Adolfo Rivera Delín
Expediente 473/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adolfo Rivera Delín
- Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de octubre del año en curso, en la que se negó el amparo, sin que lo haya hecho. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones III primer párrafo y IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de depuración, al haberse negado el amparo en el presente juicio, mientras que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se hará con posterioridad al VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del toca 593/2018, de su índice; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvanse a la autoridad de mérito, sin que sea necesario que acuse recibo, en virtud de que en autos obrará la constancia de notificación del oficio que al efecto se gire.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por Teodulfo Rafael García Domínguez, en su carácter de apoderado legal de la persona moral tercera interesada Banco Nacional de Comercio Exterior Sociedad Nacional de Crédito, mediante el cual solicita que se le expida copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, autorizando a las personas que designa en su ocurso de mérito para recibirlas, quienes deberán identificarse con documento oficial vigente con fotografía, y firmar por su recibo en autos, para debida constancia. Por otro lado, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 26828/2018, de veinticinco de octubre pasado, a través del que le fue notificada la sentencia dictada en esa misma data.
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Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Adolfo Rivera Delin, contra el acto reclamado de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, atento a los argumentos y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el licenciado Jorge Holder Gómez, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, hasta hoy veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores de éste órgano jurisdiccional, quien firma ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante oficio 17880/2018, presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y recibido por razón de turno en este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, el mismo día, el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, con motivo de la declaración de incompetencia, remitió la demanda de amparo promovida por Adolfo Rivera Delin, en contra de la siguiente autoridad: NO. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO 1 Magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 40 Acepta De quien reclama lo siguiente: "La ilegal e infundada resolución de fecha 30 de Abril del año 2018, dictada dentro del toca número 593/2018 del índice de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz." En la propia demanda, la parte quejosa señaló como violados en su perjuicio, los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA, REGISTRO Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado Decimoquinto de Distrito, aceptó la competencia declinada por el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, registró la demanda de amparo bajo el número 473/2018, la admitió a trámite, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General número 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en virtud de que los dispositivos legales antes referidos establecen que los Juzgados de Distrito serán competentes para conocer de juicios de amparo en cuya jurisdicción deba tener lugar la ejecución del acto reclamado, y si el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene su residencia en el territorio en donde ejerce su jurisdicción este órgano judicial así como sus efectos se surten en la misma circunscripción territorial, resulta inconcuso que el suscrito juzgador es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000,de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Del análisis integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables, se aprecia que la parte accionante de amparo reclama lo siguiente: La resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictada en el toca 593/2018, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que confirmó la resolución dictada en el incidente de oposición a la medida precautoria decretada en el juicio ordinario civil 585/2017, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia, de Huatusco, Veracruz, la cual declaró procedente el incidente planteado por la contra parte del aquí quejoso y determinó la cancelación de la medida precautoria ordenada en el juicio de referencia. Ahora, habiéndose precisado el acto que el quejoso reclama en el presente biinstancial, lo que procede es analizar su existencia o inexistencia, por tratarse de un presupuesto procesal necesario para el estudio sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable denominada Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les atribuye, por lo que así deberá tenérseles para todos los efectos de la presente sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Primera parte, Sexta Sección, Procedimiento de amparo indirecto, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, debe analizarse de oficio si se actualiza alguna causa de improcedencia, conforme lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo; hecho ello, se indica que en el presente juicio las partes no alegan causa de improcedencia alguna, ni el suscrito advierte de oficio su existencia, razón por la cual debe procederse al estudio del acto reclamado. