprometan ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración, a presentarse ante ellas, cuantas veces les sea exigido. IV.- Que se presente en favor de los quejosos la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano mexicano u organización social mexicana). V.- Que dicho garante o representante legal, en caso de una persona moral, se presente ante las autoridades migratorias, y ratifique su aceptación. VI.- Que el garante además de satisfacer los requisitos que la propia normatividad que rija a las autoridades responsables exijan, acredite lo siguiente Su nacionalidad Mexicana. No tener antecedentes penales. Residencia en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito o Tecate, que conforman este Distrito judicial, con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha en que ratifique la aceptación del cargo de garante. Para ello, deberá de presentar ante las propias autoridades responsables, la documentación del domicilio que acredite su estabilidad en el mismo en el periodo indicado Informar y acreditar la realización de una actividad lícita y lucrativa estable, en un periodo no menor a un año, anterior a la aceptación de su cargo; o bien que cuenta con ingresos constantes y suficientes en el periodo indicado, que revelen su solvencia económica para fungir como aval durante todo el tiempo que dure el juicio de amparo y el procedimiento ante la autoridad responsable. Que al aceptar el cargo, además de afirmar bajo protesta de decir verdad que se conduce con verdad, exprese que acepta el cargo sin ánimo de lucro y con fin altruista. Acredite que cuenta con un lugar amplio y digno, en el que se comprometa a dar alojamiento a los directos quejosos, en el caso de que el domicilio que éstos señalen coincida con el que proporcionen los quejosos. Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. VII.- De igual manera, se conmina a las autoridades responsables migratorias para efecto de que la garantía que en su caso se fije a los directos quejosos, no exceda de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), ello a fin de que pueda ser asequible para los promoventes del amparo y no convertir el alojamiento en la regla general en demerito de la libertad de los quejosos. Lo anterior sin perjuicio de que, por un lado, los impetrantes puedan acreditar su insolvencia económica ante la autoridad, en cuyo caso ésta deberá resolver sobre la reducción de la garantía o bien eximirlos de presentarla; o bien, si la autoridad recaba información que revele una capacidad económica mayor de los quejosos y advierte otras circunstancias que hagan objetivo el aumento del riesgo de evasión, pueda, fundando y motivando, incrementar esa suma, lo cual deberá hacer saber de inmediato a este juzgado. En caso de que tras la liberación de los quejoso -por haber cumplido los requisitos señalados-, ellos o su garante moral incumplan o se sepa que incumplen alguno de tales requisitos, la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), visible en la página 3550, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tom IV, emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2016410 que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentado en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. 7.1 Luego, en el supuesto de que los directos quejosos se encuentren en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a los quejosos, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que los quejosos al momento de su detención, se encontraban en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que los directos agraviados (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, queden a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. 7.2 Por otra parte, tomando en consideración que de la demanda se aprecia que los directos quejosos son de nacionalidad peruana (país que forma parte de la denominada "Alianza del Pacífico" cuyos connacionales no requieren visa para entrar al territorio mexicano, por tanto, las autoridades migratorias, deberán valorar si los directos quejosos cumplen con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, y EN CASO DE SER POSITIVO DEBERÁN SER PUESTOS EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Con la precisión de que dicha medida cautelar no surte efectos si en contra de los quejosos se hubiere emitido una alerta migratoria, al vincularse con el rubro de seguridad nacional. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tienen (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentren sujetos y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo llevan retenidos los agraviados; y, Si en su caso se ubican o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a los directos quejosos los derechos con los que cuentan desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento -que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosos, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de éstos, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando los aquí quejosos, no se encuentren sujetos a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN POR EXCESO, DEFECTO O INCUMPLIMIENTO. EL ARTÍCULO 209 DE LA LEY DE AMPARO, NO TIENE COMO CONSECUENCIA DIRECTA E INMEDIATA FINCAR SANCIONES NI RESPONSABILIDADES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR LA DESOBEDIENCIA COMETIDA, SINO REQUERIRLAS PARA QUE, EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD, REPAREN, SUBSANEN O CUMPLAN CON LA MEDIDA SUSPENSIONAL, Y SÓLO EN CASO DE QUE NO LO HAGAN, DENUNCIARLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, PARA SU PERSECUCIÓN Y SANCIÓN CONDIGNAS. El artículo 209 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, sin correlativo alguno con la abrogada, establece que si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, deberá ser requerida para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, o subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la misma ley; de modo que determina y regula de forma diversa la denuncia de violación a la suspensión, dado que no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar sanciones ni responsabilidades a las autoridades responsables por la desobediencia cometida por exceso, defecto, o incumplimiento de la suspensión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, reparen, subsanen o cumplan con la medida suspensional, y sólo en el caso de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciarlas ante el Ministerio Público Federal, para su persecución y sanción condignas.". Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a los directamente agraviados (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en el lugar en que se encuentren detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá hacerles saber a los directamente agraviados lo siguiente: 1. Requerirlos para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto, la notificación del presente proveído, manifiesten si autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Luis Alberto Entebi Hernández, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Hacerles del conocimiento de los directamente agraviados que, para el caso de no nombrar como autorizado al profesionista antes mencionado, tienen el derecho de designar en esos términos a diverso profesionista; 3. Y para el caso de que no se encuentren en posibilidad de realizar tal designación, hágasele saber que pueden solicitar, se les designe a un Asesor Jurídico, dependiente del Instituto de Defensoría Pública Federal. Lo cual podrán hacer del conocimiento del Actuario de la adscripción, al momento de la notificación o por escrito en cualquier etapa del procedimiento. De igual forma, para que manifiesten si es su deseo señalar como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que se indica en el escrito de demanda; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Asimismo, en virtud de que del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló el usuario "Abogadofederal173", requiérase a los quejosos para que manifiesten sí solicitan el acceso electrónico y notificaciones correspondientes al presente expediente a través de dicho usuario. Igualmente, de advertirse que (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, se encuentran a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifiesten si es su interés ampliar su demanda por la autoridad correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade, algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentra dicho agraviado. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Finalmente, hágase del conocimiento al promovente que de acreditarse que con anterioridad ya se otorgó la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado, contra las propias autoridades y que de ello tenga conocimiento, se hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese personalmente a los directos agraviados (1) Adrián Balmaceda Ruiz, (2) Alex Armando González Tremino, (3) Eduardo Ulises Palacio Guadamuz, y (4) Makey Javier Cerna Andrade.

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