Adonias Paniagua Perez
Expediente 435/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Adonias Paniagua Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, certifica que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para el quejoso del veintiocho de julio al diez de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de julio de la presente anualidad. No existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No existe recurso alguno en el incidente de suspensión pendiente por resolver; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario de cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticinco de julio del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Bjm
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de julio de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 435/2017 prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas (foja 46), Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas (foja 50), agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la Unidad Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas (foja 78), Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas (foja 89) y del Delegado Estatal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas (foja 90), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la juez determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales ofrecidas por el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas (fojas 51 a 64) y por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, relativas a las constancias de la causa penal 61/2015. A lo que la juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los realizados por la representación social de la adscripción en los pedimentos que obran a fojas 95, 97 y 99. A lo que la juez determina: Ténganse reproducidos los argumentos referidos y perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 435/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Adonias Paniagua Pérez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: 1. Delegado de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal de Zacatecas. 2. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas. 3. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas. 4. Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas. 5. Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado de Zacatecas, con sede en Cieniguillas, Zacatecas. Acto reclamado: La detención ilegal sin que se le haya puesto a disposición de un juez de control o, en su caso, que no se haya resuelto su situación jurídica dentro del plazo constitucional establecido. Acto que consideró violatorio del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se registró el juicio con el expediente 435/2017 y se requirió al quejoso para que precisara el acto que reclamaba de cada una de las autoridades que señaló como responsables (fojas 10 a 16). Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecisiete (foja 26), el quejoso precisó que reclamaba: 1. Del Delegado de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal de Zacatecas, la falta de notificación de inicio de procedimiento migratorio y la ilegal detención. 2. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, la cita para comparecer el dos de mayo de este año a fin de lleva a cabo la audiencia inicial. 3. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador, la cita para comparecer el dos de mayo para comparecer el dos de mayo de este año para la audiencia inicial. 4. Del Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas, la detención realizada en su contra de manera prolongada. 5. Del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en el Estado de Zacatecas, con sede en Cieneguillas, la detención injustificada realizada en su contra. En proveído de dos de mayo de dos mil diecisiete (fojas 28 a 32), se admitió a trámite la demanda, se solicitó los informes con justificación, se dio la intervención a la representación social de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador, y del juez de distrito con dicha especialización, en funciones de juez de control, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas: a) La cita para la realización de la audiencia inicial en la causa penal 61/2015. Del Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas: b) La falta de notificación del inicio del procedimiento migratorio seguido contra el quejoso. Del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas, del Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas y del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas: c) La detención del amparista, posterior a la reposición del procedimiento decretada en la causa penal natural en la resolución de dieciocho de abril de dos mil diecisiete por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en el toca penal 12/2017. Lo anterior, porque la inconformidad toral del amparista radica en que continúa privado de la libertad con posterioridad a que fue emitida dicha resolución. TERCERO. Sobreseimiento respecto de autoridades a las que no les corresponde el carácter de responsables. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas negó la existencia de la citación reclamada, ya que adujo que no era facultad de dicho juzgador sino del juez administrador del centro referido (foja 46). El agente del Ministerio Público de la Federación, titular del a Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas negó su participación en la detención reclamada, sobre la base de que en la resolución de reposición del procedimiento de la causa penal natural no se ordenó poner al quejoso a su disposición, por lo que la afectación a la libertad reclamada deriva de lo dispuesto en la causa penal natural, lo que escapa de las facultades de esa representación social (foja 78). Por su parte, el Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos que se le atribuyen, sobre la base de que al poner a disposición al quejoso el veintiséis de septiembre de dos mil quince, en virtud de un operativo conjunto que se realizó con la Policía Federal, éste se identificó con nacionalidad mexicana, por lo que tenía las obligaciones que refería el quejoso. Lo anterior implica que dicha autoridad no ha participado en la detención del quejoso con posterioridad a que se emitió la resolución de dieciocho de abril de dos mil diecisiete por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en el toca penal 12/2017, pues únicamente aceptó la detención que dio origen a la causa penal natural, es decir, acontecida con anterioridad a la reposición del procedimiento base de la inconformidad