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. En este punto es preciso destacar los antecedentes del acto reclamado, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita a las partes conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, Adolfo Rivera Delin, demandó la prescripción negativa para la liberación del pago por la compraventa del terreno ubicado en el municipio de Coscomatepec de Bravo, Veracruz conocido con el nombre de "Molino del Refugio", así como del terreno y casa en él construida, situado en la calle Gutiérrez Zamora, sin número, de Coscomatepec de Bravo, Veracruz, la declaración judicial de la posesión de dichos bienes y el pago de los gastos y costas, solicitando como medida precautoria que se girara oficio al Registro Público de la Propiedad para el efecto de que no se hiciera movimiento alguno sobre los citados bienes inmuebles. Mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dio curso a la vía promovida por el aquí quejoso, la radicó bajo el expediente 585/2017/II, de su estadística, y decretó la medida solicitada respecto de los bienes inmuebles de referencia. A través de los escritos presentados el diez de noviembre de dos mil diecisiete, Teodulfo Rafael García Domínguez en su carácter de apoderado legal del Banco Nacional de Comercio Exterior Sociedad Nacional de Crédito, promovió incidente de oposición a la medida precautoria y dio contestación a la demanda instaurada en contra de su representada. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dejó a vista del aquí quejoso el escrito de contestación de referencia, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, así como para que diera contestación al incidente de mérito. El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la autoridad responsable el escrito mediante el cual el aquí quejoso, actor en el juicio de origen, desahogó la vista que le dio el juez del asunto. Luego, el doce de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia incidental. El quince de febrero de dos mil dieciocho, la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, resolvió el incidente de oposición a la medida precautoria, promovido por la parte aquí tercera interesada, declarando procedente el referido incidente, y como consecuencia ordenó la cancelación del oficio que giró al encargado del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Por escrito presentado ante la juez responsable el veinte de febrero de dos mil dieciocho, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación en contra de la resolución incidental de referencia, el cual fue admitido en efecto devolutivo por la autoridad responsable, mediante acuerdo de uno de marzo de la misma anualidad. Así, por auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, radicó el citado medio de impugnación bajo el número de toca 593/2018. Por resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho -que constituye el acto reclamado-, los magistrados que integran la referida sala, confirmaron la determinación incidental de quince de febrero de esta misma anualidad, emitida por la Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. De inicio, es importante advertir que en el presente asunto debe observarse el principio de estricto derecho que rige en el juicio de amparo, conforme al artículo 107 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79 la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario. El principio a que se ha hecho mención, impone que el juzgador debe estudiar la constitucionalidad del acto reclamado únicamente a la luz de los argumentos expuestos en los conceptos de violación, tratándose de la resolución del juicio, y si se trata de un recurso, el revisor debe resolver tomando en cuenta exclusivamente los agravios expuestos; sin embargo, el principio de estricto derecho admite diversas excepciones, reunidas todas ellas en la institución de la suplencia de la queja deficiente. Para determinar si en un juicio de amparo debe suplirse la deficiencia de la queja, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio." En el caso en particular, no se actualiza ninguna de las hipótesis mencionadas. Se afirma lo anterior, pues es patente para el suscrito que el acto