Adrian Alejandro Vazquez Albarran
Expediente 225/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2023
Partes del expediente
- Adrian Alejandro Vazquez Albarran
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de veinte de febrero de este año (foja 13 a 23), por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a la depuración o destrucción según corresponda conforme al acuerdo general aludido. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Adrián Alejandro Vázquez Albarrán, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Familiar de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese con el número 225/2023-IV. .000Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
-SE LISTA AVISO QUEJOSO- Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Familiar de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese con el número 225/2023-IV. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, de conformidad con el numeral 62 del ordenamiento en cita, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Lo anterior, se robustece con la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: ... En ese sentido, es importante precisar que la parte agraviada, señala como acto reclamado el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 141/2022 del índice del Juzgado Primero Familiar de Toluca, Estado de México; en el que estimó que la audiencia inicial de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se determinó que para la revisión de la medida provisional respecto al régimen de convivencia es necesario escuchar a los menores involucrados. Expuesto lo anterior, en términos de lo previsto en los artículos 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia. Tal consideración se expone, pues de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, al respecto, se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen, por las razones siguientes. Por haberse interpretado disposición de similar contenido, es aplicable la tesis I.4o.A.269 A, publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto son: . De lo anterior se obtiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclama un acuerdo emitido en un procedimiento civil-familiar sin haberse agotado el recurso ordinario previsto para tal efecto. Ahora, el precepto legal de referencia establece que el juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto legal transcrito prevé la improcedencia del juicio por incumplimiento al principio de definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un medio excepcional de defensa, al cual sólo puede acudirse cuando se han agotado todos los recursos ordinarios idóneos, previstos en la Ley del acto reclamado para modificarlo, revocarlo o anularlo, caso contrario, la demanda pretendida será improcedente. En esto estriba el principio de definitividad rector del juicio en análisis, que lo hace procedente solo respecto de actos definitivos, esto es, aquellos no susceptibles de modificación o de revocación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio consagrado en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido en la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que la acción constitucional sea la vía última en el derecho interno, a través de la cual se busque la anulación de actos de autoridad. Entonces, si lo pretendido por los agraviados pueden obtenerlo mediante la interposición de recursos ordinarios, deben agotarlos de manera previa a la promoción del juicio de amparo, pues con ello se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el orden del uso de los medios de impugnación establecidos para los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, se produzcan resoluciones contradictorias, de ahí la importancia del principio de definitividad invocado. En efecto, el acto reclamado debe ser definitivo, es decir, antes de la promoción de la demanda de amparo la parte quejosa debe agotar en tiempo y forma el medio de defensa ordinario procedente, a través del cual sea factible modificar o revocar el acto reclamado, pues de lo contrario, la acción constitucional resultará improcedente al inobservarse el principio de definitividad. Así pues, de la intelección del precepto legal sustento de esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: a) El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra dicho acto proceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Ese recurso o medio de defensa pueda interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si el inconforme tilda de inconstitucional el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 141/2022 del índice del Juzgado Primero Familiar de Toluca, Estado de México; toda vez, que la audiencia inicial de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se determinó que para la revisión de la medida provisional respecto al régimen de convivencia es necesario escuchar a los menores involucrados, por lo que no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 5.74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación ahí contemplado. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone: . Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, pues el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que son revocables los autos y decretos dictados fuera de audiencia, conforme a las reglas generales de ese Código; por tanto, al establecer la legislación citada la procedencia de la revocación contra actos dictados fuera de audiencia, resulta evidente que debieron hacer valer dicho medio de impugnación, circunstancia que no aconteció. Es decir, el citado acto reclamado puede ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México); b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (artículo 5.74), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el acuerdo impugnado, es el recurso de revocación; por tanto, el agraviado debió interponerlo de manera previa al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo, pues en el caso la sola presentación del juicio de amparo no es constitutivo de derechos ya que su reclamo lo hacen derivar de la determinación emitida dentro de un procedimiento familiar. Por su aplicación, al haberse interpretado disposiciones de similar contenido jurídico, se cita la tesis III.2o.C.31 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, Materia Común, página 1373, cuyo contenido es: . La jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, página 