Adolfo Salmeron Vargas
Expediente 798/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adolfo Salmeron Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, en relación al original del cuaderno incidental que deriva del presente, en términos del artículo 21, inciso c) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que en la especie se negó la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, transcurrido el periodo de conservación de tres años descrito en líneas precedentes, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción previa formulación del acta y relación correspondiente.Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirá. Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Cúmplase. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de veintidós de noviembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo del oficio 35297/2022, girado a fin de notificar a la autoridad responsable foránea la sentencia dictada en este expediente, en la que se sobreseyó el juicio por cuanto a ésta responsable se refiere, pues es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE" (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214). Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, incisos a) y c), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el original y duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal y original del incidente de suspensión, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva, previa formulación del acta y relación correspondiente. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
En la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, a las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 798/2022-IV, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. Es innecesario que la presente audiencia se desarrolle vía videoconferencia, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Demanda de amparo (fojas 1 a 10); acuerdo de prevención de veintinueve de agosto pasado (fojas 12 a 13); escrito aclaratorio (foja 17); auto admisorio de ocho de septiembre de dos mil veintidós (fojas 18 a 21); informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, con sede en Zihuatanejo (fojas 32 y 45 a 66); proveídos de trece y dieciocho de octubre de este año, en los cuales se tuvieron por rendidos y con sus contenidos se dio vista a las partes (fojas 33 y 68); escritos firmados por la tercera 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ interesada Tania Salas Torres, por su propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada identificados con las iniciales C. J. S. S. y N. S. S., mediante el cual se apersona a juicio, señala domicilio, designa autorizado y formula alegatos (fojas 36 a 40 y 74 a 80); autos en los que se difirió la audiencia constitucional; y constancias de notificación a las partes. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver en definitiva este sumario. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La Secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza dichas probanzas. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria da cuenta con los formulados por la tercera interesada. ACTO SEGUIDO, LA JUEZA DE DISTRITO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 798/2022-IV, promovido por Adolfo Salmerón Vargas, por derecho propio, en contra de actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo, Guerrero; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, y remitido el veintiséis siguiente, por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Adolfo Salmerón Vargas, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- Ordenadora: Tiene tal carácter el ciudadano Juez Primero Familiar de primera instancia del Distrito Judicial de Azueta, con domicilio bien conocido en avenida Paseo del Bicentenario, número 03, colonia El Limón, de la ciudad de Zihuatanejo, Guerrero. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- le reclamo a la autoridad 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? responsable, lo siguiente: El proveído de trece de julio de dos mil veintidós, publicado el cuatro de agosto del mismo año, dictado por el juzgador responsable, dentro del expediente incidente número 423/2019-II, relativo al incidente de pensión alimenticia, de cuyo acto reclamado, derivada la violación clara y manifiesta a mis derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de nuestro Código Político." Por otra parte, en el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, en lo que interesa manifestó: "[.] Que a través del presente ocurso, estando dentro del término legalmente concedido, vengo a desahogar la prevención que se me mandó dar mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en el sentido de que aclare quien o quienes son las personas que figuran como quejosos en esta instancia constitucional, por lo que para tal efecto manifiesto que el presente juicio de amparo lo reclamo solamente por propio derecho por lo que el suscrito tengo el carácter de único quejoso. [...]" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo desahogo de prevención, mediante proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda instaurada, la cual quedó registrada con el número 798/2022-IV; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.3 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención de la promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Abril de 2000, Tomo XI, página 32) En esa tesitura, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: ? El acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del incidente de alimentos derivado del expediente 423/2019-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Tania Salas Torres, en contra del aquí quejoso Adolfo Salmerón Vargas, en el que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, rechazó de plano el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia interlocutoria de cinco de mayo de dos mil veintidós, en la que, se declaró procedente el pago de las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas a cargo de dicho quejoso. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la 3 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? demanda. La demanda es oportuna, toda vez que el acto reclamado se notificó al promovente el cuatro de agosto de dos mil veintidós. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiséis de agosto de dos mil veintidós, sin considerar en dicho cómputo el trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto del año actual, por ser sábados y domingos respectivamente, días inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, la demanda se presentó oportunamente el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, esto es, dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS . TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Azueta, residente en Zihuatanejo, Guerrero, aceptó la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 749, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. "4 . Lo que se corrobora con las documentales públicas que anexó, consistentes en copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio de origen, entre las que se 4 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Época: Quinta Época. Registro: 1002815. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto. Materia(s): Común. Tesis: 749. Página: 830. 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ encuentra la determinación de trece de julio de dos mil veintidós, que obra a foja 65, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron emitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página 153). SEXTO. Causal de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asiste razón a la tercera interesada Tania Salas Torres, por sí y en representación de los menores C.J.S.S. y N.S.S., en cuanto a que en el caso se demuestra la causal de improcedencia prevista en la fracción, XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El precepto legal transcrito, tutela el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo en materia jurisdiccional, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, principio que en el caso sometido a análisis no se acató. Efectivamente, a partir del nuevo horizonte garantista que se vislumbra en el Estado Mexicano con motivo de las reformas a los artículos 1o., 103 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el numeral 1o. que cambia la forma de concebir, interpretar y aplicar las normas relacionadas con los derechos humanos, se abandona el concepto de "Garantías individuales" para intitularse "De los derechos humanos y sus garantías", incorporando al ordenamiento los valores, principios y fines del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la nueva normatividad en derechos humanos no es incompatible con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ni se opone en forma alguna a éste, sino por el contrario, es parte de los derechos fundamentales de seguridad jurídica, de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva que 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ deben ser considerados como bienes constitucionalmente tutelados, en conjunto, de manera interdependiente e indivisible, pues de los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando contra el acto reclamado, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, principio que encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de nivel constitucional. Por tanto, previamente a su promoción, el quejoso debe acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En consecuencia, el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1° y 103° constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, de manera que, incluso en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad en sede interna. Así se desprende de la jurisprudencia 44/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo I, página 729, registro 2001155, cuyo rubro y texto dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVA. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Ahora bien resulta necesario hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, mismos que se precisan a continuación: 1. En sentencia interlocutoria de cinco de mayo de dos mil veintidós, dictada en el expediente 423/2019-II, derivado del juicio de divorcio incausado promovido por Tania Salas Torres en contra del aquí quejoso, la autoridad responsable, determinó la procedencia del pago de las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas a cargo de Adolfo Salmerón Vargas; aprobó la planilla de liquidación del pago de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas y, requirió al impetrante del amparo el cumplimiento voluntario de la condena. 2. Inconforme con esa determinación, por escrito presentado doce de julio de dos mil veintidós, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación. 3. En auto de trece de julio de dos mil veintidós, el cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, el Juez responsable, determinó lo siguiente: "[.] Por recibido el escrito de ADOLFO SALMERON VARGAS, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 9° Fracción IV del Código Adjetivo Civil de la Entidad, se rechaza de plano el recurso de apelación que interpone en contra de la sentencia interlocutoria de cinco de mayo del año que transcurre, en virtud de que, de la certificación de doce de los corrientes, se advierte que lo hace fuera del término concedido para ello, debiendo estarse a lo pronunciado en el proveído de esa misma fecha. Sin que sea óbice a lo anterior, su manifestación respecto a que dicha interlocutoria le fue notificada el cinco de julio del año actual, dado que, del acta circunstanciada de esa misma fecha, signada por la 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ licenciada OFELINA AVILA MARIN, secretaria actuaria adscrita a este Juzgado, se desprende que la notificación ahí realizada fue únicamente por cuanto hace al requerimiento ordenado en el tercer punto resolutivo de la multicitada interlocutoria, ya que ésta le fue notificada el dieciséis de mayo del año que transcurre, tal como consta en la razón actuarial de esa misma fecha. [.]". Esto es, en el acto reclamado, la responsable rechazó de plano el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso en contra de la sentencia interlocutoria de cinco de mayo de dos mil veintidós. Con relación al precisado acto reclamado, es necesario transcribir en la parte que interesa los artículos 399 y 402, fracción VI, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, los que establecen: "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: III. Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; IV. Contra la denegación de la apelación; y III. En los demás casos fijados por la ley. La queja en contra de los juzgadores procede aún cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación." "Artículo 402.- Tramitación del recurso de queja contra el juzgador. El recurso de queja contra el juzgador se sujetará a las siguientes reglas: (.) VI. La resolución de la queja tendrá por efecto, confirmar, corregir o reponer los actos que la motiven." De los preceptos legales transcritos, se advierte que, dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, se encuentra el de queja, que procede en contra de la denegación de la apelación. 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? Así las cosas, contra la determinación que niegue la admisión de un recurso de apelación, procede el recurso de queja, que puede tener por efecto que el superior del juez responsable, confirme, corrija o reponga la resolución impugnada, según se puede establecer del numeral 402, fracción VI, del citado código adjetivo civil del Estado de Guerrero. De lo anterior se concluye, que antes de acudir al juicio de amparo, el acto reclamado (en el que se rechazó el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso) era susceptible de ser controvertido a través del recurso de queja a que se refieren los artículos 399 y 402 Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, de ahí que el impetrante previamente a promover el juicio de amparo, estaba obligado a agotar el medio de impugnación aludido, en contra de la determinación reclamada y, al no hacerlo, no cumplió con el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo en el artículo 61, fracción XVIII, así como el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, en el caso no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; no se trata de una persona extraña al procedimiento y, la procedencia del recurso de queja no se sujeta a interpretación adicional del precepto que la contempla y éste no es insuficiente para determinarla porque dispone claramente que procede en contra del auto que deniega la apelación como sucede en el caso. De ahí que no se surte ninguna hipótesis de excepción. En esas condiciones, se demuestra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, respecto al precisado acto. Cobra aplicación en este supuesto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 1117, Novena Época, con número de registro 189892, cuyo rubro y texto precisan: 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ "QUEJA, EL AUTO QUE NIEGA DAR ENTRADA A UN RECURSO DE APELACIÓN ES RECURRIBLE EN, Y NO EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). El auto por el cual no se da entrada al recurso de apelación, se traduce en una denegada apelación; consecuentemente, con estricto apego a la fracción II del numeral 399 del Código Procesal Civil de la entidad, ese proveído es recurrible en queja y, por tanto, puede ser corregido u ordenarse su reposición mediante la resolución que se dicte en dicho medio de impugnación, tal como lo dispone la fracción VI del artículo 402 del código procesal de referencia. Por tanto, el juicio de amparo que se promueve en contra del auto que deniega dar entrada a un recurso de apelación resulta improcedente, al actualizarse la causal prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ello, es correcto que el Juez de Distrito, con fundamento en el numeral 145 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, deseche la demanda de amparo, al advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías." También es aplicable la tesis XXI.2o.24 C, que integró el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, editada en la página 1077 del Tomo XIII, Mayo de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 189815, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL INTENTADO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN, DICTADO POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA O EL PRESIDENTE DE LA SALA AD QUEM, POR SER RECURRIBLE MEDIANTE LOS RECURSOS DE QUEJA Y RECONSIDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación armónica de los artículos 389 in fine y 399, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Número 364, se colige que el auto por el cual el Juez de primera instancia tiene por no interpuesta la apelación, es recurrible en queja. En cambio, cuando el mismo proveído es dictado en segunda instancia por el presidente de la Sala respectiva, entonces, el medio de impugnación que corresponde interponer es el diverso recurso de reconsideración establecido en el artículo 383 del ordenamiento adjetivo de referencia. En consecuencia, de no agotarse previamente tales recursos, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueva contra la resolución que niega la admisión de la apelación, en razón de que conforme al principio de definitividad, antes de promoverse el amparo deben agotarse los aludidos recursos o medios de defensa que la ley ordinaria previene, siendo por consiguiente correcto el desechamiento de la demanda de amparo que se promueva contra la citada resolución, al actualizarse la causal a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que implica un motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Al haberse decretado el sobreseimiento, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente imposibilitado para 20/03/24 15:20:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ WordSISE ??A???????????? realizar el estudio del concepto de violación planteado, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por *****, por derecho propio, en contra del acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del incidente de alimentos derivado del expediente 423/2019-II, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por *****, en contra del aquí quejoso *****, en el que se rechazó de plano el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia interlocutoria de cinco de mayo de dos mil veintidós, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por la tercero interesada *****, por sí y en representación de los menores *****, mediante el cual realiza diversas en manifestaciones. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por reproducidas sus manifestaciones, en calidad de alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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