Adolfo Nava Rodríguez
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adolfo Nava Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el diez de enero del año en curso, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós se tuvo al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la tercera interesada Zoraida de la Cruz Reyes, a través del cual se apersona al presente juicio de amparo. AUTORIZADOS Por otro lado, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Alberto Martín Capistrán, puesto que acredita la calidad de licenciado en derecho, al tener su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, ténganse únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las restantes personas que cita en su escrito de cuenta; dado que no se encuentran registradas sus cédulas en el aludido Sistema, además de que así fue solicitado expresamente por la promovente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En atención a su contenido, y como lo solicita la parte tercera interesada, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de la persona que cuente con el nombre de usuario cjcmartinrodriguez, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrá presentar escritos en línea. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el diecisiete de octubre de dos mil veintidós y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, el quejoso promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 3-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciocho de octubre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita y, emplazar al presente juicio a la tercera interesada (fojas 10-14). El ocho de noviembre siguiente, a través de lista de acuerdos, se emplazó al juicio a la tercera interesada (foja 33) quien no se apersonó al asunto. Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 34) e integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 35-36) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse una determinación dictada en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el ******************** del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que declaró fundada la reclamación que hizo valer el demandado y redujo el monto de la pensión provisional inicialmente fijada en dos salarios mínimos diarios, para ubicarla en un salario mínimo diario (resolución que fue notificada por lista de acuerdos al quejoso el mismo día de su emisión, según consta a foja 228 del tomo único de pruebas). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 34). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió copia certificada de esa determinación (fojas 223-228 del tomo único de pruebas) la cual tiene valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. Es oportuno precisar que en el presente asunto procede suplir en favor del quejoso la deficiencia de la queja, al tratarse de un asunto relacionado con el orden y desarrollo de la familia, en términos del numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En la especie, se califican de inoperantes en una parte e infundados en otra, los conceptos de violación de la parte quejosa, lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. MARCO JURÍDICO A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. Fundamentación y motivación El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "(.) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, está obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitan establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Alimentos en la legislación de Veracruz Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aporta, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la celeridad con que se resuelve el recurso de reclamación contra la pensión provisional de alimentos, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." Así como la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el mismo órgano colegiado, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ******************** promovió juicio ordinario civil y demandó de ********************, entre otras prestaciones, el cumplimiento y pago de una pensión provisional alimenticia a su favor y, en su oportunidad una definitiva (fojas 2-9). 2). Por auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitirla y radicarla con el número ********************; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional a razón del dos salarios mínimos vigentes en la entidad, equivalentes a ******************** a cargo del demandado y, emplazarlo a juicio (fojas 15-23). 