Adrián Arturo Zavala López
Expediente 1019/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Adrián Arturo Zavala López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación de cuenta, se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de tres de agosto de dos mil veintidós, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Adrián Arturo Zavala López, para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente el punto primero del acuerdo dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas relativo al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que siguiendo los lineamientos expuestos en este fallo, determine lo que corresponda en el ámbito de sus atribuciones, debiendo tomar en cuenta que el cómputo del término legal concedido a la parte quejosa en auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, deberá hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 117 y 348 del Código de Procedimientos Civiles de Tabasco.". El veintidós de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Mediante oficio 8756 recepcionado el uno de septiembre de la presente anualidad (registrado bajo el folio 14244), la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el cuadernillo de incidente de inejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas deducido del expediente 1432/2012 de su índice, en el cual dejó insubsistente el punto primero del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, emitido en el referido expediente, y de igual forma acordó en relación al escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, dándole entrada al recurso de reconsideración interpuesto en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre pasado, en virtud de encontrarse dentro del término otorgado para ello, y otorgando a la parte contraria vista de tres días para manifestara lo que a su derecho conviniere. Documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR Ahora bien, del examen a las documentales remitidas por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, se observa que acató tales efectos, ya que en proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el cuadernillo de incidente de inejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas deducido del expediente 1432/2012 de su índice, en el cual dejó insubsistente el punto primero del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, emitido en el referido expediente, y de igual forma acordó en relación al escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, dándole entrada al recurso de reconsideración interpuesto en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre pasado, en virtud de encontrarse dentro del término otorgado para ello, y otorgando a las parte contraria vista de tres días para manifestara lo que a su derecho conviniere. Por ello, en auto de dos de septiembre del presente año, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses convinieren, sin que hayan hecho lo propio. CONCLUSIÓN En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. De igual forma, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del presente incidente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitido en el Cuadernillo de Incidente de Inejecución Forzosa de Convenio para las Pensiones Alimenticias no proporcionadas deducido del expediente 1432/2012 de su índice, dejó insubsistente el punto primero del auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, emitido en el referido expediente. Asimismo, acuerda respecto del escrito del autorizado de la parte quejosa ADRIÁN ARTURO ZAVALA LÓPEZ, y le da entrada al recurso de reconsideración interpuesto en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre pasado, dando vista de tres días a las partes. Con lo cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1019/2022-5, promovido por *********, contra actos de la Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorio de los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5 RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiuno de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este Juzgado de Distrito, el veintitrés posterior, ********* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 El acuerdo dictado por la juez responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas relativo al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1019/2022-5, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a la tercero interesada, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 6 TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. En auto de seis de julio de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la tercero interesada Flor de María Baeza Barrueta, por lo que se comisionó para tal efecto a la actuaria adscrita a este juzgado, quien el once de julio de dos mil veintidós, realizó el emplazamiento de la aludida tercero interesada. CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con 7 fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 8 En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: El acuerdo dictado por la juez responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas relativo al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora, con las constancias que adjuntó en apoyo a su referido informe, consistentes en copia certificada de las constancias relativas al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice; y cuadernillo de incidente de ejecución de sentencia; cuadernillo de incidente de reducción de pensión alimenticia; cuadernillo de incidente de excepción de pago; cuadernillo de incidente de ejecución y del cuadernillo de ejecución forzosa de convenio de las pensiones alimenticia no proporcionadas todos relativos al juicio antes referido, los cuales obran por cuerda separada. Documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. 9 Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 623 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los motivos de disconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Acto continuo se procede el estudio del asunto respecto del acto reclamado respectivamente por la parte quejosa consistente en el proveído dictado por la juez 3Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo 10 responsable el veinticinco de enero de dos mil veintidós, dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas relativo al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice, en el que determinó que no ha lugar a admitir el recurso de reconsideración en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de que la juez responsable consideró que el quejoso se encontraba fuera del término legal concedido para interponer dicho recurso tal y como se desprende del cómputo secretarial correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción IV y 348, fracción I ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. El quejoso alega, en esencia, que se violan en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado; además ello viola los principios de seguridad jurídica y el debido proceso al no