Adolfo Villanueva Hernández

Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 34 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
551/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Villanueva Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida a la luz del arábigo 77 de la Ley de Amparo. De autos se advierte que en sentencia de trece de octubre de dos mil veintidós, por una parte se negó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable, provea el eficaz e inmediato cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen; dictando todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Resolución que causó ejecutoria el catorce de noviembre de dos mil veintidós. Luego, mediante oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el dieciocho de noviembre del año en curso, el Director General de Finanzas y Administración y el Director Jurídico, ambos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, acreditaron el pago de la indemnización y la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realizó el pago correspondiente. Asimismo, el citado Director Jurídico ordenó la anotación en el expediente personal del quejoso e inscripción relativa en el Registro Nacional de Seguridad Pública en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no fue posible reinstalar; se considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Posteriormente, previo requerimiento a través del oficio 280/2022 el Director General de Finanzas y Administración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, remitió las constancias con las que se acreditó haber cubierto las cuotas y aportaciones relativas a los servicios de salud que correspondan al quejoso y sus coasegurados, por conducto de la Institución que por ley o convenio se les otorgaba. Por lo que se concluye que se cumplió con los efectos de la sentencia de amparo. Ello, pues al finiquitar la indemnización correspondiente, la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, cuotas y aportaciones relativas a los servicios de salud que correspondan al quejoso y sus coasegurados, por conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como haber ordenado la anotación respectiva en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, se considera que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Sin que las partes hayan realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1 del aludido manual, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del referido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Durango, Durango, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo que remite el encargado de la Dirección General de Finanzas y Administración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós del mes y año en curso, informa que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de manera personal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado, ante el licenciado Víctor Manuel Sarmiento Vázquez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA DOS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Durango, Durango, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo que remite el encargado de la Dirección General de Finanzas y Administración de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós del mes y año en curso, informa que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de manera personal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado, ante el licenciado Víctor Manuel Sarmiento Vázquez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.-

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense los oficios del Director General de Finanzas y Administración y del Director Jurídico, ambos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, mediante el cual informan las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En el caso, en ejecutoria de catorce del mes y año en curso, se requirió a las responsables para los efectos siguientes: Paguen al quejoso la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho; Paguen la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concrete su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Cubran las cuotas y aportaciones relativas a los servicios de salud que correspondan al quejoso y sus coasegurados, los cuales se proporcionarán por conducto de la Institución, que por ley o convenio se les otorgaba, hasta en tanto se pague la indemnización y las prestaciones referidas, como si éste hubiese estado laborando; con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud y de que dichas cuotas realicen las afectaciones a las que correspondan a las subcuentas respectivas; en el entendido que, en caso de que la legislación aplicable prevea la conservación de dichos derechos, el plazo de conservación deberá computarse a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Realicen u ordenen la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública o en cualquier otro de la misma naturaleza, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo. Luego, de lo oficios de cuenta se advierte que las responsables cumplieron parcialmente con la determinación en comento, pues únicamente acreditaron el pago de las prestaciones contenidas en los puntos uno y dos, así como la orden de anotación en el expediente personal e inscripción relativa en el en el Registro Nacional de Seguridad Pública (punto cuatro). Sin embargo, en lo relativo a las Cuotas y Aportaciones para el reconocimiento de antigüedad del aquí quejoso ante Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, únicamente se advierte que el Director General de Finanzas y Administración de la Fiscalía Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, solicitó el cálculo de las mismas, siendo omisa en remitir las constancias que acrediten que dicha prestación quedo cubierta. En ese sentido, requiérase al referido Director, para que en un término de cinco días computado legalmente, realice las gestiones necesarias y remita las constancias que acredite que se cumplió cabalmente con lo anterior, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), vigente en la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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