902, del contenido siguiente: . Aunado a lo anterior, cabe señalar que en términos del invocado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, las únicas excepciones para no observar el principio de definitividad contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, se presentan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Los actos consistan en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. c) Se trate de persona extraña al procedimiento. En el caso particular no se actualiza excepción alguna pues el acto combatido; aunado a lo anterior, el quejoso no se ostentó como tercero extraño al juicio de donde deriva el acto reclamado, por el contrario, señaló ser parte en la controversia de origen, la cual fue radicada ante el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con el número de expediente 141/2022, de donde deriva el acto reclamado. Asimismo, este Juzgado de Distrito estima conveniente señalar que si bien el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, establecen la procedencia de la acción constitucional de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, lo cierto es que con anterioridad a su promoción deben agotarse los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria, a fin de observar el principio de definitividad. Por ende, aun cuando el proveído reclamado produjera una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo indirecto aun sería improcedente por haberse omitido interponer el recurso de revocación en su contra, ya que, como se adelantó, no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; de ahí la obligación de la quejosa de agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 5.74 del Código de Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (ley ordinaria que rige el acto reclamado). Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo 1, página 729, del contenido siguiente: . Así como, la jurisprudencia 1859, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la Novena Época, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, página 2104, del contenido siguiente: . Y la diversa jurisprudencia 1a/ J 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, página 350, al resolver la Contradicción de Tesis 265/2013, del rubro y texto siguientes: . Por otra parte, este Juzgado de Distrito considera pertinente señalar que si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, exime de la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia; lo cierto es que tal disposición es aplicable, únicamente, cuando el acto reclamado emane de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo cual en la especie no acontece, pues como se mencionó, el acto reclamado deriva de un tribunal judicial, emitido dentro de un juicio de carácter familiar. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por *******************, por derecho propio, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. No se soslaya que en cuanto al derecho humano relativo al acceso a la justicia y efectividad de los recursos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció que el derecho de que se habla no se agota con la simple existencia de tribunales así como de procedimientos ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que dichos recursos judiciales tengan efectividad, esto es, brinden a los justiciables la posibilidad real de interponerlos. Empero, tampoco pasa inadvertido para este Juzgado que inclusive la Corte Interamericana estableció que la existencia y aplicación de presupuestos de admisibilidad de los recursos, resultaba compatible con la propia Convención Americana y que sólo al satisfacerse dichos requisitos, entonces el órgano jurisdiccional ya se encontraba obligado a evaluar las pretensiones hechas valer. Aunado a lo anterior, cabe precisar que el derecho a un recurso efectivo, no implica que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que previamente verifique el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad previstos en las leyes nacionales para su interposición, pues las formalidades procesales son la vía posible para arribar a una adecuada resolución y por ende es indispensable cumplirlas. Sustenta lo aducido, la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVIII, marzo de 2013, tomo 1, página 890, que dispone: . Así como la tesis VII.2o.C.14 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que es compartida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3, página 1495, de rubro y texto siguientes: . Y también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que también se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, página 1241, que señala: . De lo anterior se colige que, la existencia de causales de admisibilidad en algún recurso o medio ordinario de defensa, no son incompatibles con el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo a que aluden los preceptos 17 constitucional y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que dichos presupuestos permiten generar seguridad jurídica a los gobernados y una vez satisfechos, el órgano competente está obligado a abordar el análisis de sus pretensiones y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, protegiendo sus derechos humanos y remediando su violación en caso de que así se demostrara. Sin que tampoco la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo, aunado a que se expuso cuáles son los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyos rubro y texto son: . Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sobre el particular se invoca en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, número de registro 2006338, que a la letra dice: . DOMICILIO. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su diverso 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, por no contar con el registro de referencia. CORREO ELECTRÓNICO. En relación al correo electrónico, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo1, únicamente tómese nota de dicho dato, y se comisiona al Secretario y Actuarios de la adscripción para que hagan uso por cuanto refiere a éste para comunicaciones no procesales con el fin de encauzar el presente procedimiento; salvo de poder actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de actuar en los términos de dicho numeral. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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