Adrián Aaron y/o Aaron Torres Moreno
Expediente 1255/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1255/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Adrián Aaron y/o Aaron Torres Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Para que obre como corresponda, agréguese a estos autos el oficio 1914/2018, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 8391/2018, adjunto al cual se le acompañó el juicio de amparo 1255/2017-VI de donde deriva el presente cuaderno y comunica que aceptó la competencia planteada, quedando registrado bajo el número 235/2018. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no existen promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar, con apoyo en punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de Veintiocho de septiembre de Dos Mil Nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo del presente expediente como asunto concluido. Háganse las debidas anotaciones en el libro de gobierno. Además, con fundamento en el punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo Conjunto invocado, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dentro del plazo de seis meses a que se refiere el señalado punto Vigésimo, del Acuerdo General 1/2009 antes mencionado en virtud de que en el expediente en que se actúa no existen glosados documentos originales ni se ordenó mandar alguno al seguro de este Juzgado.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho que en lo conducente dice: Visto el estado que guardan los autos, y teniendo a la vista el expediente laboral 16847/2017/T, que acompañó el Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en funciones de Presidente por ministerio de ley, se advierte lo siguiente: El quejoso, Adrián Aarón Torres Moreno, promovió tercería excluyente de dominio, debido a que dentro del expediente laboral 2243/2013/4 le fue embargado un vehículo de su propiedad; El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado tuvieron por admitida la citada tercería; Seguido dicho juicio por sus cauces legales, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, los integrantes del Tribunal laboral declararon improcedente la tercería excluyente de dominio promovida por Adrián Aarón Torres Moreno. Establecido lo anterior, conviene precisar que los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo.". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. II. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.". De los preceptos legales trascritos, queda de manifiesto que es competencia de los Tribunales Colegiados, las demandas de amparo que se promuevan en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por su parte, los artículos 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, a la letra dicen: "Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados.". "Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de esta ley; IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente." "Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería." Del contenido de los artículos transcritos se advierten los siguientes principios, en torno de las tercerías: Conforme al artículo 976, las tercerías constituyen una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia principal; es decir, en la tercería se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. En términos del artículo 977, las tercerías excluyentes no suspenden el curso del negocio en que se interponen; se ventilan por cuerda separada, a través de un procedimiento propio, en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento. Si bien el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo señala la tramitación de las tercerías a través de un procedimiento en forma incidental, empero, ello no conduce a sostener que su naturaleza sea de incidente, toda vez que tal mención se refiere exclusivamente a la forma procesal que sigue la tercería, la cual se asemeja procesalmente al incidente. Del contenido de los numerales en cita, es dable aseverar que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio, y no de incidente, cuya naturaleza los destina a resolver exclusivamente cuestiones de carácter adjetivo derivadas directamente del juicio principal, lo que no ocurre en la especie, toda vez que, como ya se dijo, el juicio de tercería se ocupa de resolver un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge la tercería. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal, y al ejercitar la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto a quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Así, las tercerías son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acción de oposición ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuestión de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula. Debe destacarse que la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Lo anterior es así, en atención a que la materia de la controversia en la tercería es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando éste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a través de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resolución que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resolución que recaiga a la tercería con carácter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde derivó. Ahora bien, a diferencia de la tercería, los incidentes tienen por objeto resolver controversias de carácter adjetivo que tienen relación inmediata y directa con el asunto principal, cuestiones jurídico-procesales que surgen con motivo de la tramitación del juicio pendiente. Si bien es verdad que la tercería excluyente se encuentra vinculada al juicio que la motiva, lo cierto es que no surge como una consecuencia del procedimiento de éste, pues como ya quedó apuntado, se trata de una acción distinta a la que se ventila en aquél, que se ejerce con un interés distinto al que tienen quienes son parte en dicho juicio y que se tramita a través de un procedimiento propio. En estas condiciones, como en materia laboral las tercerías excluyentes de dominio deben ser consideradas juicios en su fondo y en su forma, entonces, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo directo, por tratarse de una sentencia definitiva, en cuanto resuelve el juicio en cuanto al fondo de la cuestión ahí planteada. Tales consideraciones emergen de la ejecutoria que da origen a la siguiente tesis de jurisprudencia: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." En consecuencia, dado que en los términos expuestos, las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, de lo anterior resulta incuestionable que de la demanda de cuenta, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al contenido de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada, pone fin al juicio. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 47 de la Ley que rige el juicio constitucional, este Juzgado se declara legalmente incompetente, por razón de vía, para conocer de la demanda de amparo en cuestión, determinándose que su conocimiento corresponde, salvo mejor opinión, al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en Materia del Trabajo, a quien deberá remitirse la misma, para los efectos legales correspondientes. Solicitándole que una vez en su poder, acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de garantías, del auto de radicación, del informe rendido por la autoridad responsable y de este acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, a fin de no retardar la impartición de justicia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del ocho de marzo de dos mil dieciocho, quedando sin efecto la misma.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito suscrito por el apoderado jurídico del tercero interesado, téngasele por señalando domicilio y autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por haciendo las manifestaciones que refiere las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Asimismo con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas del tercero interesado las que adjunta al escrito de cuenta, mismas que se tomaran en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, y a efecto de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para que la misma tenga verificativo. MLS
- Principal
agréguese a los presentes autos el informe justificado; con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva.
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