3). Una vez emplazado el demandado, por escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, contestó la demanda instaurada en su contra e hizo valer recurso de reclamación contra el monto de la pensión provisional alimenticia decretado (fojas 42-58). En dicha reclamación, el demandado en esencia alegó: I. Que la actora no necesita la pensión alimenticia que demanda, dado que la misma tiene ingresos propios derivados de la pensión que recibe como trabajadora jubilada de la empresa ********************. II. En el mes de noviembre de dos mil veintiuno, la actora recibirá otra pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad aproximada de treinta y cinco mil pesos mensuales. III. Tiene cubierto el rubro de habitación, dado que ésta vive en un inmueble perteneciente a la sociedad conyugal de ambos, ubicada en la calle ********************, así como los gastos médicos que le proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social. IV. Que no tiene ingresos económicos debido a la pandemia, como lo demuestra con las declaraciones patrimoniales que exhibió, además que dada su edad de sesenta y cuatro años, sufre diversas enfermedades que le impiden trabajar y generar ingresos propios. 4). Por auto de once de enero de dos mil veintidós, se dio curso al aludido medio de impugnación y se ordenó dar vista a la actora por el término de tres días, con dicho escrito y sus anexos, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 38-39). 5). Mediante escrito presentado el diecisiete de enero siguiente, la actora desahogó la vista concedida (fojas 85-88) por lo que, en auto de cinco de abril del mismo año, se turnó a resolver la reclamación planteada (foja 129). 6). El veintiséis de abril de dos mil veintidós, el juez instructor resolvió: declarar improcedente la reclamación planteada (fojas 166-171). 7). Inconforme con esa determinación, el demandado promovió demanda de amparo indirecto, radicándose el juicio 464/2022 del índice de este propio órgano jurisdiccional, en el que mediante sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional solicitada, para el efecto que: ".1). Deje insubsistente la resolución de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictada en el ******************** su índice. 2). En su lugar, siguiendo los lineamientos que se trazaron en esta sentencia, emita una nueva determinación, en la que examine los elementos de prueba que existen hasta esa etapa procesal y determine con libertad de jurisdicción la cuantía de la pensión alimenticia provisional, fundando y motivando la determinación que adopte al respecto. (.)" 8). Así, mediante proveído de quince de agosto siguiente, causó ejecutoria la aludida sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable en el plazo de tres días. 9). En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el juez instructor dejó insubsistente la interlocutoria reclamada (foja 222) y, mediante interlocutoria de veintidós de septiembre siguiente, resolvió: declarar fundada la reclamación que hizo valer el demandado y reducir el monto de la pensión provisional inicialmente fijada en dos salarios mínimos diarios, para ubicarla en un salario mínimo diario (fojas 223-228). 10). Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de amparo 464/2022, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo allí emitida. Se precisa que si bien la información reseñada en los puntos 7, 8 y 10 de los antecedentes no obra en autos, sí es apta para motivar el presente auto, pues se obtuvo de la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público sus acuerdos y resoluciones, lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que sea válido que se invoque de oficio lo publicado en ese medio electrónico. Aquí cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", así como la tesis XX.2o.33 K del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR." Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable declaró fundada la reclamación planteada por el demandado, básicamente, sobre la base de las siguientes consideraciones: Concedió valor probatorio indiciario a las pruebas documentales ofrecidas por el demandado para justificar que la actora tiene ingresos propios derivados de su pensión como trabajadora jubilada de ********************, pues si bien aquélla negó que percibe ingresos por la cantidad de ******************** lo cierto es que no negó que percibe ingresos como empleada de esa compañía telefónica, al margen de que no se conozca la cantidad que percibe. Con los comprobantes fiscales que exhibió el demandado se acredita que no percibe ingresos, pues de sus declaraciones fiscales se observa que realizó más gastos de lo que obtuvo por ingresos. Se debe tener en cuenta que el reclamante debe erogar gastos para satisfacer sus propias necesidades, lo que resulta ser un hecho notorio; circunstancias las anteriores que se dijo inciden en sus posibilidades de otorgar alimentos. Descartó la constancia médica relativa al padecimiento de lumbociática con la que el demandado pretendía justificar su incapacidad para trabajar, pues sostuvo que de la misma no se advertía tal circunstancia. Hasta aquí las consideraciones de la autoridad. En el caso, se estima que la resolución reclamada es objetivamente correcta y no viola los derechos humanos del quejoso, dado que se observa que se encuentra debidamente fundada y motivada. En efecto, en su demanda de amparo y a título de concepto de violación, la parte quejosa sostiene que el juez responsable no dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio 