Adrián Bahena Montero
Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adrián Bahena Montero
Actuaciones
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de julio de dos mil veintitrés. Del estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el lapso de cinco días a que se refiere el numeral 98 de la legislación aplicable sin que quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído del veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado y toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, archívese el expediente como concluido. En términos de los preceptos 12 y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, lo que podrá efectuarse una vez transcurrido el plazo de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes y colóquese en la carátula el sello respectivo. Sin que se estime necesario realizar mayor pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, toda vez que de la certificación inicial se advierte que el promovente no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Macario Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Iguala de la Independencia, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Unidad de Gestión Judicial del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Hidalgo, Aldama y Alarcón, residente en esta ciudad, y otra autoridad; regístrese bajo el número 207/2023-I y realícense las anotaciones respectivas. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí, que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, de los antecedentes que el quejoso narró bajo protesta de decir verdad, se advierte que el veinte de junio de dos mil veintitrés se presentaron en su domicilio diversos individuos que se identificaron como agentes de la Policía Ministerial, con el propósito de privarlo de su libertad llevando una orden consigo de aprehensión, sin que al efecto proporcione mayores datos de dicho mandato. De esta forma, es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del peticionario, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real, actual e inminente que se pretenda materializar en su contra. Lo que se ve robustecido por el hecho de que el quejoso señaló como responsables a diversas autoridades judiciales y administrativas, pues eso demuestra que el juicio de amparo lo promueve con el ánimo de investigar si existe o no en su contra una orden de aprehensión, lo que no es propio del juicio de amparo, que procede contra actos concretos. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a el quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Téngase por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece. Por otra parte, no ha lugar tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano de control; en consecuencia, toda vez que se actualiza la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la legislación de la materia, se ordena la práctica de las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXII.1o.22 K, registro digital 195064, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1067, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Sin que sea óbice que la tesis citada surgió antes de la reforma a la Ley de Amparo; empero, con sustento jurídico en su transitorio sexto, se evidencia que tales interpretaciones continuarán en vigor en lo que no se oponga a la misma, lo que en la especie se actualiza por lo señalado en el párrafo que antecede. Con fundamento en el numeral 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal. De conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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