Adrian Aleman Hernandez
Expediente 977/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adrian Aleman Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, sin que lo haya hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el veintiocho de octubre del año en curso se dictó sentencia en este juicio, en tal virtud, glósese a este expediente el cuaderno de antecedentes formado el veintiuno de septiembre pasado, en razón de que el controvertido se encontraba pendiente de resolver, a fin de que obre como corresponda. Notifíquese.
- Principal
V I S T O, para resolver, el juicio de amparo 977/2022-IV, promovido por Adrián Alemán Hernández, por conducto de su defensor particular. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito depositado el diecinueve de julio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, remitido a este Juzgado Octavo por razón de turno, Adrián Alemán Hernández, por conducto de su defensor particular demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí y otra autoridad. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y precisó como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Previa aclaración, por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós se admitió la demanda en sus términos, se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 103 fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno); 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; así como por los puntos Primero, fracción IX, Segundo, fracción IX, Tercero, fracción IX y Cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclama un acto que tuvo ejecución material en la demarcación territorial en la que esta resolutora ejerce jurisdicción. SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias de amparo deben contener en forma clara la precisión de los actos reclamados; por ende, de la demanda de amparo con que se formó el presente expediente, se tiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: - Respecto del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en donde se calificó de legal la detención del aquí quejoso; así como la diversa de cuatro de julio del año en curso, consistente en el auto e vinculación a proceso dictado en contra del impetrante, y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, todas dictadas en la causa penal 87/2022, así como su ejecución. TERCERO.- Son ciertos los actos atribuidos al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, con el carácter de Juez de Control, toda vez que así lo aceptó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Además de que, así se desprende del disco compacto que contiene el registro de la audiencia respectiva, por video y audio, así como las copias certificadas se acompañaron; videograbaciones a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según lo reseñado por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al tratarse de disco certificado por autoridad legalmente competente, que contiene videograbaciones de actuaciones realizadas por autoridades públicas en ejercicio de sus funciones, así como constancias originales y copias certificadas expedidas por esos servidores públicos. En ese sentido, debe recordarse el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a considerar a dichas grabaciones como una prueba de naturaleza documental para los efectos del juicio de amparo. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de ese Alto Tribunal del País, publicada en la página 703 del libro XXIII, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 2013, Décima Época, con registro 2004362 y de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Asimismo y en lo conducente, se cita la jurisprudencia II.1o. J/6 (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado De México, apreciable en la página 2724 del libro 55, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de junio de 2018, Décima Época, con registro 2017095, y de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI EL JUEZ FEDERAL RESUELVE CON BASE EN LOS DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD´S) QUE LAS CONTIENEN SIN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CERTIFICADOS CON EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.". De igual modo, son ciertos los actos reclamados a la autoridad ejecutora, pues así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado. CUARTO.- Atento a la técnica que rige al juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de la Materia, se analizarán las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Tesis de Jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la determinación de veintiocho de junio de dos mil veintidós, en donde se calificó de legal la detención del aquí quejoso; así como la diversa de cuatro de julio del año en curso, consistente en el auto e vinculación a proceso dictado en contra del impetrante, y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, todas dictadas en la causa penal 87/2022, así como su ejecución, la suscrita juzgadora considera que se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;..." En efecto, de las constancias que remitió la citada autoridad responsable, y disco compacto señalado, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye en primer término, la resolución que calificó de legal la detención del imputado, así como la resolución dictada en audiencia inicial, que resuelve la situación jurídica de los imputados, entre éstos el hoy quejoso, en la causa penal 87/2022, en la que se dictó auto de vinculación a proceso contra Adrián Alemán Hernández y otro, por los hechos probablemente constitutivos de los delitos de Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su hipótesis de venta de los narcóticos denominados clorhidrato de cocaína y cannabis sativa L., conocida como marihuana. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado Juez responsable, mismas que merecen valor probatorio pleno, se desprende que el siete de octubre de dos mil veintidós, fue pronunciada la sentencia condenatoria, en la cual se condenó al aquí quejoso Adrián Alemán Hernández, por los delitos antes mencionados a cuatro años de prisión y ciento ochenta días de multa. En esa virtud, es válido considerar que el quejoso consintió dichos actos reclamados, debido a lo siguiente: De los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales1 , se establece que el procedimiento abreviado también exige que el acusado consienta su aplicación, admita su responsabilidad en el delito que se le imputa, y acepte ser sentenciado con base en los datos de prueba expuestos por la fiscalía, a cambio de un beneficio (una reducción de la sanción que pudiera imponérsele en juicio oral), al mismo tiempo que procura la reparación del daño, pues se condiciona su procedencia a que no exista oposición de la víctima u ofendida-relativa, exclusivamente, a que no se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño. De esta manera, al igual que las salidas alternativas, la sentencia en el procedimiento abreviado reafirma al nuevo sistema de justicia penal como terreno fértil para la justicia restaurativa al mismo tiempo que ilustra como falso dilema una lectura de incompatibilidad con la justicia retributiva, de modo que la decisión sobre la sanción punitiva es producto de una Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y III. Que el imputado: a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; b) Expresamente renuncie al juicio oral; c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Artículo 202. Oportunidad El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador. mediación penal, una supervisión del proceso de negociación de las partes sobre la existencia del delito y las sanciones a imponerse. Por tanto, la decisión se sustenta en la satisfacción de los requisitos de procedibilidad para la solicitud de la fiscalía y el consentimiento informado e inequívoco del acusado, en términos de los dispositivos 201, fracciones I y III, incisos d y e, y 202 del Código Nacional, y, por estas razones, le son aplicables las mismas consideraciones desarrolladas por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.). Consecuentemente, toda vez que, por un lado los actos reclamados derivan de la calificación de la detención, así como del auto de vinculación a proceso emitido en su contra y, por el otro, la parte quejosa expresó su consentimiento en que se le aplique el procedimiento abreviado (que presupone la existencia del mismo auto de vinculación a proceso, previa calificación de su detención, que motivó la interposición de su demanda de amparo) y aceptó su participación en los hechos materia de la imputación, de manera libre e informada, y en presencia de su defensor, se le tiene por consintiendo los actos reclamados Por tanto, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos fundamentales que promueve ante este Juzgado de Distrito el quejoso, en contra de las resoluciones reclamadas, dictadas en la causa penal 87/2022, al actualizarse la hipótesis a que se refiere la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y se sobresee en el juicio por lo que hace a aquéllas. Igual consideración se torna respecto a la ejecución de esa determinación, al no atribuirse vicios propios al Directo del Centro Penitenciario responsable, sino que la inconstitucionalidad la hacía derivar de la impugnación que realizó de la resolución reclamada. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la ejecutoria relativa a la tesis aislada 1a. XXXI/2021 (10a.), visible en la página 1931, libro 5, tomo II, septiembre de 2021, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro siguientes: RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE TENERSE POR CONSENTIDA CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO Y CON POSTERIORIDAD LA PARTE QUEJOSA ACEPTA QUE LA CAUSA PENAL QUE SE SIGUE EN SU CONTRA SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE ES AUTORIZADO JUDICIALMENTE. Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la resolución de segunda instancia que confirmó un auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 114 y 117, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante la negativa del amparo decretada interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad de esos preceptos. Con posterioridad el recurrente aceptó que la causa penal fuera resuelta a través de un procedimiento abreviado en el que le fue dictada sentencia. Criterio jurídico: Cuando la parte quejosa reclama la resolución de apelación que confirma un auto de vinculación a proceso y con posterioridad otorga su aceptación para que la causa penal sea resuelta a través de un procedimiento abreviado, el cual es autorizado por el órgano jurisdiccional, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicha aceptación constituye un consentimiento de la acusación, su responsabilidad en la comisión de los hechos y a ser juzgada con los datos de prueba que sustentaron el auto de vinculación que pesa en su contra. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo resuelto por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de título: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.", si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE Único Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Adrián Alemán Hernández, por conducto de su defensor particular. Notifíquese; hágase personalmente a las partes.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese al sumario el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual remite la sentencia dictada en la causa penal de origen, de la cual se toma en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente. Notifíquese.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Adela Rebolloso Castillo407/2018
- Adelaida Guadalupe Martinez Ontiveros443/2023
- Adelaida Olvera Hernández751/2023
- Adolfo Angel Martinez Mendoza1459/2022
- Adolfo Covarrubias Arriaga764/2018
- Adolfo Cruz Robles Moreno300/2020
- Adrian Ariel Treviño Treviño1000/2020
- Adrian Franco Burgos916/2019
- Adrian Maturin Maturin5/2018
- Adrian Mendez Trevilla412/2018
- Adrian Mendez Trevilla1281/2018
- Adrian Mendez Trevilla73/2019