Adolfo Tirado Sandoval

Expediente 7/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
7/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
21/05/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Tirado Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el nueve de abril de dos mil diecinueve, se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados del Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, en acatamiento al punto Tercero del artículo Vigésimo Primero, del acuerdo general invocado, dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, así como el duplicado, se considera susceptible de destrucción, en el término de seis meses, en atención a la fracción III, del artículo Vigésimo del referido acuerdo. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, nueve de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Vistos el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveídos de quince de febrero y ocho de marzo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. II. Efectos del fallo protector. En la ejecutoria dictada por la superioridad en autos de la revisión 388/2018, se concedió a Adolfo Tirado Sandoval, el amparo solicitado, para que la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, es evidente que no se cumplió con las exigencia constitucional de motivar adecuadamente el acto reclamado, por ende, se impone revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso Adolfo Tirado Sandoval la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Publico encargada de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, deje insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, en donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas; hecho lo anterior, dicte otro en la que corrija las irregularidades en que ocurrió. Sobre el particular es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.6798 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGE TALES VICIOS SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y emitir una nueva subsanando la irregularidad emitida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva la instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otras sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. Protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, por reclamarse en vía de consecuencia y no por vicios propios. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Es decir, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, debía dejar insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas y dictar otro en la que motivara adecuadamente el acto reclamado, esto es, establecer en cuál hipótesis se ubica el citado bien, señalar cuáles datos de prueba permiten discernir esa conclusión, establecer cuál es la vinculación que existe entre los hechos investigados y el objeto que se pretende asegurar, con el fin de determinar la calidad que tiene el bien relacionado al presente juicio de amparo, esto es, como instrumento, objeto o producto del delito, o en su caso, si es un bien en el que existen huellas que pudieran tener relación con el delito. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: El Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 83/2018, remitió resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde se dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato, a fin de no seguir afectando derechos de los indiciados respecto al multicitado inmueble, girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. La Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, anexando las copias certificadas del debido cumplimiento. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable, atendió los efectos de la ejecutoria dictada por la superioridad y dictó otro en el que consideró que el aquí quejoso acreditó los derechos que tiene sobre el inmueble en mención, y ordenó levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral de éste; por tanto, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo las consideraciones de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, a través del oficio 83/2018, comunicó que emitió la resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato; girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. Así también, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, para lo cual anexó copias certificadas del debido cumplimiento. V. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. VI. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VII. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. X. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad. XI. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. XII. Vista a las partes. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida, y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO ADOLFO TIRADO SANDOVAL Y AL TERCERO INTERESADO DANIEL MORALES MENDOZA, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, nueve de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Vistos el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveídos de quince de febrero y ocho de marzo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. II. Efectos del fallo protector. En la ejecutoria dictada por la superioridad en autos de la revisión 388/2018, se concedió a Adolfo Tirado Sandoval, el amparo solicitado, para que la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, es evidente que no se cumplió con las exigencia constitucional de motivar adecuadamente el acto reclamado, por ende, se impone revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso Adolfo Tirado Sandoval la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Publico encargada de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, deje insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, en donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas; hecho lo anterior, dicte otro en la que corrija las irregularidades en que ocurrió. Sobre el particular es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.6798 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGE TALES VICIOS SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y emitir una nueva subsanando la irregularidad emitida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva la instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otras sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. Protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, por reclamarse en vía de consecuencia y no por vicios propios. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Es decir, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, debía dejar insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas y dictar otro en la que motivara adecuadamente el acto reclamado, esto es, establecer en cuál hipótesis se ubica el citado bien, señalar cuáles datos de prueba permiten discernir esa conclusión, establecer cuál es la vinculación que existe entre los hechos investigados y el objeto que se pretende asegurar, con el fin de determinar la calidad que tiene el bien relacionado al presente juicio de amparo, esto es, como instrumento, objeto o producto del delito, o en su caso, si es un bien en el que existen huellas que pudieran tener relación con el delito. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: El Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 83/2018, remitió resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde se dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato, a fin de no seguir afectando derechos de los indiciados respecto al multicitado inmueble, girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. La Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, anexando las copias certificadas del debido cumplimiento. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable, atendió los efectos de la ejecutoria dictada por la superioridad y dictó otro en el que consideró que el aquí quejoso acreditó los derechos que tiene sobre el inmueble en mención, y ordenó levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral de éste; por tanto, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo las consideraciones de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, a través del oficio 83/2018, comunicó que emitió la resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato; girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. Así también, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, para lo cual anexó copias certificadas del debido cumplimiento. V. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. VI. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VII. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. X. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad. XI. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. XII. Vista a las partes. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida, y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de Ley