hacer un correcto análisis del cómputo secretarial realizado por la propia autoridad en la que se advierte que el recurso planteado fue interpuesto en tiempo y forma. Tales argumentos se advierten esencialmente fundados, como a continuación se estudiará, de ahí que para proceder a su análisis es necesario señalar, en principio, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 11 escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Del precepto constitucional antes reproducido, se aprecia que todo acto de molestia, debe ser dictado por autoridad competente, constar por escrito y contener la motivación y fundamentación adecuada; debiendo entenderse por motivación, la obligación que tiene toda autoridad de expresar en forma precisa, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y por fundamentación, el señalamiento exacto del precepto legal aplicable al caso, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y la aplicación de la hipótesis normativa. Si se toma en consideración que el derecho humano a la legalidad tiene como objeto que las autoridades no emitan determinaciones en forma arbitraria, sino que deben estar ajustadas a un determinado ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que la autoridad responsable consideró para emitir la resolución correspondiente. Además, debe señalarse de manera razonada, es decir, es necesario que la autoridad exponga los motivos o causas inmediatas por las que determinó que existe concordancia entre el supuesto legal normativo y los hechos o antecedentes propuestos por los gobernados. 12 Es aplicable la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consulta en la página 166, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, novena época, La jurisprudencia 204, con registro 917738, del rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. También la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 176546, que se cita en seguida: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la 13 relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 14 emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. El derecho humano establecido en el referido precepto constitucional tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos precisados en aquélla; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En otro aspecto, se tiene obligación relativa a la debida fundamentación y motivación del acto, y para que se estime cumplida, es necesario constatar lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo que el despliegue de la actuación de esa misma autoridad se constriña en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, 15 b) La existencia de los hechos o antecedentes fácticos o circunstancias que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la motivación. En efecto, el artículo constitucional que se examina contiene uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro del orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, ya porque sea arbitrario, es decir, que no esté basado en alguna norma legal, o por que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; o bien porque no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Por su parte, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos 16 de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones aplicables sin relacionarlas con los hechos de que se trate, y sin exponer las razones por las que dichas disposiciones son relevantes para esos hechos; dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en base a los hechos probados y las circunstancias y modalidades objetivas del caso, que permiten encuadrarlos dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. Ahora, conviene tener presente el artículo 126 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, el cual establece: 126.- Requisitos de las resoluciones judiciales.- Las resoluciones judiciales deberán expresar: el tribunal que las dicte, el jugar y la fecha; la motivación y fundamentación legal, con la mayor brevedad, así como la determinación judicial; serán firmadas por el Juez o los magistrados que las pronuncien y serán autorizadas, en todo caso, por el secretario de acuerdos. 17 El precepto legal transcrito establece el principio de congruencia que rige el dictado de las resoluciones judiciales en materia civil. Dicha regla procesal es aplicable, a todas las resoluciones sean decretos, autos y sentencias interlocutorias dictados en los juicios de naturaleza civil y de las que se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos que deben observarse en toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero, en su esencia, está referido a que las resoluciones judiciales, deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que la determinación no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución judicial no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fuera parte en el juicio. A su vez, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le son sometidos a su consideración, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del órgano jurisdiccional de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando 18 en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, o se diriman las inconformidades planteadas, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Al respecto, conviene destacar que los artículos 117 y 348 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, disponen lo siguiente: Artículo 117.- Cómputo de plazos procesales. Los plazos procesales empezaran a correr a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, el emplazamiento o la citación, y se contará en ellos el día del vencimiento. . Artículo 348.- Substanciación. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al que tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II.- El recurso deberá interponerse mediante escrito que deberá contener la expresión de los agravios, III.- No se concederá periodo de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al interponerla, y IV.- La reconsideración no suspenderá el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. 