Adoración Ayala Sánchez (promovente)

Expediente 5/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
5/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Saúl Pérez Rangel
  • Adoración Ayala Sánchez (promovente)

Actuaciones

  1. Principal

    Amparo indirecto auxiliar 5/2022 Iguala de la independencia, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 5/2022; y R E S U L T A N D O I. ********************, por escrito recibido el once de junio de dos mil veintiuno, en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y otras autoridades. II. En auto del quince de junio de dos mil veintiuno, el referido órgano de control registró la demanda como el juicio de amparo ************ y la admitió a trámite; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo a las doce horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós; y, III. Mediante oficio SECNO/STCCNO/962/2022 del trece de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, apoyara en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. IV. Con motivo de lo anterior, el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, este órgano de control integró el cuaderno auxiliar ********* al que vinculó el juicio de amparo ************ del juzgado de origen mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el dictado de la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con la sesión celebrada el siete de septiembre de dos mil veintidós, comunicada mediante circular SECNO/STCCNO/962/2022 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, al aprobar el punto de acuerdo 145/2022 relativo a la propuesta de equilibrio de los asuntos en los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey; y auxilio en el dictado de sentencias a los referidos Juzgados de Distrito, así como la cantidad y temporalidad de los expedientes que las integran, modalidad de resolución y reenvío en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. También debe tomarse en cuenta que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuibles a autoridades del Estado de Nuevo León; de ahí que, por razón de materia y territorio, se surte competencia a favor del Juzgado de Distrito de origen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en concordancia con el artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Finalmente, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, son enviados para ese efecto; de ahí que éste asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente electrónico y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia publicada en la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 163998, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA". SEGUNDO. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se destaca que del análisis integral de la demanda se obtiene que el impetrante reclama: 1. A la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la vigilancia de que sus subalternos actúen conforme a derecho, sin que ello implique dejar de ejercer sus atribuciones de manera directa. 2. A la Subsecretaría de Educación Básica no vigilar el cumplimiento a la normatividad. 3. A la Subsecretaría de Planeación y Finanzas establecer beses y lineamientos de la política para la administración del personal y no velar por su cumplimiento. 4. A la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior la omisión de controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, no obstante que realiza la dirección, organización planeación y programación de éstas. 5. A la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial no coordinarse con las demás dependencias y organismos descentralizados de la administración pública, en el ejercicio de sus atribuciones. 6. A la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros la expedición de la ficha de rechazo en el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos. 7. A la Dirección de Administración Central realizar los trámites necesarios para la contratación de personal requerido por las unidades administrativas que conforman la secretaria, previo acuerdo con el director general; vigilar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas de la Secretaría y en su caso notificar las violaciones a los ordenamientos establecidos a fin de que se apliquen las medidas preventivas y correctivas. 8. La omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. TERCERO. Toda vez que los actos reclamados son de naturaleza omisiva y como tal son de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento por tratarse de hechos constitutivos que se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión; por ende, no está sujeto al término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, Por lo que respecta la ficha de rechazo de la que se duele la parte quejosa es oportuna, en razón de que fue consultada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo tanto desde esa fecha es sabedor del acto que reclama; luego, conforme a los arábigos 17, en su primer párrafo, y 18 de la ley de la materia, que establecen la regla general de quince días para la presentación de la demanda de amparo, ese plazo transcurrió a partir del día hábil siguiente, esto es, del veinticinco de mayo al catorce de junio de dos mil veintiuno, previo descuento de los días inhábiles veintinueve y treinta de mayo, cinco, seis, doce y trece de mayo todos de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; mientras que la demanda se presentó dentro de ese lapso, esto es, el once de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa es oportuna. CUARTO. Al rendir su respectivo informe justificado, el Subsecretario de Educación Básica del Estado de Nuevo León; la Subsecretaria de Desarrollo Magisterial; la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior y la Subsecretaría de Planeación y Finanzas, negaron la existencia de los actos reclamados, al manifestar que dichos actos no son de su competencia. Además, del informe justificado rendido por la Encargada de la Dirección de Administración Central, se advierte que si bien aceptó el acto que se le reclama, precisó que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, únicamente está facultada para la contratación del personal administrativo de esa dependencia; no así del personal docente, supuesto en el que se encuentra el aquí quejoso, de lo anterior se obtiene que no tiene participación en el acto que se le reclama. Bajo esas condiciones, ante la negativa de los actos reclamados de dichas autoridades y lo expuesto en el párrafo que antecede, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados precisados en los puntos 2, 3, 4, 5 y 7, únicamente por cuanto hace a el Subsecretario de Educación Básica del Estado de Nuevo León; la Subsecretaria de Desarrollo Magisterial; la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior; Subsecretaría de Planeación y Finanzas y de la Dirección de Administración Central. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Máxime que el quejoso no exhibió pruebas idóneas para acreditar las omisiones antes enunciadas, pues las aportadas por éste, a saber copia simple de la ficha de rechazo, carta de aceptación, constancia de registro en el proceso de promoción, escrito de petición con el sello de acuse del veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública y títulos de las licenciaturas en educación secundaria con especialidad en historia y en derecho emitidos por el Gobierno Constitucional de Nuevo León y por la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de ***************, constancia de la Clave Única de Registro de Población; constancia de información laboral, oficio EST61-0045/20-21, firmado por la Directora de la escuela secundaria técnica número 61, en García, Nuevo León, credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral, nombramiento como docente expedido por la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, escrito a través del cual el quejoso interpone recurso de reconsideración con sello de recepción el veintiséis de mayo de la anualidad; sin embargo, no prueban la existencia de los actos reclamados en cita, ya que en todo caso de ellas únicamente se constata la identidad del promovente, los estudios con los que cuenta, las constancias relativas al proceso de promoción, su estado laboral como catedrático de la Secretaría de Educación y la solicitud y escrito interpuestos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto de dichas autoridades y omsiones. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." QUINTO. Al rendir su respectivo informe justificado, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León a través de la dirección jurídica de dicha dependencia y el titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que hace a la citada en primer término omitió precisar si los actos reclamados eran ciertos; sin embargo, del informe justificado se aprecia que alude a la aceptación de dicho actos y la segunda acepto los mimos; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tienen por ciertos los actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis con número de registro 211004: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." SEXTO. Causas de improcedencia. Este juzgador advierte de oficio que respecto a los actos reclamados precisados en los puntos uno, seis y ocho, a saber, la vigilancia de que sus subalternos actúen conforme a derecho, sin que ello implique dejar de ejercer sus atribuciones de manera directa; la expedición de la ficha de rechazo en el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos y la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1, y 5, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". En efecto, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como una de las partes en el juicio de amparo a la autoridad responsable y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. También el citado numeral dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 1, fracción I, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el último párrafo de ese precepto establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la propia legislación. La intelección conjunta de los citados artículos 5, fracción II, y 1, fracción I y último párrafo, establecen que procede el juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridades, así como de particulares, que afecten los derechos humanos. Sirve de apoyo la siguiente tesis aislada: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, para que se esté en presencia de un acto u omisión de una autoridad para los efectos de la mencionada legislación, debe analizarse: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cobra vigencia, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Sobre esas bases, se estima que los actos que reclama el solicitante del amparo derivan de una relación de trabajo, por consiguiente, carecen de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de actos suscitados entre particulares, ya que, en el caso, el quejoso y las autoridades responsables Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León y Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, se encuentran en un mismo plano. Por lo tanto, es inconcuso que en el supuesto que plantea el solicitante del amparo, las autoridades señaladas como responsables no actúan en un plano de supra a subordinación frente al quejoso, sino en un plano de igualdad porque los actos que emitieron lo hicieron con la calidad de patrón respecto del ahora quejoso. De ahí que se estime que