Adolfo Romero Mariscal Tornel

Expediente 947/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
947/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
11/08/2017

Partes del expediente

  • Adolfo Romero Mariscal Tornel

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que se anexa una copia certificada y tres simples del testimonio de la resolución dictada en el toca R.A. 419/2015, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 2217/2014, en dos tomos, del índice de este juzgado y con un legajo de pruebas; al respecto, acúsese recibo, y hágase del conocimiento de las partes que la citada Superioridad, mediante resolución de quince de junio de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida dictada el doce de agosto de dos mil quince, terminada de engrosar el treinta y uno siguiente, por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo indirecto 2217/2014. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a Héctor Guillermo Maldonado Loyo, para el efecto precisado en el considerando séptimo de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva presentado por la autoridad tercero interesada Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República. Notifíquese;." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, el cual se encuentra formado por ciento once fojas hasta su certificación, y tomando en consideración que se trata de una reproducción de las actuaciones que obran en el juicio principal, se determina que las mismas son susceptibles de destrucción, de ahí que únicamente se glosan las constancias respectivas a partir de la foja ciento doce al ser éstas actuaciones originales. En atención, a lo resuelto por la superioridad, en principio, debe tenerse presente que la ejecución de las sentencias es una cuestión de orden público, en razón de que tales decisiones representan el resultado del mecanismo mediante el cual el Estado resuelve los conflictos suscitados entre particulares, o bien, entre gobernados y autoridades, restableciendo con ello la vigencia efectiva del orden jurídico que fue infringido. En ese sentido, con el objeto de que las autoridades responsables demuestren el acatamiento del fallo protector, la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece que en la notificación que se haga a éstas respecto del auto por el que la sentencia respectiva cause ejecutoria o se reciba el testimonio de la resolución dictada en la revisión que se haya interpuesto, se les requerirá para que dentro del plazo de tres días acrediten tal circunstancia, apercibiéndolas de que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a aquéllos que ejercen el cargo de mérito una multa que se determinará desde luego, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin embargo, existen supuestos en los que los efectos para los cuales fue otorgada la protección constitucional en el juicio en que se actúa reportan determinada complejidad, atendiendo a las gestiones que requieren ser realizadas por las autoridades responsables, con el propósito de estar en aptitud de llevar a cabo los extremos precisados en la ejecutoria de mérito, resultando el referido plazo de tres días insuficiente para que determinada enjuiciada esté en aptitud de demostrar su acatamiento. Ante esa circunstancia, el párrafo cuarto del citado ordinal 192 de la legislación en consulta, prevé que el juzgador de amparo puede tomar en cuenta la complejidad o dificultad que puede existir para acreditar el acatamiento de la ejecutoria de amparo, en virtud de los términos en que fueron otorgados los efectos concesorios de dicha determinación. Hipótesis que además encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que cuando el incumplimiento de la autoridad responsable sea justificado, se le otorgará un plazo razonable a efecto de que proceda conforme corresponde, el cual podrá ampliarse a solicitud de la enjuiciada. Sobre esa premisa, cabe destacar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 297, contempla los plazos de diez y tres días que el juzgador puede otorgar a las partes para los fines que ahí se especifican. De lo que se colige, que el término más amplio que se señala en el referido numeral 297, del código adjetivo en consulta es el que se contempla en su fracción I, esto es, el de diez días. Explicado lo anterior, conviene mencionar que en el caso particular, los efectos para los cuales se otorgó la protección constitucional reportan una complejidad considerable, pues para cumplir con los términos del fallo protector, es necesario que la autoridad responsable realice diversos actos de colaboración a efecto de cumplir con los extremos del fallo protector dictado en autos, por lo que se estima que el plazo de tres días citado es insuficiente para tal efecto. En ese sentido, cabe precisar que los efectos del amparo emitidos por el Tribunal de Alzada, son los siguientes; ".para el efecto de que se devuelvan los autos a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra en la que revise si la sentencia de nulidad está debidamente cumplida. Lo anterior se traduce en que analice si la indemnización otorgada a la parte actora está debidamente pagada, a la luz de los años realmente laborados y cotizados, incluyendo las demás prestaciones a que tiene derecho; así como que la autoridad demandada haga entrega de la constancias en donde se adviertan los pagos realizados por concepto de aportaciones de seguridad social." En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, devuélvanse a la autoridad responsable Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las actuaciones originales del juicio de nulidad 32182/12-17-03-6, de su índice, previa constancia que por su desglose se asiente en autos, para lo cual se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, y de la misma forma, se le instruye para que levante la razón correspondiente de dicha entrega, sin que sea necesario acuse de recibo, toda vez que dicha razón asentada por el actuario, hace las veces del mismo. Atento a lo anterior, y tomando en consideración la complejidad de las actuaciones que la autoridad responsable debe realizar en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, así como a la naturaleza de la determinación que se debe dictar para su acatamiento, con fundamento en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, requiérase a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en su carácter de autoridad responsable, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente auto, acredite ante este juzgado con constancias fehacientes el cumplimiento del fallo protector, cuyos efectos son los siguientes: Deje insubsistente la resolución reclamada y emita otra en la que revise si la sentencia de nulidad está debidamente cumplida.(...) Bajo el apercibimiento... Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa sean remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de las autoridades omisas. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficios SEADS/321/2016 y SEADS/391/2016, el secretario Ejecutivo de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión ordinaria de la Comisión de Adscripción del citado consejo, celebrada el diez y diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se determinó la primera adscripción del licenciado Germán Cruz Silva, como titular de este órgano jurisdiccional con efectos a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado el auto de prevención; en consecuencia se tiene por no presentada la demanda de garantías. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado; por tanto, requiérase a las autoridades responsables, apercibidas; por otra parte, requiérase a la parte quejosa para el efecto de que manifieste si ratifica la demanda de amparo y por el término de cinco días para el efecto de que aclare su demanda de amparo, se le apercibe. Notifíquese personalmente.

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