Adrián Antonio Lira Orozco
Expediente 530/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 530/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Adrián Antonio Lira Orozco
Actuaciones
- Principal
Se declara firme el proveído por el que se desechó la demanda de amparo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido, mismo que es susceptible de depuración en los términos señalados. ®
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a los quejosos el proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 530/2019-VI, del índice del juzgado de mi adscripción, por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, proveído que dice: Visto el estado procesal de autos y el contenido de la certificación de cuenta, se desprende que feneció el plazo de cinco días para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo; sin haber hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia SE DECLARA FIRME dicho proveído. Previas las anotaciones de ley, archívese este asunto como total y definitivamente, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, conforme lo establece en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de desincorporación y destrucción después de cinco años contados a partir de esta fecha. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger los documentos que exhibió en esta instancia constitucional, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se destruirán junto con el expediente.
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico al quejosos de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 530/2019-VI del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído que dice: Agréguese a los autos el escrito signado por Adrián Antonio Lira Orozco, representante común de los quejosos, a través del cual, desahoga la prevención que les fue formulada en autos, de lo que se provee en los siguientes términos: En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6° del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Debe precisarse que conforme a esos artículos, el juicio de amparo es improcedente contra lo establecido en la fracción I del artículo 6° de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general del acto reclamado. Lo anterior, porque el juicio constitucional se rige entre otros principios, por el de iniciativa o instancia de parte y agravio personal, consistentes en que el amparo, se promueva por la persona a quien perjudique o cause agravios el acto o la ley que se reclama, entendiendo por agravio, todo menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. En el caso, la parte quejosa reclama en esencia, la resolución administrativa, dictada el cinco de diciembre del dos mil dieciocho, en el expediente PFC.NEZ.C.1-002033-2018, a través de la cual, se le determinó al "Colegio Luther King", un crédito fiscal, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), así como su cobro. En la especie, se estima que el acto combatido no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que la imposición del crédito fiscal decretado en en el expediente PFC.NEZ.C.1-002033-2018, sólo le depara perjuicio al contribuyente "Colegio Luther King", como se advierte de la constancia de notificación del adeudo con folio 26, de veinte de marzo de dos mil diecinueve, que obra glosada en autos. No se soslaya que la promovente señala que el "Colegio Luther King" carece de personalidad jurídica y, por tanto, no existe; sin embargo, es de precisar que la denominación del colegio, en este caso, no equivale al de una persona física o moral; sino solo al de un nombre comercial que no es sujeto de derecho, capaz de obligarse; empero, el obligado directo es el propietario de éste; y en todo caso es a quien afecta el acto combatido. Sirve de apoyo, en lo conducente, en la tesis con número de registro 243271, sustentada por la entonces Cuarta Sala, visible en la página 53, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Quinta Parte, Séptima Época, que dice: "NOMBRE COMERCIAL, OBLIGADO DIRECTO A CUMPLIR CON LA CONDENA IMPUESTA A UN. De acuerdo con la legislación civil, tienen capacidad para contraer obligaciones y adquirir derechos todas las personas no exceptuadas por la ley. El anuncio de la calidad mercantil, o sea el nombre del establecimiento o despacho, evidentemente no equivale al de una persona física o moral; la mencionada denominación debe entenderse que es sólo la de un nombre comercial que no es sujeto de derecho, capaz de obligarse y, por tanto, el obligado directo a cumplir con la condena que una Junta imponga a tal nombre comercial, es el propietario de éste." En esa tesitura, no se aprecia que los promoventes sean los dueños del citado colegio, por ende, no les reviste la calidad de agraviados. En tales condiciones, procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, al ser notoriamente improcedente. Sirve de apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, la Tesis II. 2o. 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 259, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de Septiembre de 1994, Octava Época, que dice: AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso.
- Principal
Siendo las nueve horas del día de la fecha, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo notifico a los quejosos el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 530/2019-VI del índice del juzgado de mi adscripción por lista en los estrados del local del juzgado y por lista en la página electrónica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, sito en http://www.cjf.gob.mx/, conforme al precepto indicado y al artículo 29 de la misma Ley, por lo que en este acto le notifico el proveído que dice: Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por Adrián Antonio, María Antonieta y Alejandra, de apellidos Lira Orozco, por propio derecho, mediante el cual, solicitan el amparo, contra actos del Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Nezahualcóyotl y otras autoridades. Regístrese la demanda con el número 530/2019-VI, del índice de este juzgado federal, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, precisen la calidad con la que promueven el presente juicio de amparo, ya que la multa de la que se duelen, fue impuesta al Colegio Luther King, y de hacerlo en representación de éste, acrediten la misma. Tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48 del tomo IV, julio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Requiriéndose, además, al impetrante, para que con fundamento en el artículo 110 de la ley de la materia, exhiba las copias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención, para distribuirlas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, dos para el incidente de suspensión que solicita y una para el agente del Ministerio Público de la adscripción. Tiene aplicación, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 79, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibida que de no cumplir lo anterior, se acordará lo procedente, atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. También se indica a la parte quejosa que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en el escrito de cuenta; y, como autorizados en término del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Arturo Bravo Rivas y Javier Miguel Bolaños Sánchez, mientras que, a las diversas personas que menciona, únicamente en términos del artículo 24 del mismo ordenamiento legal, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF). En otro tenor, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Materia, se tiene como representante común de los quejosos a Adrián Antonio Lira Orozco.
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