las autoridades mencionadas no tienen el carácter de autoridad responsable. Dicho de otro modo, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en líneas precedentes, es necesario que se cumplan con todas las exigencias que prevé en sus incisos para poder considerar a una autoridad con la calidad de responsable en el juicio de amparo y, en el particular, no se colma la prevista en el mencionado inciso a), ya que no existe una relación de supra a subordinación entre las mencionadas autoridades y el amparista, sino laboral, según se estableció. En consecuencia, lo improcedente del presente juicio de garantías radica en que el quejoso señala como actos reclamados los precisados en líneas que anteceden, los que se advierten derivan esencialmente de una relación laboral, ya que las autoridades señaladas como responsables no obran como tal, sino como patrón, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; en esa medida, las partes involucradas deben acudir ante las autoridades competentes para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, y así ambas partes estarán en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, por lo que cualquier acto que realice el patrón y que afecte a las condiciones fundamentales de trabajo (promoción en el empleo) son actos eminentemente ejercidos por las referidas en esa calidad y no como autoridad con facultades de imperio. Lo anterior se estima en ese sentido, ya que las autoridades responsables mencionadas, al emitir la convocatoria para el Proceso de Selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivo en Educación Básica sus informes justificados, informaron que el quejoso de mérito se encontraba con la calidad de docente de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. Lo que se corrobora con la copia del nombramiento a favor de *****************, a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, según su cardinal 2. Por tanto, los conflictos que se susciten entre el quejoso y las autoridades mencionadas deben ser ventilados ante las autoridades competentes ante quien dirimir esas controversias. Luego, si en el caso el quejoso reclama el incumplimiento, rechazo a un proceso de promoción y la omisión de dar contestación a una petición, es inconcuso que dichos actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro digital 2021827, de texto y rubro siguientes: "ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DETERMINACIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, DERIVADAS DE UN CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSO A UN NIVEL O CATEGORÍA SUPERIOR PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO, CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR UNA PLAZA AL QUEJOSO Y SU ENTREGA A UN TERCERO. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, y con diversos precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que un acto es de autoridad para efectos del juicio de amparo, consiste en que exista un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Ahora bien, las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha Secretaría y los docentes o servidores de la educación que aspiran a ser promovidos o ascendidos a un nivel más alto dentro de la misma estructura educativa estatal es de coordinación y no de supra a subordinación, pues: a) Deriva de una relación laboral-burocrática entre el Estado como patrón (no como autoridad o ente superior) y el servidor público como trabajador; y, b) Del artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente abrogada, se advierte que las diferencias en las relaciones de trabajo que surjan entre el personal al que se refiere la propia ley y las autoridades educativas y organismos descentralizados, se rigen por la legislación laboral aplicable y, en consecuencia, serán dirimidas ante los órganos jurisdiccionales competentes en esa materia, característica propia de las relaciones de coordinación, por lo que si el quejoso no está de acuerdo con el resultado del concurso de oposición o con sus consecuencias, puede impugnarlo por la vía laboral." Así como, la diversa tesis aislada con número de registro digital 202602, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Por tanto, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1, fracción I, y 5 fracción II, de dicha ley, se sobresee en el juicio de amparo respecto los actos reclamados consistentes la vigilancia de que sus subalternos actúen conforme a derecho, sin que ello implique dejar de ejercer sus atribuciones de manera directa; la expedición de la ficha de rechazo en el proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivo y la omisión de dar contestación a su escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Luego, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados en los puntos uno, seis y ocho, y el efecto que produce esa resolución en el proceso este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque dicha determinación constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por circunstancias ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."1 También se invoca en apoyo de la determinación adoptada la tesis localizable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, página ochenta y ocho, que informa: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por 1 Jurisprudencia 509 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco. alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por los fundamentos y motivos expuestos, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **************, contra los actos y la omisión reclamada a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley; por conducto del Juzgado auxiliado. Lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Mariano Villanueva Araujo, secretario quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual acusa recibo del oficio mediante el cual este órgano de control hizo de su conocimiento que no aceptaba la competencia planteada respecto del juicio de amparo 205/2021 de su índice, devolviéndole los autos originales de dicho sumario constitucional y los cuadernos incidentales respectivos; asimismo, informa que no insiste en declinar la competencia planteada y reanuda el procedimiento en el aludido asunto, señalando para tal efecto fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de tres años a que alude el citado precepto. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diez de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio que contiene la boleta de turno que remite la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a la que se encuentra anexo el juicio de amparo 205/2021, remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, promovido por ****, por derecho propio y en su carácter de *****, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y otras autoridades. Lo anterior por estimar, mediante determinación del dos de diciembre de dos mil veintiuno, que carece de competencia legal para seguir conociendo de ese asunto. Háganse las anotaciones correspondientes bajo el número de expediente 5/2022-II. Con apoyo en lo dispuesto en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Iguala de la Independencia, no comparte las consideraciones vertidas y, por ende, no acepta la competencia declinada. En primer término, se tiene que el acto reclamado por la quejosa es el acuerdo del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el que se le impuso una multa por el equivalente a $20,536.00 (veinte mil quinientos treinta y seis 00/100 moneda nacional), expediente laboral 1034/2012 y su ejecución. En ese sentido, a fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juzgado declinante declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo referido en párrafos que anteceden, bajo los siguientes argumentos: - Señala, que el acto reclamado encuadra en el supuesto de competencia contenido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que estipula que el Juez competente es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - Ello, porque la multa impuesta se ejecutará en Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, por ser el lugar donde radica la quejosa; máxime que se hará efectiva de su propio peculio y no del erario municipal. - Considera, que aun en el supuesto de que el cobro se realizara por medios electrónicos y no se haya señalado autoridad ejecutora en la ciudad de Iguala, entonces, será el domicilio fiscal donde se practiquen las diligencias de orden fiscal, concernientes a la quejosa. En razón de lo expuesto, se tiene que en efecto, el acto reclamado es de ejecución material, misma que fue atribuida a las autoridades Secretaría de Finanzas y Administración, Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia y su Notificador Ejecutor adscrito; todos del Estado de Guerrero, autoridades que tienen su domicilio en el Municipio de Chilpancingo; en esta entidad, lo anterior, se resalta porque en el referido domicilio ha comenzado a ejecutarse, es decir se han efectuado las diligencias para concretar su cobro. En efecto, de constancias se advierte lo siguiente: - Oficio SI/DGCCV/DEF/042/2021, signado por el Director General de Cobro Coactivo y Vigilancia, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos, de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, del que se desprende, del sello y del pie de página, que fue expedido en Chilpancingo, como a continuación se inserta: En razón de lo expuesto, es dable afirmar que el acto reclamado comenzó a ejecutarse en el Municipio de Chilpancingo, dado que ahí se emitieron las primeras actuaciones para concretar la multa reclamada. Pues, aun cuando en su momento la multa se pudiera ejecutar en el erario público municipal de Tepecoacuilco de Trujano, lo cierto es que, esa condición es incierta, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tal situación no se materializaría, por lo que se debe tener el acto reclamado como está concretizado y no, conforme a cuestiones futuras. Entonces, atendiendo a que las diligencias para realizar el cobro de la multa impuesta a la quejosa se han llevado a cabo en Chilpancingo, es claro que el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en la jurisdicción en que la Juez declinante ejerce su jurisdicción. Incluso, en el supuesto de que el acto reclamado tuviera efectos materiales en ambos municipios, el Juez competente es el que previno la demanda. Finalmente se resalta, que la quejosa no atribuyó actos de ejecución a autoridades con residencia en esta ciudad, lo que impide tener certeza de que los actos de ejecución se realizarán dentro del territorio en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Ante tales circunstancias, es evidente que no surte a favor de este órgano de control constitucional la competencia del asunto; entonces, continúa en favor del Juzgado declinante. En ese contexto, se estima que en el caso quien debe seguir conociendo de este asunto es el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Lo anterior hágase del conocimiento del Juzgado homólogo para que proceda conforme a derecho corresponda. Fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvanse los autos del expediente y cuadernos incidentales remitidos por el órgano jurisdiccional oficiante. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/5354/2021, suscrito electrónicamente por la Secretaria Técnica de dicha comisión, en unión de Manuel González Morales, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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