Adolfo Méndez Hernández

Expediente 469/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
469/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Adolfo Méndez Hernández
  • ADOLFO MÉNDEZ HERNÁNDEZ y Otros.
  • Lic. Alejandra Santiago Licea y Otros.
  • Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MES VII A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.

  2. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como aparece de la certificación de cuenta, antes de la suspensión de plazos y términos, concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector emitido en este juicio de amparo; por lo que, se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el quince de octubre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio "..... , de veintidós de mayo de dos mil veinte, y b) En su lugar, emitiera otra resolución en la que detallara el procedimiento que siguió para afirmar que al quejoso se le paga su pensión en salarios mínimos, y expusiera los motivos y fundamentos para así considerarlo. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio "..... , de trece de noviembre de dos mil veinte, transcribió la resolución que emitió, en la que indicó que con fecha veintitrés de octubre del año en curso, dictó el oficio "..... en el que dejó sin efecto el primer oficio "..... , de veintidós de mayo de dos mil veinte y detalló el procedimiento que siguió para afirmar que al quejoso se le paga su pensión en salarios mínimos, y expuso los motivos y fundamentos para así considerarlo; asimismo, por medio del citado oficio, se le notificó al quejoso, que la dependencia donde laboró, esto es, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es la que informó los datos que se tomarán en cuenta para el pago de su pensión por jubilación, y dicha dependencia reportó que el amparista cotizó en base al sueldo básico en el puesto denominado F12804 27 Z Analista Programador "B", por lo que el referido Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, no reportó que el accionante haya cotizado o cobrado bajo el parámetro de Salarios Mínimos o Unidad de Medida y Actualización, sino por el contrario, maneja sueldo básico, motivo por el cual ese Instituto tomó como base el último sueldo cotizado por el amparista para que sea el pago de su pensión; lo que le notificó al quejoso el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio ".... , de veintidós de mayo de dos mil veinte, y en su lugar, emitiera otra resolución en la que detalló el procedimiento que siguió para afirmar que al quejoso se le paga su pensión en salarios mínimos, y expuso los motivos y fundamentos para así considerarlo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA V. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y anexo que acompaña -previa certificación con motivo de que se recibieron por vía electrónica-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA V San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Por lo que, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Esto es, la autoridad responsable, deberá: ".a) Dejar insubsistente el acto reclamado consistente en el oficio SP/JA/***/2020, de veintidós de mayo de dos mil veinte, y b) En su lugar, emitir otra resolución en la que detalle el procedimiento que siguió para afirmar que al quejoso se le paga su pensión en salarios mínimos, y exponga los motivos y fundamentos para así considerarlo.". De incumplir la autoridad responsable sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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