Adolfo Pedro Fuentes Kim
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Adolfo Pedro Fuentes Kim
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio número 1239/2021. Estando en audiencia pública Joaquín Omar Palma Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, por vacaciones del titular, de acuerdo con el oficio CCJ/ST/5316/2021, de trece de diciembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe, procede a la celebración de la referida audiencia, sin asistencia personal de las partes, la que no se estima necesaria debido a que no se ofrecieron pruebas que deban desahogarse en la presente audiencia, aunado a la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial por el virus COVID-19.A continuación, el secretario hace relación de las constancias que existen en el expediente, entre ellas, la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la responsable y un cuaderno de pruebas. El secretario encargado del Despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio. El secretario da cuenta con las documentales antes señaladas. El Secretario encargado de Despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la ley en cita, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales relacionadas, mismas que serán valoradas al dictar la resolución correspondiente. Cerrado el período probatorio y abierto el de alegatos. El secretario hace constar que únicamente la parte tercera interesada los formuló mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós. El Secretario encargado del Despacho acuerda: se tiene por perdido el derecho de las restantes partes para alegar en este asunto. Cerrado el período de alegatos, el secretario encargado del Despacho, procede a dictar la sentencia correspondiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1239/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, ADOLFO PEDRO FUENTES KIM, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado, residente en la ciudad de Oaxaca, consistentes medularmente en: Auto de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente mercantil número 75/2019, de la primera secretaría relativo al juicio seguido en la vía ordinaria oral mercantil, promovido por el Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. El diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo con el expediente 1239/2021 y se previno a la parte quejosa en los términos indicados en el citado auto. El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a la tercera interesada Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Banorte, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha para la celebración constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. La juez Especializada en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama. Para corroborar lo anterior acompañó copias certificadas del juicio oral mercantil 75/2019, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. TERCERO. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". CUARTO. El concepto de violación formulado por la parte quejosa, es infundado. En forma previa a demostrarlo, resulta necesario hacer una reseña sustancial de los antecedentes del acto reclamado: 1. El acto reclamado deriva del juicio oral mercantil, promovido por Carlos López Espinoza, apoderado legal de la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra del aquí quejoso Adolfo Pedro Fuentes Kim, en el expediente 75/2019 del índice del Juzgado Especializada en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca. 2. Consta en autos que en diligencia de siete de enero de dos mil veinte, fue emplazado en forma personal el peticionario del amparo, y en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se le tuvo contestando la demanda entablada en su contra, oponiendo excepciones y defensas. 3. Agotada la secuela procesal, con fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al demandado al pago de $361,492.65 (trescientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y dos pesos 65/100 moneda nacional); así como la cantidad de $45,347.22 (cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y siete pesos 22/100 moneda nacional), por concepto de capital insoluto vencido; resolución que causó ejecutoria el dieciocho de agosto del mismo año. 4. En la etapa de ejecución de la sentencia, con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió al demandado aquí quejoso Adolfo Pedro Fuentes Kim, el plazo de tres días para cumplir voluntariamente con la sentencia condenatoria. 5. En auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, no se admitió el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones que promovió contra la notificación de la audiencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, así como las actuaciones subsecuentes, bajo el argumento que el asunto ya se había dictado sentencia, que dicha autoridad no se encuentra facultada para el caso de que procediera dicho incidente, revocar o modificar sus propias determinaciones. Cabe precisar que en el ocurso relativo al incidente, el quejoso solicitó se decretara la nulidad de la notificación del acuerdo dictado en la audiencia preliminar de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, donde se reprogramó la misma para las doce horas del veintinueve de abril del dos mil veintiuno, así como todas las actuaciones posteriores, puesto que no le fue notificado dicha determinación, en los términos establecidos en el artículo 1390 Bis 10 del Código de Comercio, y el diverso 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable en forma supletoria, dejándolo en total indefensión. La parte medular del acto reclamado es la siguiente: ".Agréguese a los autos el escrito de Adolfo Pedro Fuentes Kim, al que anexa dos traslados, presentado ante la Oficialía de Partes común a los Juzgados Civiles y familiares el trece de este mes, bajo el folio-registro 39881/2021 y ante este juzgado ese mismo día. Visto su contenido, con fundamento en el artículo 1390 bis 6 del Código de Comercio, dígasele al ocursante que no ha lugar a tenerle promoviendo incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones del acuerdo de dieciséis de marzo de este año, y las subsecuentes, debido a que este asunto ya se dictó sentencia y esta autoridad no se encuentra facultada para el caso de que procediera dicho incidente, revocar o modificar sus propias determinaciones. