Adolfo Ortega Hernandez
Expediente 180/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Adolfo Ortega Hernandez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (f. 32), que tuvo por no presentada la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que transcurrió el término de cinco días concedido al solicitante del amparo, para que diera cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de treinta de enero de dos mil diecisiete (f. 26-28); sin que haya dado cumplimiento a tal prevención; no obstante su oportuna y legal notificación; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo en mención y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad que denomina como Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que consagran los artículos 1°, 17, 28 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 180/2017-V-2, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. En atención a su contenido y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: El artículo 114 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Amparo, a la letra dicen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; . IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Por su parte el diverso numeral 108 de la invocada Ley, en sus fracciones III y IV, señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; . IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame." De la demanda de amparo se desprende que ***, señala como autoridad responsable a la que denominó como Secretaría de Economía y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, ambos con residencia en la Ciudad de México, autoridades a las que reclamó, en lo conducente, lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo la omisión de aplicar lo dispuesto por el artículo 28 Constitucional, párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios, la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abastos y precios del país, esto es, la conducta omisiva de no fijar los precios del combustible (gasolina). 1.- El artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación que faculta al ejecutivo para fijar los precios de los combustibles es inconstitucional porque se trata de una facultad exclusiva del Poder Legislativo reconocida en el artículo 73 del pacto Federal. 2.- Las inconsistencias del Ejecutivo al Acuerdo 98/16 de los precios de la gasolina por región, toda vez que los Secretarios de Estado debieron de haber firmado y al no hacerlo de esa manera viola lo preceptuado en el punto inmediato anterior, es por ello, que carece de legalidad por no encontrarse acorde con el artículo 92 Constitucional, mismo que encuentra relación con el artículo 1° de este ordenamiento supremo invocado, atento al principio de equidad e igualdad. 3.- Que los precios de la gasolina carecen de fundamentación y motivación violando con ello los artículos 14 y 16 de nuestra norma suprema en el país. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo: En atención a lo normado en los artículos 72, 73 y 89 de la norma suprema del País, el NO ejercer la facultad de veto al aumento del impuesto a la gasolina, el no dar una solución pacífica a la controversia y, no fundar y motivar el aumento del impuesto a la gasolina. ." La parte promovente expone que es una circunstancia pública que a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, el precio de la gasolina tiene y continuará con aumentos hasta de un 20% durante todo el año. Asimismo, aduce que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los precios y los esquema de aumentos que tendrá el combustible durante el año dos mil diecisiete en las noventa regiones en las que fue dividido el país; precios máximos para cada región que están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía y además, el año comenzará con un solo precio máximo durante enero, hasta el tres de febrero; en las dos primeras semanas del anotado mes habrá dos actualizaciones en el precio, y a partir del dieciocho de febrero siguiente, los ajustes al precio serán diversos; y de igual forma, los precios máximos serán diferentes entre las distintas regiones del País, atendiendo a los costos de llevar los combustibles a cada región, los precios de referencia internacional de cada combustible, los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex y otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio. Agrega además que, la Secretaría de Economía omite y/o inaplica el artículo 28 Constitucional y el Ejecutivo Federal deja de observar el artículo 12 Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; esto es, la autoridad que señala como responsable no aplica y por ende, no cumple con su obligación Constitucional de fijar los precios máximos de los combustibles. Enseguida, aduce el promovente por una parte que el Acuerdo 98/2016, fija los precios de los combustibles, no obstante que (asegura el quejoso), los Secretarios de Estado NO lo debieron haber firmado, mientras que en los conceptos de violación formulados, aduce que es inconstitucional, por no tener aplicación en los precios que actualmente tienen las gasolinas. Fijado lo anterior, requiérase al solicitante del amparo, para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos su legal notificación; bajo protesta de decir verdad, y con las copias correspondientes del escrito con el que en su caso, atienda esta prevención, dé cumplimiento a los siguientes puntos: 1. Atento a que el promovente reclama del Secretario de Economía del Gobierno Federal, la omisión y/o inaplicación del artículo 28 Constitucional; dicha omisión conduce a que el precio que se paga probablemente este fijado por diversa autoridad; circunstancia por lo que a esta última, podría recaerle el carácter de responsable. En consecuencia *** deberá aclarar si señala como autoridad responsable ejecutora a alguna distinta o diversa a la inicialmente señalada como autoridad responsable y de ser el caso, deberá indicar el acto específico que reclama de aquella, cumpliendo con las exigencias que impone el artículo 108 de la Ley de Amparo. 2. Por otra parte ***, aduce que el artículo 12 Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, resulta inconstitucional, atento a que faculta al Ejecutivo Federal para fijar los precios de los combustibles, siendo que a su consideración, invade la esfera de atribuciones del Legislativo otorgadas en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ***, deberá aclarar su demanda en el sentido de indicar sí reclama de inconstitucional el citado artículo 12 Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación; atendiendo para el caso las exigencias que dispone el artículo 108 de la ley de la materia, agregando las copias respectivas. 3. Enseguida, con relación a lo que denomina el promovente como "Acuerdo 98/2016", que refiere fija los precios de la gasolina, mientras que en los conceptos de violación formulados, aduce que es inconstitucional, por no tener aplicación en los precios que actualmente tienen las combustibles; deberá aclarar lo siguiente: - Cuál es el origen del referido "Acuerdo 98/2016", esto es, quien o que autoridad emitió tal acuerdo. - Qué reclama del citado "Acuerdo 98/2016", bien su inconstitucionalidad, su aplicación o su inobservancia; en su caso, a que autoridades les reclama cada acto u omisión. Para lo anterior, de igual manera ***, deberá aclarar su demanda observando, se insiste, lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, agregando las copias necesarias tanto de su demanda inicial como del escrito por el que, en su caso, atienda la prevención formulada. Se apercibe al solicitante del amparo que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda promovida con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En otro orden, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados en amplios términos al licenciado ***, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en ***, de Celaya, Guanajuato.
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