y, por el contrario, negó de manera general los actos reclamados. De lo expuesto se advierte que las autoridades en comento negaron su participación en los actos que reclama el amparista. No obstante, como se verá, los actos reclamados que a cada una de aquéllas se atribuyen resultan ciertos en relación con autoridades diversas. De ahí que respecto de las autoridades en comento, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que su participación en los actos reclamados no se encuentra acreditada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia número I.5o.P. J/3, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primero Circuito, perteneciente a la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo vigésimo segundo, septiembre de dos mil cinco, página 1363, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO, SI NEGADO EL ACTO RECLAMADO POR ALGUNA O VARIAS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE DEMUESTRA SU EXISTENCIA RESPECTO DE OTRA U OTRAS, PUES LA CAUSAL QUE SE ACTUALIZA ES LA PREVISTA EN LA DIVERSA FRACCIÓN III DEL PRECEPTO Y LEY CITADOS. En el supuesto de que las autoridades negaran el acto que les fue atribuido, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba en contrario, y de las constancias procesales se demuestra que una diversa autoridad aceptó el mismo, esto es, que el acto reclamado sí existe, no resulta lógico ni jurídico sostener que éste, considerado como una determinación de la autoridad responsable que puede afectar la esfera jurídica del quejoso, sólo exista respecto de algunas autoridades y no en relación con otras, es decir, tal hipótesis se actualizaría sólo cuando todas las autoridades señaladas como responsables negaran la existencia del acto que se les atribuye y en autos no se demuestre lo contrario, pero no si se acredita que los actos reclamados sí existen, respecto de alguna autoridad. Consecuentemente si no se demuestra la intervención de ciertas autoridades en el juicio de amparo, se actualizará la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, pues si no emitieron, dictaron, publicaron ni ejecutaron el acto que se reclama, no puede considerárseles como responsables en el juicio de amparo, por tanto, se deberá sobreseer en términos del artículo 74, fracción III, y no de la IV, del mismo ordenamiento". Por tanto, se sobresee en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por cuanto a dichas autoridades concierne. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado identificado con el inciso b (falta de notificación del inicio del procedimiento migratorio seguido contra el quejoso). Debe sobreseerse en el juicio en relación con el acto materia del presente considerando, en virtud de que resulta inexistente. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.)IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ." El precepto transcrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: a) Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Así pues, la prueba de la inexistencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por el quejoso, conduce al sobreseimiento. Como se expuso, el Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas negó la existencia de los actos reclamados (foja 90). Lo expuesto implica la inexistencia de un procedimiento migratorio contra el quejoso y, por ende, de la omisión de notificación reclamada. Lo anterior es así, porque, se reitera, dicho delegado únicamente refirió a la puesta a disposición origen de la causa penal natural, pero no aceptó intervención alguna posterior a la reposición del procedimiento que se decretó en ésta el dieciocho de abril de este año. Sin que la negativa en comento se encuentre desvirtuada, ya que, por el contrario, como se verá, se encuentra acreditada la existencia de una causa penal seguida contra el amparista, lo que excluye que pueda existir un procedimiento migratorio contra el quejoso, al derivar su detención del proceso referido. Por tanto, al no haber acreditado la quejosa el acto reclamado -ante la negativa de éste por parte de la autoridad responsable- ni desprenderse su certeza de las constancias de los autos del juicio de origen; aquél resulta inexistente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, segunda parte, Octava Época, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página seiscientos veintisiete, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas negó la existencia del acto que se le atribuye, en virtud de que manifestó que si bien señaló fecha para la celebración de la audiencia inicial en la causa penal 61/2015 seguida contra el amparista, esto no fue fuera de procedimiento judicial y sin mediar la solicitud del agente del Ministerio Público; esto, pues tal determinación derivaba de la reposición del procedimiento ordenada en la resolución del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva que se había dictado en tal juicio (foja 89). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicho juzgador remitió las constancias relativas al expediente de información general de la causa en comento y las copias del audio y video de las audiencias realizadas en dicho procedimiento; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por su parte, el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieniguillas, Zacatecas, negó el acto que se le atribuye, consistente en la detención del quejoso, debido a que, adujo, éste se encuentra sometido a la medida cautelar de prisión preventiva en la causa penal natural, sin que la resolución de reposición de procedimiento que se dictó en dicho procedimiento hubiera decretado su libertad (foja 50). De tal manera que el director en comento aceptó que el amparista se encuentra recluido en el centro penitenciario a su cargo, lo que implica la certeza del acto reclamado, pues éste precisamente se concreta en la afectación a la libertad personal del peticionario del amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de la citación y detención reclamadas en relación con las autoridades citadas. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. El veintinueve de septiembre de dos mil quince, se celebró la audiencia inicial en la causa penal 61/2015 seguida contra el quejoso y otros, por su probable responsabilidad en el delito de tráfico de indocumentados. En dicha actuación, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de juez de control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas calificó de legal la detención del amparista, a petición de éste se resolvió en esa misma audiencia sobre la vinculación a proceso, en el sentido de determinar ésta por el delito imputado, y le impuso la medida de prisión preventiva durante todo el tiempo que durara el proceso (fojas 2 a 27 del cuaderno de pruebas). 