Adrián Alan Hernández Lara
Expediente 1808/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1808/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Adrián Alan Hernández Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 2, del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión número 208/2021, por el órgano colegiado citado, así como los autos originales del juicio en que se actúa. Se hace del conocimiento de las partes que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. En la materia competencia delegada de este Tribunal Colegiado, se desecha el recurso de revisión interpuesto por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Queda firme la sentencia recurrida." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. Acúsese recibo. Ahora, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." (Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional. Al respecto, el artículo 192 de la ley de la materia, prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, con apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Ahora, toda vez que en la sentencia dictada por este juzgado el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, confirmada por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: (.) "En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al dispositivo constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele." (.) Debe destacarse que, como se mencionó en párrafos precedentes, el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos; sin embargo, debido a que el amparo y protección de la Justicia Federal, se otorgó contra los "LINEAMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE OTORGA EL PAGO DEL CONCEPTO DE AGUINALDO, PARA EL PERSONAL DE LA RAMA MINISTERIAL, RAMA POLICIAL, RAMA PERICIAL Y DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.", en específico los artículos sexto, fracción I y séptimo, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables que participaron en el proceso legislativo, respecto de las porciones normativas declaradas inconstitucionales, en razón de que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos sus actos aun parcialmente, sino que, el efecto de la ejecutoria es que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa. Lo anterior de conformidad con la tesis CXV/97, cuyo rubro es: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDE INCURRIR EN ELLAS LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. (Registro: 197512, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, página 414)." Así como lo dispuesto en la tesis P CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. (Época: Novena Época, Registro: 200006, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CXXXVII/96, Página: 135)." Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito lo siguiente: 1. Desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados. 2. Realice el cálculo del aguinaldo que le corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria. 3. Se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagarse al quejoso. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se le impondrá multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la referida autoridad, para que la conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del mismo término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita las constancias con las que lo acredite, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; ello, toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes; parte quejosa, autoridades responsables, y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por Bautista Pérez Eder, Policía Segundo Subdirector e infracciones con dispositivos móviles zona 4 y 5, por medio del cual informa que se dio cumplimiento a la medida cautelar dictada en auto de veinticuatro del mes y año en curso, por lo que hace al quejoso Adrián Alan Hernández Lara, no obstante que en dicho auto también se solicitó la inmediata libertad de diversa persona. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se informa a la autoridad oficiante que el nombre correcto del quejoso en el presente asunto es Adrián Alan Hernández Lara. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, remite el diverso oficio signado por la Directora de Amparos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, informa que por oficio FGJCDMX/CGJDH/DGJCISJP/DA/SAA/501/44545/2021- 12 de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, solicitó al Director General de Programación Organización y Presupuesto de la referida dependencia, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales conducentes. No obstante a lo anterior, y vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos se advierte que las autoridades Director General de Programación Organización y Presupuesto y la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en desahogar el requerimiento de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en que se le requirió para que remitiera las constancias con las que acrediten haber solicitado el visto bueno para ejercer los recursos para el procedimiento de pago que corresponden a la quejosa María de los Ángeles Martínez Rojas, por la cantidad de $56,513.34 (cincuenta y seis mil quinientos trece pesos 340/100 moneda nacional), por concepto de pago de aguinaldo de dos mil dieciocho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y en términos de lo previsto en los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo y 192 y 258 de la Ley de Amparo, y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se impone a Luis Alberto Espinoza Sauceda, quien ostenta el cargo de Director General de Programación Organización y Presupuesto y a Laura Ángeles Gómez, quien ostenta el cargo de Coordinadora General de Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, una multa a razón de cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Administración Local de Recaudación correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas autoridades. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro y datos de localización siguientes: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Registro digital: 184086, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 226) Sin perjuicio a lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; asimismo, tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso y con el fin de agilizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE NUEVAMENTE al al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el término de TRES DÍAS, acredite haber solicitado el visto bueno para ejercer los recursos para el procedimiento de pago que corresponden a la quejosa María de los Ángeles Martínez Rojas, por la cantidad de $56,513.34 (cincuenta y seis mil quinientos trece pesos 340/100 moneda nacional), por concepto de pago de aguinaldo de dos mil dieciocho. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción II del citado código, 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la Coordinadora General de Administración (antes Oficial Mayor) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada Fiscalía, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos respectivos, una multa por cien veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que en su momento pudiera realizarles el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, que conozca del incidente de inejecución de sentencia tramitado en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/5338/2021, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe.
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