464/2022 del índice de este juzgado, en la medida que en la interlocutoria combatida no se verificó nuevamente que dicho reclamante se encuentra incapacitado para trabajar, por lo que no tiene ingresos y subsiste gracias a la ayuda que le brinda una de sus hijas; además que la actora no necesita los alimentos porque genera sus propios ingresos y actualmente habita en el único bien que pertenece a la sociedad conyugal. Dichos motivos de disenso son infundados. Lo anterior es así, en la medida que se observa que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, sí verificó dichas circunstancias alegadas por el quejoso. Esto, porque se advierte que la autoridad responsable tomó en cuenta los comprobantes fiscales que exhibió el demandado, para concluir con ellos que aquél no percibe ingresos; circunstancia que -estableció el juzgador civil- sirvió de respaldo para reducir el monto de la pensión provisional alimenticia. Asimismo, porque se observa que en la nueva resolución el juez responsable concedió valor probatorio indiciario a las documentales ofrecidas por el demandado para justificar que la actora tiene ingresos propios derivados de su pensión como trabajadora jubilada de ********************, al margen de que no se conozca la cantidad que percibe. De lo anterior se advierte que el juzgador responsable sí atendió lo requerido en la ejecutoria de amparo de que se trata, pues: por una parte, valoró de manera indiciaria las documentales que el reclamante exhibió, para llegar a la conclusión que la actora sí tiene ingresos propios y, por otra, valoró las declaraciones fiscales del demandado, para concluir que no se advertía que el demandado contara con ingresos, pues éstas arrojaban información en el sentido que realizó más gastos de lo que obtuvo de ingresos; circunstancias que -estableció el juzgador civil- sirvieron de respaldo para reducir el monto de la pensión provisional alimenticia. Además, se observa que el juez responsable también atendió lo ordenado en la ejecutoria de amparo de que se trata, al haber precisado que debía tomarse en cuenta, para reducir el monto de la pensión provisional de alimentos, que el reclamante debe erogar diversos gastos para satisfacer sus propias necesidades, lo que resulta ser un hecho notorio susceptible de ponderarse sin necesidad de acreditación, en términos del artículo 232, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en razón de que constituyen cuestiones imprescindibles para la subsistencia del ser humano; erogaciones que, sin duda, como bien lo consideró la autoridad responsable, inciden en sus posibilidades para otorgar alimentos a su acreedora. Esto es, se observa que la autoridad responsable sí se pronunció en torno a los puntos materia de concesión del amparo, lo que sin duda, contrario a lo sostenido por el quejoso, con dicho actuar se vio beneficiado, pues sus agravios y pruebas fueron valoradas, éstas en grado indiciario al ser copias simples sus probanzas, para concluirse acertadamente que demostraban: que la actora cuenta con ingresos propios derivados una pensión jubilatoria y, que el demandado realizó más gastos de lo que obtuvo por ingresos; circunstancias que sirvieron a la autoridad para reducir el monto de la pensión de alimentos. De allí, lo infundado de los aludidos motivos de disenso. No pasa inadvertido que el juzgador responsable concluyó que el demandado no obtiene ingresos; no obstante, dicha circunstancia no era suficiente para cancelar la pensión de alimentos en esa etapa procesal (reclamación) pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos alegados para pedir su cancelación o cesación. Sirve de respaldo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2005, que se lee: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación." Por otro lado, en una parte de sus conceptos de violación el quejoso alega que el juzgador no verificó nuevamente que dicho reclamante se encuentra incapacitado para trabajar; no obstante, dicho motivo de disenso deviene inoperante, en la medida que ese tópico ya fue abordado por este órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo 464/2022 el veinte de julio de dos mil veintidós, donde se estimó que la resolución reclamada en ese sumario se encontraba ajustada a derecho, entre otras consideraciones, en la parte relativa a que: ".Por otra parte, es infundado lo que alega el quejoso en su demanda de amparo, respecto a que en el expediente de origen probó que se encuentra imposibilitado de trabajar y, por tanto, no genera ingresos propios. Ello es así, porque como acertadamente lo dijo la autoridad responsable en la resolución reclamada, la documental que para tal efecto exhibió el demandado no acredita que tenga algún impedimento para trabajar, pues lo único que demuestra la constancia expedida por el doctor ********************el uno de octubre de dos mil veintiuno (foja 71) es que el demandado es tratado médicamente cada dos meses por trastornos de lumbociática, siendo controlado con analgésicos y reposos durante varias