2. El diecinueve de julio de dos mil dieciséis, se emitió el auto de apertura a juicio oral (fojas 20 a 24 del tomo de pruebas). 3. El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de tribunal de enjuiciamiento, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas sentenció al quejoso (entonces Artemio Ramírez Díaz) a una pena de prisión de ocho años tres días y a pagar una multa de cinco mil unidades de medida y actualización, por el delito de tráfico de indocumentados, en la hipótesis de transporte (fojas 74 a 101 del cuaderno en cita). 4. Inconforme con la resolución anterior, el inculpado en referencia interpuso recurso de apelación. En sentencia de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, actuando como tribunal de alzada, revocó la resolución recurrida para el efecto de ordenar la reposición del procedimiento a fin de que al inculpado (Artemio Ramírez Díaz o Adonias Panigua Pérez) se le hiciera saber el derecho que tenía para comunicarse con la oficina o representación consular de su país (El Salvador) a fin de que, en caso de ser su deseo, le brinden una asistencia inmediata y efectiva, además de que se garantice la comunicación, visita y contacto con el consulado respectivo (fojas 108 a 131). 5. En cumplimiento de la ejecutoria anterior, el juez administrador responsable señaló fecha para la celebración de la audiencia inicial de la causa penal en comento (fojas 133 a 135). La determinación anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. 6. El dos de mayo de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia inicial referida, en concreto, se calificó legal la detención del inculpado, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, se determinó la duplicidad del plazo constitucional para resolver sobre la situación jurídica de éste y se señaló fecha para tal efecto (disco DVD remitido por el juez administrador responsable). 7. El ocho siguiente, se determinó la vinculación a proceso del quejoso por el delito de tráfico de indocumentados y se sustituyó la medida cautelar impuesta por la de internamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas (disco DVD remitido por el juez administrador responsable). SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo, citación para la audiencia inicial en la causa penal natural y detención del amparista. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En efecto, el primer párrafo de la fracción citada dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De conformidad con lo dispuesto por dicho precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de garantías relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En esta instancia constitucional, entre otros, el quejoso reclama (i) la detención que sufre en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas a partir de que se decretó la reposición de la causa penal natural; y, (ii) el señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia inicial en dicho procedimiento. La inconformidad radica en los actos anteriores afectan su libertad personal, en virtud de la reposición del procedimiento que fue decretada. Sin embargo, como se reseñó, el dos de mayo de este año se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal natural en la que, en lo conducente, se calificó legal la detención y se impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Posteriormente, el ocho siguiente, se resolvió la situación jurídica del amparista, en el sentido de vincularlo a proceso por el delito de tráfico de indocumentados, y se sustituyó la medida cautelar que había sido impuesta por la de internamiento en el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas. De manera que es patente que en la causa penal natural se decidió sobre la legalidad de la detención combatida y se determinó vincular a proceso al quejoso, lo que incide directamente en la litis constitucional planteada, pues precisamente la inconformidad base de la demanda de amparo radica en la detención del amparista y en la citación de la audiencia inicial de tal procedimiento. Por tanto, es evidente que existe un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues no es posible analizar su constitucionalidad sin que dicho estudio involucrara las determinaciones destacadas, las que resultan autónomas a la presente litis constitucional y, en todo caso, subsumen las violaciones que se alegan. De ahí que la situación jurídica actual del amparista en relación con los actos que combate se encuentre regida por los términos en que se decretó su vinculación a proceso. Entonces, se insiste, su situación jurídica cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVI, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Adonias Paniagua Pérez contra los actos que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador, y del juez de distrito con dicha especialización, en funciones de juez de control, ambos del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, del Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Primera Investigadora Fresnillo de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Zacatecas y del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil en Cieneguillas, Zacatecas; consistentes en la cita para la realización de la audiencia inicial en la causa penal 61/2015, la falta de notificación del inicio del procedimiento migratorio seguido contra el quejoso y la detención del amparista, posterior a la reposición del procedimiento decretada en la causa penal natural en la resolución de dieciocho de abril de dos mil diecisiete por el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en el toca penal 12/2017, respectivamente. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero, cuarto y séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el expediente en que se actúa; y tomando en consideración que la Titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal; y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Secretaria encargada del despacho únicamente está facultada para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3153/2017, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
La licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.". NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Laura Elvia Villegas Tapia, secretaria que autoriza. Doy fe. Bjm
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