Adolfo Raciel Esquivel Perera
Expediente 1328/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1328/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Adolfo Raciel Esquivel Perera
- Adolfo Raciel Esquivel Perera y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la secretaria en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquel auto ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, del contenido del informe de cuenta, así como de las constancias que se adjuntaron al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de la autoridad responsable, de dictar el auto de admisión de pruebas, en autos del juicio laboral 667/2018. Asimismo, del informe justificado y constancias anexas al mismo, remitidas por la autoridad responsable, los cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 667/2018, emitió un proveído de quince de julio del año en curso, en el que acordó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, el cual fue notificado a la actora, aquí parte quejosa, el quince de octubre de esta anualidad (foja 17). Acuerdo que se advierte se notificó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que la autoridad responsable notificó a la parte quejosa; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
I. ART. 27 FRACC. I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, del contenido del informe de cuenta, así como de las constancias que se adjuntaron al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión de la autoridad responsable, de dictar el auto de admisión de pruebas, en autos del juicio laboral 667/2018. Asimismo, del informe justificado y constancias anexas al mismo, remitidas por la autoridad responsable, los cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del juicio laboral 667/2018, emitió un proveído de quince de julio del año en curso, en el que acordó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, el cual fue notificado a la actora, aquí parte quejosa, el quince de octubre de esta anualidad (foja 17). Acuerdo que se advierte se notificó con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Por lo que en el caso, cesaron los efectos del acto reclamado desde el momento en que la autoridad responsable notificó a la parte quejosa; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio DU-02526-2019 remitido por el Director de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vías Terrestres del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, con el que cumple con el requerimiento que este Juzgado Federal le formuló en proveído de veintinueve de agosto del presente año, informando la fecha en que recibió el oficio 17822-I con el que se le notificó que Daniel Alberto Chale Pérez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la persona moral Servicios San Nicolás, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte quejosa en el presente juicio, interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución dictada el veinte de junio del presente año, relativa al incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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