  4. Principal

    CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO ADOLFO TIRADO SANDOVAL Y AL TERCERO INTERESADO PROMOTORA SINALOENSE S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE RAFAEL PE´RES MONTIEL, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, nueve de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Vistos el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveídos de quince de febrero y ocho de marzo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. II. Efectos del fallo protector. En la ejecutoria dictada por la superioridad en autos de la revisión 388/2018, se concedió a Adolfo Tirado Sandoval, el amparo solicitado, para que la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "[.] Por tanto, es evidente que no se cumplió con las exigencia constitucional de motivar adecuadamente el acto reclamado, por ende, se impone revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso Adolfo Tirado Sandoval la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable agente del Ministerio Publico encargada de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, deje insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, en donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas; hecho lo anterior, dicte otro en la que corrija las irregularidades en que ocurrió. Sobre el particular es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.6798 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN NUEVA QUE PURGE TALES VICIOS SI SE REFIERE A LA RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la protección constitucional por falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y emitir una nueva subsanando la irregularidad emitida, cuando la resolución reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho de petición o que resuelva la instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otras sin esas deficiencias pues, de lo contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. Protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, por reclamarse en vía de consecuencia y no por vicios propios. Apoya a lo considerado, la jurisprudencia II.3o. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Es decir, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, debía dejar insubsistente el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, donde se decretó la medida provisional de aseguramiento del derecho registral con número 101, Tomo 1187, Sección I, del registro Público de la Propiedad y del Comercio en Mazatlán, Sinaloa, respecto del inmueble compuesto por una superficie de 13-27-85.17 hectáreas y dictar otro en la que motivara adecuadamente el acto reclamado, esto es, establecer en cuál hipótesis se ubica el citado bien, señalar cuáles datos de prueba permiten discernir esa conclusión, establecer cuál es la vinculación que existe entre los hechos investigados y el objeto que se pretende asegurar, con el fin de determinar la calidad que tiene el bien relacionado al presente juicio de amparo, esto es, como instrumento, objeto o producto del delito, o en su caso, si es un bien en el que existen huellas que pudieran tener relación con el delito. III. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se le concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que realizó lo siguiente: El Agente del Ministerio Público Encargado de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 83/2018, remitió resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde se dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato, a fin de no seguir afectando derechos de los indiciados respecto al multicitado inmueble, girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. La Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, anexando las copias certificadas del debido cumplimiento. IV. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De lo anterior, se aprecia que la autoridad responsable, atendió los efectos de la ejecutoria dictada por la superioridad y dictó otro en el que consideró que el aquí quejoso acreditó los derechos que tiene sobre el inmueble en mención, y ordenó levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral de éste; por tanto, lo procedente es tener por cumplido el fallo protector, al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Esto es, atendiendo las consideraciones de la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, a través del oficio 83/2018, comunicó que emitió la resolución de veintitrés de enero del año en curso, donde dictó un nuevo acuerdo dentro de la carpeta de investigación MAZTL/UEDP/001431/17, dejando sin efecto el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, ordenando levantar el aseguramiento precautorio y/o inmovilización registral del inmueble en trato; girándose el oficio correspondiente al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad. Así también, mediante oficios RPP/MAZ/7870/2019 y RPP/MAZ/7938/2019, la Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en esta ciudad, informó la cancelación del aseguramiento del inmueble bajo el número de inscripción 133, Tomo 1045, Sección II, para lo cual anexó copias certificadas del debido cumplimiento. V. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. VI. Orden de depuración o destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en su capítulo Quinto, puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. VII. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo General Conjunto, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. VIII. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. IX. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. X. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales, de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad. XI. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. XII. Vista a las partes. Dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida, y con base en el numeral 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese en términos de Ley

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