19 De los preceptos trascritos se advierte que para la interposición del recurso de reconsideración deberá hacerse valer dentro de los tres días hábiles siguientes al que tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva. Como se anticipó, son fundados los motivos de inconformidad, los cuales se estudian en forma conjunta, dada la estrecha relación que guardan. Le asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, dado que la autoridad responsable determinó que no ha lugar a admitir el recurso de reconsideración en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en virtud de que la juez responsable consideró que el quejoso se encontraba fuera del término legal concedido para interponer dicho recurso tal y como se desprende del cómputo secretarial correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción IV y 348, fracción I, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. En efecto la autoridad responsable dictó el acto reclamado que a continuación se trascribe en lo conducente: [.] Cómputo secretarial En veinticinco de enero de dos mil veintidós, la suscrita Secretaria Judicial de Acuerdos, hace constar que el término de tres días hábiles concedido a la parte incidentada, para recurrir auto y dar cumplimiento al punto 20 segundo del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, corrió del tres al cinco de enero dedos mil veintidós; de conformidad con el artículo 117 del código de Procedimientos Civiles Vigente. Conste. Razón secretarial. En veinticinco de enero de dos mil veintidós, la suscrita secretaria judicial da cuenta a la ciudadana Jueza con los escritos presentados por LUIS EDGAR MOSCOSO MUÑOZ y GISELA GUTIÉRREZ GÓNGORA; recibidos en cuatro y veintiuno de enero de enero de dos mil veintidós. Conste. JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CENTRO, TABASCO, MÉXICO; ENERO VEINTICINCO DE DOS MI VEINTIUNO. Vista la razón secretaria que antecede, se provee: Primero. Se tiene al licenciado LUIS EDGAR MOSCOSO MUÑOZ, abogado patrono de la parte incidentada, con su escrito de cuenta, con el que interpone recurso de reconsideración en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, al respecto es de decirle que no ha lugar admitirlo, toda vez que viene fuera del término legal concedido para interponer dicho recurso, tal y como se desprende del cómputo secretarial que antecede, de conformidad con el artículo 3 fracción IV Y 348 fracción I de la ley adjetiva civil vigente. [.] De análisis del contenido literal del acuerdo declamado se advierte que la juez responsable al exponer los motivos por los cuales determinó no admitir el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa por conducto de su abogado patrono en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en base a lo siguiente: 1. Que la parte quejosa interpuso el referido recurso fuera del término legal concedido para interponer dicho recurso tal y como se desprende del cómputo secretarial correspondiente. 21 2. En el computo secretarial respectivo hizo constar que el término de tres días hábiles concedido al ahora quejoso para impugnar el citado auto trascurrió del tres al cinco de enero de dos mil veintidós. Tales consideraciones carecen de una debida fundamentación y motivación, pues la juez responsable se limitó a determinar que el quejoso interpuso el recurso de reconsideración fuera del término legal concedido el cual trascurrió del tres al cinco de enero de dos mil veintidós, siendo que el abogado patrono del quejoso interpuso el referido recurso mediante escrito de cuatro de enero de la presente anualidad, recibido en esa misma fecha, tal y como se advierte en el sello de recepción por parte de la autoridad responsable que obra en la foja 240 del tomo 2 de pruebas correspondiente. Sin embargo, no expuso cual era el motivo por el cual el quejoso interpuso el recurso de reconsideración fuera del término legal conforme al cómputo secretarial de cuenta en el cual se advierte que el término legal para que el citado impetrante recurriera dicho auto fenecía el cinco de enero de dos mil veintidós y siendo que éste interpuso dicho recurso el cuatro de enero del presente año4 , tal y como se advierte del sello oficial de recepción correspondiente, lo cual resulta incongruente porque conforme al citado cómputo secretarial emitido por el juzgado responsable el término legal para que el quejoso interpusiera el aludido medio de impugnación fenecía el cinco de enero del año en curso; es decir, un día después a la fecha en que el 4 Foja 240 del Tomo 2 de pruebas. 22 impetrante interpuso el aludido recurso (cuatro de enero de dos mil veintidós). Por lo expuesto, se colige que la determinación que se combate carece de una debida fundamentación y motivación, pues como ya se dijo, lo cual constituye una violación a las garantías constitucionales de la parte quejosa, ya que el acto reclamado lo deja en estado de indefensión al no conocer cuál es la fecha correspondiente a la notificación realizada al quejoso que tomó en consideración respecto del proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, no obstante que del cómputo secretarial certificó que el termino de tres días hábiles concedido a la parte quejosa para que recurriera dicho auto trascurrió del tres al cinco de enero del presente año; tampoco especificó la fecha en que la parte quejosa interpuso el citado medio de impugnación y porqué a su consideración dicho recurso fue realizado fuera del término legal concedido; no obstante, que de acuerdo a dicho cómputo, el término para tales efectos fenecía el cinco de enero de dos mil veintidós; es decir, un día después a la fecha en que el impetrante interpuso el aludido recurso (cuatro de enero de dos mil veintidós); por lo que no está en condiciones de producir su defensa. Por tanto, la determinación de la aquí responsable se emitió sin colmar lo exigido en el artículo 16 Constitucional, esto es, sin una debida fundamentación y motivación en la que expusiera los argumentos en que sustentara la decisión de desechar el recurso de reconsideración interpuesto por el abogado patrono del ahora quejoso en contra del punto primero del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, al considerar que el citado medio de impugnación 23 fue presentado fuera del plazo legal concedido para interponerlo. En las relatadas circunstancias, procede conceder la protección federal solicitada, a efecto de resarcir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido con la omisión reclamada. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la autorizada en términos amplios de la parte tercero interesada, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RSPECTO EN LA SENTENCIA. 24 SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 745 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Juez Primero Familiar de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, deberá: 1.- Deje insubsistente el punto primero del acuerdo dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio para las pensiones alimenticias no proporcionadas relativo al juicio de divorcio necesario 1432/2012, de su índice; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita otra en la que siguiendo los lineamientos expuestos en este fallo, determine lo que corresponda en el ámbito de sus atribuciones, debiendo tomar en cuenta que el computo del término legal concedido a las parte quejosa en auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós deberá hacerlo conforme a lo establecido en los artículos 117 y 348 del Código de Procedimientos Civiles de Tabasco. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de junio dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la 5 Artículo 74. La sentencia debe contener: . V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; . Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, contra el acto reclamado a la Juez responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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