semanas, previo a volver a la actividad que le permite su edad y movilidad en la columna, mas no que se encuentre parcial o totalmente impedido de laborar. (.)" En ese sentido, se estima que la anterior consideración dada por este órgano jurisdiccional al resolver el juicio de amparo en cita, reiterada por la autoridad responsable en el cumplimiento que dio a la ejecutoria de que se trata, zanjó el tópico que la parte quejosa pretende nuevamente se analice en vía de concepto de violación en el presente juicio de amparo; de allí, que el suscrito juzgador se encuentre impedido jurídicamente para emprender de nuevo su análisis, pues se observa que éste fue reiterado de manera idéntica por la autoridad responsable, sin añadir en ese aspecto algún elemento novedoso que permita su análisis en un nuevo juicio de amparo. Lo mismo sucede con las diversas consideraciones vertidas por la autoridad responsable que se relacionan con los siguientes aspectos: a) la justificación del entronque familiar de los contendientes; b) lo tocante a la necesidad alimentaria de la acreedora (esposa del demandado); c) la manera en que se dilucidaría la reclamación, en cuanto a las probanzas aportadas hasta ese momento procesal. Lo anterior porque dichas consideraciones de la autoridad responsable, si bien no fueron combatidas en los conceptos de violación, en atención al principio de exhaustividad en la sentencias, debe decirse que éstas ya fueron materia de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 464/2022 y que a su vez fueron reiteradas por el juez civil en la nueva interlocutoria emitida en su cumplimiento, sin añadir elementos novedosos que permitan su análisis en este nuevo juicio de control constitucional. CONCLUSIÓN En conclusión, la resolución reclamada resulta ajustada a derecho, dado que aun analizada de manera integral a la luz de la suplencia de la queja de los conceptos de violación, los razonamientos en ella vertidos son correctos y acordes con los preceptos de la ley civil que rigen la materia de alimentos y a los derechos humanos. Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad que deba declararse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Se precisa que la conclusión aquí alcanzada no conlleva a decidir el fondo de la litis civil planteada en el juicio de origen antes del dictado de la sentencia respectiva; ello porque la resolución de la reclamación recae exclusivamente sobre la pensión alimenticia provisional y, después, porque dicha decisión interlocutoria es sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, a causa de que las condiciones o circunstancias del caso pueden variar y deben quedar probadas. De manera que, para la fecha en que se deba de dictar el fallo definitivo, sean diversas a las imperantes en la época en que se resuelva la reclamación. Es aplicable a ello la jurisprudencia 1308, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ALIMENTOS. MONTO DE LA PENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA. El juzgador no está obligado a fijar como pensión alimenticia definitiva la misma que con anterioridad había señalado con el carácter de provisional, pues si bien es cierto que algunas ocasiones la pensión provisional y la definitiva coinciden, ello no quiere decir que el aumento o disminución que el Juez hubiera efectuado de la pensión provisional, antes de dictar sentencia definitiva, necesariamente debe trasladarse a ésta, pues de hacerlo así se dejaría prácticamente sin materia la decisión de la sentencia. Es preciso examinar cada caso concreto para determinar si debe o no fijarse como pensión alimenticia la misma que se fijó como provisional." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala la ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido del secretario de juzgado Arturo Gonzalez Virgen, con quien actúa y da fe, hoy diez de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.Arturo Gonzalez VirgenArturo Gonzalez Virgen
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Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por el Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, se tienen como PRUEBAS de dicha autoridad las documentales que acompaña a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas de dichas constancias, para el mejor manejo del presente asunto. De la certificación de cuenta se advierte que entre la fecha en que se pondría a vista de las partes el informe aquí atendido, así como de la audiencia constitucional, sólo median cinco días hábiles; ello en razón de que el presente acuerdo se notificará por lista el dieciséis de noviembre del actual, surtirá sus efectos la notificación el diecisiete siguiente y la vista de ocho días comprenderá del dieciocho al treinta de noviembre del presente año. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (veintiocho de noviembre actual) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y se fijan las ONCE HORAS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
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