Adrián Alonso Guerrero Covarrubias

Expediente 836/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
836/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Adrián Alonso Guerrero Covarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de octubre del año dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso b) de dicho Acuerdo. Así mismo, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que aborda el presente juicio y la certificación de cuenta de la que se advierte que el quejoso ** no ratificó la demanda de amparo presentada en su favor por ** en consecuencia, de conformidad con el numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta formulada por el actuario judicial de la adscripción, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo de notificar personalmente a ** la determinación de tres de septiembre del año en curso y requerirlo en sus términos, dado que, al constituirse en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y al ser atendido por personal jurídico de dicho centro carcelario, le informaron que el quejoso en cita, fue egresado de dicho centro carcelario a las veintiún horas del tres de los actuales, con motivo de una orden emitida por el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, la cual les fue notificada mediante oficio con terminación 3448/2021. En ese sentido, con la finalidad de hacer del conocimiento el acuerdo de fecha tres de septiembre del año en curso, y estar en posibilidad de requerir al quejoso en los términos ahí precisados, se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que notifique dicho auto por medio de los correos electrónicos ofertados en el ocurso inicial de amparo ** haciendo énfasis en que sigue subsistente el apercibimiento que fue conminado en fecha tres del mes y año en curso.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por * contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 836/2021-VII. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La incomunicación de que es objeto el directo quejoso, al mantenerlo recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"; lo cual se traduce en la prolongación de la privación de la libertad, a pesar de que se ordenó su inmediata libertad, mediante resolución de no vinculación a proceso, emitida en autos de la causa penal 296/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Sin embargo, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, no ha lugar conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada por el promovente del amparo, en tanto que el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis contempladas en el referido numeral para la concesión de dicha medida suspensional. Esto es así, porque de la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que el pretendido ataque a la libertad del directo quejoso es dentro del procedimiento radicado con el número de causa penal 296/2021, en la cual, el dos de septiembre el año en curso, se determinó emitir auto de no vinculación a proceso, en contra de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y se ordenó su inmediata libertad, lo cual, por sí no constituye un acto de incomunicación como se pretende hacer valer en la demanda que se atiende, sino que, contrario a ello, en realidad constituye el incumplimiento a la determinación dictada por el Juez de Control respectivo. Sobre manera que el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la facultad del Juez de Control de ordenar la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubiesen decretado; lo que patentiza el postulado en el sentido de que dicha inejecución forma parte de la etapa procesal respectiva y, por ende, se reitera, no puede constituir una privación de la libertad fuera de procedimiento judicial. Con lo que se evidencia que es improcedente otorgar la suspensión de plano y de oficio solicitada por el promovente del amparo, incluso a pesar de los términos en que fue planteada por éste, lo que trae como consecuencia que se niegue dicha medida suspensional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la tesis VI.1o.A.19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, consultable en la página 1458, que refiere: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Y de manera orientadora, la tesis II.3o.P.89 P (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Décima Época, visible a página 6251, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DERIVADA DE LA CONCLUSIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL, PORQUE NO ES UN ACTO QUE ATAQUE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. El procedimiento especial de extradición, conforme a la Ley de Extradición Internacional, comprende varias etapas, básicamente inicia con la solicitud formal de extradición (que debe cumplir con ciertos requisitos) y concluye con la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que autoriza o niega la extradición del reclamado, lo cual lógicamente implica la entrega de la persona o, en su caso, su libertad. En ese sentido, cuando en el escrito de demanda se reclama la prolongación de la privación de la libertad, aduciendo que es fuera de procedimiento, porque ha fenecido el plazo de sesenta días naturales previsto en el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional, que el Estado requirente tenía para hacerse cargo de la persona, por lo cual se debe declarar su inmediata libertad; es inconcuso que no es un acto que ataque la libertad fuera de procedimiento, al estar vinculado con el procedimiento especial de extradición, precisamente en su fase de ejecución; de tal manera que no se actualiza el supuesto a que se refiere el artículo 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que procede la suspensión de oficio y de plano cuando se trate, entre otros casos, de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; por ende, cuando existe un procedimiento de esa naturaleza, es improcedente la misma". Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por persona diversa al quejoso directo, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a éste último, para que en el momento de la diligencia, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor, apercibido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el ordinal 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Ahora, a efecto de garantizar una tutela jurisdiccional efectiva en favor del quejoso, en cumplimiento a la Jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Libro 69, Agosto de 2019, página 1301, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO.", requiérase a la parte quejosa para que, al momento de la notificación del presente proveído refiera si también ratifica al promovente del amparo como su asesor jurídico, así como los medios de notificación y los autorizados señalados en la misma; en el entendido que, de no hacerlo así o no emitir manifestación al respecto, se harán las gestiones administrativas necesarias para designarle uno de oficio. Se reserva acordar lo conducente respecto de los medios de notificación y los autorizados que se designan, hasta en tanto el directamente agraviado cumpla con el requerimiento formulado en el presente proveído. Dado lo cual, se instruye al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Uno Altiplano, en Almoloya de Juárez, a efecto de que ordene al personal a su cargo a fin de que otorguen la colaboración y medidas necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibido que en caso de no ser así, se procederá, -por el delito de desobediencia- acorde a lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que la petición de amparo no la formula directamente el quejoso y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina a las autoridades responsables para que de suceder esto, permitan al actuario judicial adscrito el acceso al registro de internos e incluso que pueda entrevistarse con aquellos cuyos nombres sean similares al del quejoso, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de alguno de ellos, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. De igual forma, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado Federal, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario en que se actúa. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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