Adrián Alberto Ortega García
Expediente 1511/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1511/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/02/2019
Partes del expediente
- Adrián Alberto Ortega García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado de la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, a través del Secretario Auxiliar de Amparos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remitió diversas actuaciones relativas al juicio ******** de su índice. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de acordar la ejecución del laudo de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, así como la negativa del Presidente ejecutor de comisionar al actuario en fecha cierta, para que se le requiera a la demanda el cumplimiento de la condena establecida en el laudo antes mencionado, en el expediente *********, del índice de la responsable. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a)Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b)Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c)Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de lo reclamado la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de acordar la ejecución del laudo de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, así como la negativa del Presidente ejecutor de comisionar al actuario en fecha cierta, para que se le requiera a la demanda el cumplimiento de la condena establecida en el laudo antes mencionado, en el expediente *************, del índice de la responsable. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable a su informe justificado, se advierte que el quince de enero de dos mil diecinueve, dictó el auto por medio del cual se acuerda la ejecución del laudo de veintiuno de octubre de dos mil catorce y en el mismo comisiona al actuario adscrito a la junta para llevar a cabo el cumplimiento de la ejecución del laudo. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, de acordar la ejecución del laudo de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, así como la negativa del Presidente ejecutor de comisionar al actuario en fecha cierta, para que se le requiera a la demanda el cumplimiento de la condena establecida en el laudo antes mencionado, en el expediente **************, del índice de la responsable, por lo tanto ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable dicto auto de quince de enero de dos mil diecinueve, en el cual acuerda la ejecución del laudo en mención e instruye al actuario adscrito a la Junta, para dar cumplimiento al laudo. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con las fracciones IV y V del numeral 63 del mismo ordenamiento, conduce a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del once de febrero de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, para que rinda su respectivo informe justificado; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE FEBRRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Lo anterior, toda vez que mediante oficio 10305/2018 de diez de diciembre del actual, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria de Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el segundo periodo vacacional, comprendido del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1994, página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado *** para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a la 17), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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