reclamado no se encuentra fundado en la aplicación de una norma general que haya sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de los Plenos de Circuito. Asimismo, no se actualizan las hipótesis marcadas con los números romanos III, IV y V, que establecen la suplencia en materia penal, agraria y laboral, respectivamente, en razón de que el acto aquí reclamado se encuentra dentro del ámbito de la materia civil. De igual manera, no se actualiza lo establecido en las fracciones II y VII, pues de autos se desprende con claridad que el quejoso es una persona mayor de edad, aunado a que no se encuentra acreditado que sea una persona incapaz, ni tampoco se alegó y mucho menos se acreditó que esté en condiciones de pobreza o marginación, y que por ello se encuentre en una clara desventaja social para su defensa en el presente juicio, máxime que se aprecia de autos que cuenta con la asesoría de un abogado particular, que se presume sus servicios son remunerados, datos por los que no es factible considerar demostrada la excepción de que se trata. Así también, del análisis de las constancias que obran agregadas en el presente juicio de amparo, es notorio que no se actualiza la fracción VI, que en lo conducente dispone que deberá de suplirse la deficiencia de la queja cuando se advierta una violación evidente de la Ley, que haya dejado al quejoso sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, en razón de que se advierte que en todo momento el aquí quejoso ha tenido acceso al expediente de origen, pues es quien instó el procedimiento del que emana el acto reclamado, y por lo tanto ha estado en condiciones de hacer valer los derechos y defensas que a sus intereses hubieran convenido. Ahora bien, como se precisó anteriormente, el presente juicio de amparo debe analizarse únicamente a la luz de los conceptos de violación realizados por la parte quejosa, sin que en el caso deba suplirse la deficiencia de la queja, por tratarse de una persona mayor de edad, de quien no existe dato del que se advierta que no cuente con capacidad jurídica, ni así tampoco, que se encuentre en alguno de los otros supuestos establecidos por el precepto legal antes analizado, por las razones ya expuestas. Entonces, de la lectura efectuada al capítulo de conceptos de violación formulado por la parte quejosa en su escrito de demanda, el suscrito juzgador advierte que éstos, son una repetición de los agravios que se hicieron valer al interponer el recurso de apelación del que deriva la resolución reclamada. Ello es así puesto que el quejoso al elaborar su demanda de amparo, enfatizó como conceptos de violación lo siguiente: "UNICO.- La resolución de fecha 30 de Abril del año 2018 dictada dentro del toca número 593/2018 Dictada por los magistrados integrantes de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz, carece de los requisitos esenciales de fundamentación y motivación y por ende de legalidad, al violar en mi perjuicio los artículo 14 y 16 de Nuestra carta magna, en relación con los diversos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles para nuestro estado de Veracruz, AL APLICAR DE MANERA INEXACTA DICHOS PRECEPTOS, pues el Ad quem confirman la sentencia dictada por el A quo; lo anterior es así, pues de manera indebida los Magistrados de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia en el estado de Veracruz., resuelven confirmar la RESOLUCION recurrida, ARGUMENTANDO QUE SON INOPERANTES MIS AGRAVIOS, AUN Y CUANDO SE APRECIA DE AUTOS QUE EN NINGUN MOMENTO SE ME FIJO NI REQUIRIÓ DE CANTIDAD ALGUNA EN CONCEPTO DE FIANZA A QUE REFIEREN DICHOS PRECEPTOS, por lo que dicha resolución es ilegal e infundada, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE APLICAN DE MANERA INEXACTA LOS ARTICULOS ANTES CITADOS, pues si bien es verdad que el artículo en cita, señala que el solicitante de la medida debe otorgar fianza para responder de la indemnización que establece el artículo anterior. TAMBIEN LO ES QUE, QUIEN NO FIJO LA FIANZA A QUE REFIERE EL ALUDIDO PRECEPTO FUE EL AQUO, YA QUE DE HABERSE REQUERIDO AL SUSCRITO EL PAGO DE LA MULTICITADA FIANZA LO HUBIESE REALIZADO, por lo que es inimputable al suscrito el hecho de que no se dio cumplimiento a lo que refiere el artículo, el cual señala reza a la letra lo siguiente: (.) Del artículo antes transcrito a usted C. Juez de distrito, con todo respeto y del análisis y valoración de dicho precepto, SE PUEDE APRECIAR QUE LA FACULTAD PARA FIJAR LA FIANZA EN CANTIDAD LIQUIDA a que se refiere el artículo mencionado en párrafos anteriores, SOLO LE CORRESPONDE AL A QUO y no al que la solicitó. En consecuencia LA FALTA DE PAGO DE LA FIANZA Y SU FIJACION A QUE REFIERE EL ARTÍCULO MULTICITADO ES INIMPUTABLE AL SUSCRITO, ya que de haberse fijado y requerido al suscrito se hubiera realizado. Aunado a lo anterior MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE TAMPOCO ME HE