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la tesis de registro digital: 171448, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. MOMENTOS EN QUE OPERA LA PRECLUSIÓN PARA PROMOVERLO. De conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, especialmente el artículo 77 y los criterios dominantes en la interpretación judicial federal, el tiempo conferido a las partes para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones se inicia el día de la emisión del acto procesal que constituye su objeto y concluye con cualquiera de los siguientes supuestos: a) La siguiente intervención de la parte afectada, dentro del procedimiento al que corresponda la providencia o diligencia impugnable, o b) el dictado de la resolución conclusiva de ese procedimiento, aunque enseguida se inicie otro procedimiento para continuar el mismo proceso jurisdiccional o llevar a cabo la ejecución del fallo. Así, las actuaciones del procedimiento de primera instancia se podrán impugnar en dicho incidente, hasta el momento de la siguiente intervención del afectado durante el desarrollo de la instrucción, pero el derecho a promoverlo se extinguirá si antes de esa participación subsecuente se dicta la sentencia definitiva o la resolución que ponga fin al juicio sin decidir el fondo de la controversia, y en la misma forma ocurrirá con los actos procesales del recurso de apelación, los de la etapa de ejecutorización de sentencia, y los de los procedimientos de ejecución. Esto es, con la intervención inmediata posterior de la parte perjudicada con la actuación nula, sin haber promovido previa o simultáneamente, el incidente, o con la emisión de la actuación final del juzgador en el procedimiento correspondiente, opera la preclusión para promover la nulidad. De este modo, la nulidad de las actuaciones de primera instancia, que se encuentren en la situación indicada, podrán invocarse como agravios en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva; las de la segunda instancia, como conceptos de violación del juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva; las de un procedimiento de ejecución, en la segunda instancia del mismo, si está contemplada, o en el juicio de garantías contra la última resolución, y así sucesivamente. Con base en el criterio interpretativo desarrollado, en los procedimientos de jurisdicción voluntaria que concluyen con la práctica de la notificación solicitada, el incidente de nulidad promovido en contra de ésta resulta improcedente, por haberse cerrado esa etapa, aunado a que pueden controvertirse en el proceso contencioso que se ofrezcan como prueba. Reiterando que nos encontramos en presencia de cosa juzgada, la que cuenta con certeza jurídica de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Carta Magna e imposible revocarla por esta misma autoridad." En relación al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 23/93, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el entonces Único Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, determinó que los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnan las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución el mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones. La parte toral de dicha ejecutoria es la siguiente: "Por otra parte, en cuanto a la diversa contradicción que existe en los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto a la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones practicadas con anterioridad a la sentencia ejecutoria, debe decirse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado el principio de que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que en contra de ella no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la fuerza que corresponde a una sentencia ejecutoria. Así se advierte de la tesis visible en la página 516 del Tomo XXXIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA.-Ante la necesidad de que los pleitos no sean interminables, el legislador ha sancionado el principio de que la cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no debe admitirse recurso ni prueba; y este principio se desconocería absolutamente, si se pudiere destruir mediante la substanciación de un simple incidente, la fuerza legal que corresponde a una sentencia ejecutoria." También se sostiene tal principio en las tesis de jurisprudencia números 1210 y 1211 publicadas en las páginas 1948 y 1950 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1988, que en su orden dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES.-La corte ha establecido ya, en algunas ejecutorias, que la nulidad de actuaciones judiciales no se obtiene entre nosotros, sino mediante el incidente respectivo. Durante el juicio; y tal incidente se abre, cuando se falta a las formalidades de las notificaciones para con los litigantes, que tienen derecho a ser notificados en la forma legal; pero ese derecho debe ejercitarse y reclamarse, forzosamente, durante el juicio y no después de concluido éste." "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO.-Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnan las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución el mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones." Del contenido de las tesis transcritas se advierte que el dictado de la sentencia ejecutoria en toda controversia jurisdiccional cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad, respecto de las actuaciones practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización y; que asimismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante el incidente de nulidad mientras no se concluya cada período procesal, y la razón es obvia, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria, toda vez que la única manera de atacar las sentencias que consideren injustas es mediante los recursos que establece la ley, y en su caso, a través del juicio de amparo (.)". De dicha contradicción emergió la jurisprudencia P./J. 30/94, localizable en la página: 12, Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Civil, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso". Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que fue correcta la determinación de la juez responsable al no dar trámite en el acuerdo reclamado el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, promovido por el quejoso en el juicio oral mercantil 75/2019, para impugnar la notificación del acuerdo dictado en la audiencia preliminar de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, así como las actuaciones subsecuentes a éste, toda vez que en el expediente se emitió la sentencia correspondiente, aunado a que el dieciocho de agosto de la misma anualidad, la misma causó ejecutoria. En caso contrario, se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal. En las relatadas consideraciones, toda vez que el acto reclamado no vulnera derecho humano alguno en agravio del quejoso, además de no existir suplencia de la deficiencia de la queja que hacer valer, conforme al artículo 79 de la ley de la materia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Adolfo Pedro Fuentes Kim, contra el acto reclamado a la juez Especializada en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el escrito y anexo de cuenta, signado por Carlos López Espinoza, apoderado legal de la institución Financiera BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE; visto su contenido, téngasele por apersonado al presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Ahora bien, téngase al ocursante, acreditando la personalidad con que se ostentan, con la copia certificada del instrumento notarial cincuenta mil seiscientos siete, del libro seiscientos ochenta y ocho, del veinticuatro de noviembre de dos mil seis, otorgado ante la fe del Notario Público número setenta y dos, licenciado Primitivo Carranza Acosta, con residencia en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene a la parte quejosa nombrando con las facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a Jesús Nahin Villafañe Zavala, pues acorde a la certificación que antecede tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y respecto a las restantes personas que refiere, téngaseles únicamente por autorizadas para oír y recibir notificaciones, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Así también, se le tiene proporcionando como correo electrónico carloslopezespinozaa@gmail.com, a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional. Se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica, proporcionando para ello el usuario "CARLOSLOPEZESPINOZA": mismo que se encuentra registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; en tal virtud, se ordena agregar al expediente electrónico el usuario ante citado; además, como lo solicita, se autoriza realizar las notificaciones que deriven del presente expediente, por la vía electrónica. Sin que haya lugar a tener por autorizado el domicilio físico que proporciona para recibir notificaciones, toda vez que al haberse autorizado la práctica de notificaciones electrónicas, todas las que surjan en el presente asunto, se realizarán por ese medio. Por último, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngaseles por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la secretaria de acuerdos encargada del Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado, con sede en la capital del Estado, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental las constancias que se anexan al oficio de cuenta, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Fórmese el tomo I de prueba, con las copias certificadas deducidas del expediente 75/2019, del inventario del Juzgado responsable, respetando el sello, folio y rúbrica del mismo, el que quedará bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta. Del contenido de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte, le resulta el carácter de tercera interesada a la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero Banorte, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en el citado precepto legal, y en obvio de mayores dilaciones, se ordena al actuario adscrito, para que con copia simple de la demanda de amparo y del auto inicial, emplace a esta instancia constitucional a la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su representante legal, en el domicilio ubicado en la calle de Cuitlahuác, número 111, de la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; apercibiéndolo para que en el momento del emplazamiento o dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, señale domicilio en esta población de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, o zona conurbada de Oaxaca de Juárez, para oír y recibir notificaciones, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se le harán por medio de lista de acuerdos, conforme con lo establecido en la fracción III del numeral 26, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado de los autos se advierte, se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable juez Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Centro y Civil en Materia de Extinción de Dominio para todo el Estado, residente en la ciudad de Oaxaca, en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que rinda su informe justificado; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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