Adrian Alberto Silva Reyes
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/05/2022
Partes del expediente
- Adrian Alberto Silva Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Resolución. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 459/2020, del índice de este Juzgado, así como copia certificada de la resolución de sesión de doce de mayo de la presente anualidad, relativa al incidente de inejecución de sentencia 7/2022, en la que en los sustancial se resolvió lo siguiente: "[...] De ahí que frente a tales circunstancias, este órgano colegiado advierte que la determinación del Juez de Distrito, en el sentido de que existe imposibilidad jurídica para cumplir el fallo protector, en efecto, se encuentra actualizada. Atendiendo a los efectos para los que se otorgó la protección constitucional, se desprende que no existe materia para el cumplimiento, en virtud de que la protección constitucional fue para el efecto de que la Junta laboral celebrara la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, en el término de quince días previsto por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en atención a que el Cuarto Tribunal Colegiado del este Circuito al conocer del conflicto competencial 59/2021, declaró competente para conocer del juicio laboral 53/2020 al Tribunal de Arbitraje del Estado, es que la Junta señalada como responsable en el amparo no puede continuar el cumplimiento del fallo protector, pues será aquel, -Tribunal al que le corresponde dictar las providencias para la continuación del procedimiento laboral con apego a la ley de la materia. Lo hasta aquí expuesto hace patente la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector ante la incompetencia decretada de la junta laboral quien fue señalada como autoridad responsable dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 459/2020; siendo precisamente tal circunstancia -incompetencia- lo que impide legalmente a ésta seguir conociendo del asunto laboral de origen y realizar cualquier actuación dentro de los autos del juicio laboral 53/2020. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se confirma la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y, por ende, queda sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Existe imposibilidad para el cumplimiento de la sentencia de amparo de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio de amparo 459/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se declara sin materia el incidente de inejecución de sentencia a que este expediente se refiere." Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de inejecución respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Documentos originales. No fueron exhibidos. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Incidente. En el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, y téngase al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, informando que mediante proveído de veintiocho de marzo del año en curso, ordenó formar el expediente de inejecución de sentencia 7/2022, derivado de la declaratoria de imposibilidad para cumplir con el fallo protector dictada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a diez de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del que advierte que en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, se declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento total a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo sin que las partes se inconformaran con la referida determinación. Imposibilidad jurídica. En consecuencia, remítase los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo. Cuaderno de antecedentes. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes con la copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplir. Petición especial al Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, en turno. Con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se solicita atentamente que, para el caso de que se estime improcedente la presente imposibilidad para cumplir con la presente sentencia de amparo, tal determinación se adopte por el Pleno, dado que diversos Colegiados de este Circuito y del país, en asuntos como el que se remite se pronuncian de fondo. Máxime el artículo 196 de la Ley de Amparo, en su último párrafo, establece textualmente que cuando: ".se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito..."; lo anterior, sin distinguir si esta imposibilidad es material, jurídica o por carecer de materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Calificación del cumplimiento al fallo protector. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de nueve de octubre de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra los actos reclamados a las autoridades responsables, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En virtud de lo hasta aquí narrado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Adrián Alberto Silva Reyes, para el efecto que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, y únicamente en caso de que en la fecha que deba dar cumplimiento a este fallo, ya se hubiere celebrado la audiencia en cuestión, en la etapa o fase de conciliación, o esté muy próxima, deberá concluir dicha etapa. b) En caso contrario, que aún no se haya celebrado y la fecha exceda el término establecido por ley, la responsable deberá dejar insubsistente la fecha que señaló para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y deberá fijar una nueva fecha, respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, desde luego, celebrar y concluir la etapa de conciliación. Lo anterior es así, en razón de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento." Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada, sin que ninguna de las partes la recurriera, por lo que, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector. Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria, y únicamente en caso de que en la fecha que debiera dar cumplimiento a este fallo, ya se hubiere celebrado la audiencia en cuestión, en la etapa o fase de conciliación, o esté muy próxima, deberá concluir dicha etapa. En caso contrario, que no se hubiere celebrado y la fecha exceda el término establecido por ley, la responsable deberá dejar insubsistente la fecha que señaló para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y deberá fijar una nueva fecha, respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, desde luego, celebrar y concluir la etapa de conciliación. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio de once de noviembre del presente año, el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informó que en el conflicto competencial 26/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, se declaró como autoridad competente al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por lo que está imposibilitado para seguir conociendo del juicio laboral 53/2020-3C, y no puede continuar con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin embargo no remitió las constancias que acreditaran dichas manifestaciones, por lo que se requirió remitiera las mismas las que se recibieron y se ordenó dar vista con las mismas a las partes en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno. Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2º de la misma Ley, tienen valor probatorio pleno, sin que las partes hayan objetado o desvirtuado el contenido de éstas al no haber hecho manifestación alguna en relación a la vista concedida. De lo anteriormente narrado, se puede advertir que la autoridad responsable, a juicio de este Juzgado de Distrito, está imposibilitada jurídica y materialmente para cumplir con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dado que en el caso, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue declarada como legalmente incompetente para conocer del juicio laboral, y se remitió todo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California. En consecuencia, se concluye que en el presente asunto existe una imposibilidad jurídica para que la Junta responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada por este Juzgado, al no existir materia sobre la cual se decrete su acatamiento. Vista con la presente resolución. Por lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga en relación a lo aquí determinado. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, se podrán remitirse, en su caso, los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que dicho órgano colegiado examine la legalidad de la determinación y particularmente, si existe o no la citada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo; debiéndose fórmese cuaderno de antecedentes con la copia certificada de la ejecutoria pendiente de cumplir. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Registro digital 164525, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/4600/2021 de veintinueve de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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