OPUESTO A SU FIJACIÓN O PAGO DE LA FIANZA QUE SE FIJE PARA EL EFECTO DE LA MEDIDA CUATELAR SOLICITADA; Misma que solicito se sirva a fijar por la autoridad competente para que previo a su fijación se haga pago de la misma. Ahora bien aun suponiendo sin conceder que el suscrito debió de solicitar se me fijara la fianza que no me fuera requerida, TAMBIEN LO QUE LOS EFECTOS DE SU REVOCACIÓN DEBIO Y DEBIERA SER PARA EL EFECTO DE QUE SE FIJE LA FIANZA QUE EL A QUO OMITIO SEÑALAR y hecho que sea lo anterior se sirva a requerir del pago y no para el efecto de que se deje sin efectos la medida cautelar solicitada por el quejoso del amparo. YA QUE EL FIN DE LA FIANZA QUE REFIERE DICHO PRECEPTO ES PARA GARANTIZAR LOS PROBABLES DAÑOS QUE SE LE PUDIERA OCASIONAR A LA PARTE VENCEDORA Y QUE EN VIA DE INDEMNIZACIÓN LE SERA ENTREGADA AL CONCLUIR EL JUICIO Y ASI EXISTA EL EQUILIBRIO LEGAL QUE EN TODO PROCESO DEBE EXISTIR, ES DECIR QUE EL ACTOR CUENTE Y OBTENGA LA POSESION HASTA EN TANTO SE RESUELVA DE FONDO EL PRESENTE JUICIO; Y EL DEMANDADO PUEDA SER GARANTIZADO QUE DE OBTENER SENTENCIA FAVORABLE SE LE HARA PAGO DE LA DEBIDA INDEMNIZACIÓN QUE EN DERECHO CORRESPONDA. Lo que en la especie NO HA ACONTECIDO pues el Juicio se encuentra vigente y en trámite de resolver de fondo. En virtud de lo anterior solicito a usted C. Juez de Distrito se sirva revocar la resolución que por este medio se impugna PARA EL EFECTO DE QUE REQUIERA AL A QUO FIJE LA FIANZA CORRESPONDIENTE LA CUAL OMITIO FIJAR Y HECHO QUE SEA LO ANTERIOR SE ME REQUIERA DEL PAGO PARA ESTAR EN APTITUD DE QUE LA MEDIDA CAUTELAR PUEDA SIRTIR SUS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES." De tal narración se aprecia que el quejoso aduce que la sala viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar inexactamente los preceptos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, pues no tomó en cuenta que quien tenía la obligación de fijarle fianza para garantizar la medida precautoria decretada, era el juez primigenio, pero que éste no lo hizo, por lo que la omisión de exhibir la garantía correspondiente no le es imputable a él, y que en todo caso el juez no debió revocar el auto en el que se decretó tal medida, sino que únicamente debió ordenar que se fijara la fianza de que se habla. Ahora bien, para sustentar que existe la repetición de lo alegado por el quejoso ante la responsable, debe quedar puntualizado que éste, a modo de agravios, para sustentar el medio de impugnación que hizo valer, expuso: "La resolución interlocutoria de fecha 15 de Febrero del año 2017; SIENDO QUE LO CORRECTO ES 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, dictada dentro del expediente en el cual se promueve, misma que me fuera notificada por lista de acuerdos el día 15 de Febrero del año 2018, viola en mi perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de Nuestra carta magna, toda vez que la misma carece de los requisitos esenciales de fundamentación y motivación y por ende de legalidad. ".también viola en mi perjuicio lo establecido en el artículo 191 del Código Procesal Civil para nuestro estado, PUES DEJÓ DE APLICAR EL MISMO, lo anterior es así, ya que contrario a lo que resuelve el A quo es ilegal, al señalar que la medida cautelar solicitada por el suscrito no dio cumplimiento a los requisitos de ley, lo anterior ES A TODAS LUCES INFUNDADO E ILEGAL, pues la medida cautelar solicitada por el suscrito, SÍ CUMPLIÓ Y CUMPLE con los requisitos a que alude el precepto antes citado, TAL Y COMO lo pueden apreciar ustedes C. Magistrados, MI DEMANDA FUE HECHA VALER EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO ANTES REFERIDO, aunado a lo anterior, en el momento de la solicitud de la medida cautelar, fue cuando se ACORDÓ FAVORABLE EL CURSO A MI DEMANDA INTERPUESTA EN LA MISMA PIEZA DEL AUTO, en razón de lo anterior la medida cautelar SÍ CUMPLE Y CUMPLIÓ CON LO ORDENADO en el artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles Vigente para nuestro estado, lo que conlleva demostrar que el término otorgado al suscrito para hacer valer mi acción principal SÍ SE CUMPLIÓ DE MANERA IMPERATIVA pues no se excedió el término establecido en dicho artículo." "LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EL AQUO VIOLA EN MI PERJUICIO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE PARA NUESTRO ESTADO, PUES DEJÓ DE APLICAR Y VALORAR DICHO PRECEPTO, ya que mi demanda fue hecha valer en el plazo ahí establecido.". Ahora bien del análisis y valoración de dicho numeral tenemos por conclusión que en el mismo se fija una indemnización que la parte promovente de las providencias precautorias deberá pagar en caso de perder el juicio principal a la parte actora, pero jamás establece la obligación para su señoría de que debe fijarse un 20% del valor de bien inmueble en litigio, sino como ya lo dije ese 20% será aplicado como sanción de indemnización a la parte perdedora del juicio, situación que es dable a la sentencia de fondo que llegare dictarse en el juicio principal y aun más dicha cantidad debe de ser regulada en el incidente que al respecto se abra de la sentencia ejecutoriada, previa comprobación de los daños y perjuicios causados, situación que no acontece en el presente expediente, puesto que de conformidad al arbitrio judicial del cual está embestido el A quo en las providencias precautorias a que hacen alusión los promoventes incidentistas el A quo NO FIJÓ CANTIDAD LÍQUIDA ALGUNA COMO FIANZA PUES CREYÓ PRUDENTE QUE LA MISMA SERÍA EXIGIBLE EN LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE JUICIO UNA VEZ DICTADA SENTENCIA DEFINITIVA, sin embargo en la hipótesis no aceptada de que el suscrito, tuviere sentencia adversa en el juicio en el que comparezco, el A quo de conformidad con las probanzas aportadas durante el mismo fijaría la indemnización correspondiente que tendría que pagarse a los ganadores del juicio, esto sí es totalmente legal pero no en la hipótesis que refieren los actores incidentistas, ni mucho menos en la forma en la que resuelve el A quo de revocar la medida cautelar a petición del ACTOR INCIDENTISTA, lo anterior en virtud de que como ya se refirió, QUIEN NO FIJÓ CANTIDAD ALGUNA EN CONCEPTO DE FIANZA FUE EL AQUO Y NO EL SUSCRITO ACTOR, PUES DE HABERSE REQUERIDO SE HUBIESE REALIZADO EL PAGO DE LA MISMA. ".Viola en mi perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de Nuestra carta magna, toda vez la que la misma carece de los requisitos esenciales de fundamentación y motivación y por ende de legalidad, así mismo viola en mi perjuicio lo establecido en el 192 del Código de Procedimientos Civiles vigente para nuestro estado, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE APLICA DE MANERA INEXACTA EL ARTÍCULO ANTES CITADO, pues si bien es verdad que el artículo en cita, señala que el solicitante de la medida debe otorgar fianza para responder de la indemnización que establece el artículo anterior, TAMBIÉN LO ES QUE, QUIEN NO FIJÓ LA FIANZA A QUE REFIERE EL ALUDIDO PRECEPTO FUE EL AQUO, YA QUE DE HABERSE REQUERIDO AL SUSCRITO EL PAGO DE LA MULTICITADA FIANZA LO HUBIESE REALIZADO, por lo que es inimputable al suscrito el hecho de que no se dio cumplimiento a lo que refiere el artículo.". ".Se puede apreciar que la facultad para fijar la fianza en cantidad líquida a que refiere el artículo mencionado en párrafos anteriores, solo le corresponde al a quo, y no al que la solicitó. En consecuencia la falta de pago de la fianza y su fijación a que refiere el artículo multicitado es inimputable al suscrito, ya que de haberse fijado y requerido al suscrito se hubiera realizado." En ese sentido, en cuanto a los agravios transcritos debe mencionarse que al igual que en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo que dio origen al controvertido que ahora se resuelve, el quejoso alega que el juez viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aplicar inexactamente los preceptos 191 y 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ya que no tomó en cuenta que era obligación de dicho juzgador fijarle fianza para garantizar la medida cautelar decretada, pero que éste no lo hizo, por lo tanto, la omisión de exhibir la garantía correspondiente no es imputable a él. Debe puntualizarse que la sala responsable analizó y calificó dichos agravios de la siguiente manera: ".Son infundados e inoperantes los agravios formulados por Adolfo Rivera Delin, como a continuación se verá. (.) En torno a que la resolución impugnada violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al carecer de fundamentación y motivación, así como lo dispuesto por el numeral 191 del Código de Procedimientos Civiles pues su decir "dejó de aplicar el mismo"; (.) es infundado; pues de la detenida e integral lectura de la resolución apelada revela que el a quo, además de citar los artículos 191, 192, y 228, todos del Código de Procedimientos Civiles, y la tesis (.) externó las razones por las cuales resolvió en la forma en que lo hizo; esto es, dijo que era procedente la incidencia planteada al ordenarse al Encargado del Registro Público de la Propiedad, la inmovilización de la inscripción número cuatro mil ciento ochenta de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, sin otorgar fianza, tal como lo estatuye el artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles. Por otro lado, si bien es verdad lo argüido por el disconforme en el sentido de que del análisis del invocado artículo 191 del Código de Procedimientos Civiles se deprende que quien promueva las providencias precautorias y no obtenga resolución favorable deba pagar una indemnización del 20% (veinte por ciento), la cual se establecerá en la sentencia de fondo que se llegue a dictar, sin embargo, esos argumentos son inoperantes para modificar o revocar la resolución impugnada, atento a que el juzgador del conocimiento no aseguró que en el caso a estudio debía "fijarse un 20% del valor de bien inmueble en litigio" sino lo que aseveró fue, que era procedente declarar sin efecto la medida cautelar ordenada en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete por no haberse fijado fianza, como lo ordena el mencionado 192 del Código de Procedimientos Civiles; consideración que esta sala comparte, pues para la concesión de una medida cautelar, como en el caso la relativa a la anotación registral de inmovilidad de la inscripción número cuatro mil ciento ochenta de veintinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, se hace necesario fijar una fianza que deberá cubrir el solicitante, tal como lo exige el dispositivo 192 del código procesal civil; lo anterior con motivo de que la concesión de la medida podría ser susceptible de causar daños y perjuicios a la esfera jurídico-patrimonial del titular del bien inmueble, al limitar su derecho de propiedad, porque durante el tiempo que dure, no podrá disponer libremente del bien raíz, sino que lo hará, transmitiendo las consecuencias, derivadas del juicio en el que se decretó, según se deduce.". Lo esgrimido respecto a que el a quo no fijó cantidad líquida como fianza en razón de que creyó prudente que la misma sería exigible en la sección de ejecución del presente juicio, una vez dictada sentencia, es infundado, pues de la interpretación del invocado numeral 191 del ordenamiento procesal de la materia, no se desprende que el juez hubiera podido llegar a esa conclusión, ya que dicho numeral dispone que se condenará al pago de una indemnización al que pida una providencia precautoria y ésta sea revocada, o si el demandado es absuelto, pero no, que no sea posible fijar fianza cuando se pida una providencia precautoria, en razón de que en sección de ejecución se puede pedir una indemnización. Por último, lo sostenido en torno a que no es imputable al apelante el hecho de que no se diera cumplimiento al mencionado precepto 192 del código adjetivo en consulta, pues la facultad de fijar la fianza en cantidad líquida le corresponde al juez, y no a quien lo solicita, es inoperante, porque si bien es verdad que la obligación de fijar la fianza era del juez, sin embargo, el hoy apelante, no dijo nada sobre ello cuando el a quo decretó la providencia precautoria sin fianza, como lo ordena el multicitado artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles, tampoco se discutió tal cuestión en la litis del incidente que nos ocupa (pues por un lado, el actor incidental manifestó que debe revocarse la medida cautelar, porque no se otorgó fianza, y por el otro, el hoy apelante, en su defensa dijo que el incidente es improcedente porque no se impugnó la medida cautelar por los medios idóneos, además de que no estaba en ninguna de las hipótesis establecidas por el artículo 191, del Código de Procedimientos Civiles); por tanto, tal cuestión constituye un argumento novedoso que no formó parte de la litis planteada, y por ello el juez no podía considerarlo, pues de haberlo hecho, hubiera violado el principio de congruencia de las resoluciones judiciales establecido en el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles.". De tales transcripciones, se aprecia con claridad que lo argüido por el quejoso en el capítulo de conceptos de violación de su demanda de amparo, por una parte, son una repetición de los agravios que expuso con motivo del recurso de apelación que interpuso en contra de la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el juez de primer grado, los cuales fueron declarados sin fundamento por la sala responsable. Lo anterior es así, porque al realizar la comparación de los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación referido y los conceptos de violación que expresa la parte quejosa en su escrito de demanda, puede apreciarse que estos últimos son esencialmente una repetición de lo alegado en los agravios en los que el promovente sustentó la apelación que resolvió la sala responsable en la determinación aquí combatida, misma en la que fueron analizados dichos agravios, por lo tanto, los argumentos expresados se deben calificar como inoperantes. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia en Materia Civil número II.3o. J/44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes." Asimismo, como ilustrativa debe citarse la jurisprudencia en materia común número 2a./J. 62/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión se expresarán los agravios que cause la resolución o sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las consideraciones jurídicas sustentadas en la determinación judicial que se estime contraria a los intereses del recurrente. En ese sentido, son inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi literalmente, los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no controvierten los argumentos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al tribunal revisor." Por otra parte, no pasa desapercibido para quien esto resuelve que el quejoso hizo valer como concepto de violación, que el juez responsable debió fijar la fianza que omitió señalar y no ordenar dejar sin efecto la medida cautelar solicitada por el quejoso; sin embargo, tal reclamo debió hacerlo valer ante la sala responsable, al formular sus agravios en que sustentó el recurso de apelación, en donde debió combatir la consideración del juez de origen en ese sentido. Entonces, al omitir combatir esa consideración del juez de origen ante la sala responsable, se debe calificar como un argumento que es novedoso, respecto del cual la sala responsable no estuvo en aptitud de emitir pronunciamiento alguno y además, al no haberse reclamado en el momento procesal oportuno, se determina que es una cuestión consentida que no puede reclamarse en esta vía constitucional, por ende, es incuestionable que el concepto de violación que formula al respecto, no puede ser materia de pronunciamiento por parte del suscrito juzgador y por lo tanto, existe imposibilidad técnica para su estudio, razón por la que se debe considerar inoperante tal concepto de violación. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia en materia común número 2a./J. 188/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." De lo explicado se aprecia que el peticionario de amparo no expresó motivo de inconformidad, es decir, no combatió los argumentos con los que la sala responsable sustentó la resolución reclamada, razón por la que se debe considerar como consentido lo expuesto por la autoridad responsable por falta de impugnación y por tanto, deben ser declarados inoperantes los conceptos de violación de que se trata. Ello es así, en razón de que no se externó por el solicitante de amparo argumento alguno tendiente a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en las cuestiones en que sostuvo la resolución de la que se duele la parte quejosa, lo que es motivo suficiente para considerar que no fueron destruidos y por tanto, continúa rigiendo el sentido de la resolución reclamada. En esta tesitura, a juicio de quien esto resuelve, los argumentos principales en que la sala señalada como responsable sostuvo la resolución de la que se duele la parte quejosa permanecen intocados por falta de impugnación, lo que conlleva a que los argumentos expresados por el solicitante de amparo deban ser declarados inoperantes, como se anunció; toda vez que no controvirtió ni desvirtuó de modo alguno los motivos en que la citada autoridad sustentó la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado, por ello éstos deben considerarse suficientes para que siga rigiendo tal determinación, pues cada uno de esos argumentos tiene la fuerza legal necesaria para sustentar el sentido de la misma. Es aplicable a la conclusión anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Así como, la jurisprudencia II.3º. J/22, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACION, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida." Por tanto, a juicio del suscrito juzgador, no le asiste la razón al solicitante de amparo, porque sus argumentos que en vía de conceptos de violación hizo valer, no controvierten los argumentos expresados en la resolución que pretende reclamar, tal como se precisó con anterioridad. Entonces, si no se combatieron y por tanto, no se desvirtuaron los motivos en que sustentó la sala responsable la resolución reclamada, es inconcuso que permanecen incólumes y continúan rigiendo el sentido de la resolución reclamada. No pasa desapercibido que el impetrante de amparo expresó que se violaron en su perjuicio sus derechos previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues se considera que la cita de los aludidos preceptos constitucionales, sin confrontarlos con el actuar de la autoridad responsable, resulta insuficiente para hacer un análisis en este medio de control constitucional. Por sus consideraciones, se cita la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.), emitida por Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada."(Lo resaltado es propio) Consecuentemente, al resultar inoperante lo alegado por el accionante, lo procedente es negar la protección constitucional a ADOLFO RIVERA DELIN. SÉPTIMO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. OCTAVO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Finalmente, suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO.- La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Adolfo Rivera Delin, contra el acto reclamado de la autoridad responsable precisada en el considerando tercero, atento a los argumentos y fundamentos vertidos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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