Adolfo Martínez Salinas y Otros.
Expediente 227/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 227/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/01/2021
Partes del expediente
- Adolfo Martínez Salinas y Otros.
- Adolfo Martínez Salinas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO Y QUE EL CONTENIDO DE LA LETRA DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y anexo, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 227/2019, y remite testimonio de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso de inconformidad *** de su índice, en la que determinó lo siguiente: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad." Acúsese el recibo de estilo a la superioridad; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y respecto de las restantes se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 2. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 3. Toda vez que en autos constan documentos en copia certificada exhibidos por la parte quejosa como anexo a su escrito inicial de demanda; devuélvanse a la citada parte las documentales de referencia, concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días hábiles, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En ese sentido, se hace de su conocimiento que para tal efecto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y anexo, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 227/2019, y remite testimonio de la resolución de diez de diciembre de dos mil veinte, pronunciada en el recurso de inconformidad *** de su índice, en la que determinó lo siguiente: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad." Acúsese el recibo de estilo a la superioridad; glósense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes, y respecto de las restantes se ordena su destrucción para evitar la dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso b, del artículo 18, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, siguiendo los lineamientos contenidos el citado artículo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el término de tres años a partir de esta fecha, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente depurado. 2. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 3. Toda vez que en autos constan documentos en copia certificada exhibidos por la parte quejosa como anexo a su escrito inicial de demanda; devuélvanse a la citada parte las documentales de referencia, concediéndole para tal efecto un plazo de noventa días hábiles, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. En ese sentido, se hace de su conocimiento que para tal efecto y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***en su carácter de parte quejosa, por medio del cual, interpone RECURSO DE INCONFORMIDAD contra el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 321 a 325), que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, y en acatamiento al acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad hecho valer en el presente juicio de amparo en contra del referido auto, distribúyanse entre las partes copias del recurso, con excepción del propio recurrente. Una vez que obren las constancias de notificación practicadas a las mismas, remítanse los autos originales del juicio de amparo número ****, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el efecto de la substanciación del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. 1) Antecedentes. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se desprende que: - El cuatro de septiembre de la presente anualidad (fojas 135 a 268), se dictó resolución definitiva en la que por una parte se determinó sobreseer; por otra negar el amparo y finalmente conceder la medida protectora respecto del acto consistente en oficio SH/SUBI/01117, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, para los efectos precisados en el considerando octavo del fallo protector. - Toda vez que la sentencia no fue recurrida, por auto de veintisiete de septiembre del presente año (fojas 225 y 226), causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad obligada que diera cumplimiento al fallo constitucional. - Por misiva SH/SUBI/1685/2019, de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (foja 296), presentada el cinco siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, remitió las constancias con las que adujó acatar la concesión de amparo (foja 297 a 307). - El seis de noviembre del año actual (foja 308), se ordenó dar vista a la parte quejosa con la determinación dictada por la autoridad responsable, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; plazo que se estableció en la certificación realizada por la secretaria de acuerdos de este Juzgado, vista que fue desahogada por el quejoso. Con base a lo anterior, este órgano de control constitucional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos o si existe imposibilidad para cumplirlo. CONSIDERANDO PRIMERO.- Efectos de la ejecutoria de amparo: Conforme al texto de la ejecutoria de amparo la protección de la Justicia Federal, se otorgó respecto del acto consistente a la respuesta contenida en el comunicado SH/SUBI/01117, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se resolvió la reconsideración administrativa respecto del oficio SH/SUB/DAF/1268 para que la autoridad responsable procediera de la siguiente manera: [.] 1. ".Deje insubsistente el oficio reclamado y emita otro, con plenitud de jurisdicción, en el que atienda la solicitud elevada por el quejoso mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, de manera congruente, observando los lineamientos establecidos en la presente resolución, y al efecto, funde y motive debidamente las consideraciones que en él exponga, esto es, deberá citar los preceptos legales en los que apoye la determinación que alcance y realizar una adecuación entre las disposiciones normativas y la situación en concreto en que éstas se apliquen, de tal suerte que con ello se proporcione seguridad jurídica a la persona a la cual se dirige dicho acto. 2. Notifique, en breve término a la interesada, en el domicilio señalado para tales efectos, lo que resuelva respecto a la pretensión planteada. En el entendido que la respuesta que deberá recaer a la petición realizada por la parte quejosa, no necesariamente tiene que ser en el sentido expresado por la misma; toda vez que el derecho de petición, no constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. [.] En la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo se determinó que la responsable infringió en perjuicio del promovente las garantías de fundamentación y motivación establecidas en el artículo 16 Constitucional. SEGUNDO.- Acto de la autoridad. El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, remitió el oficio ***, de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve (foja 296), presentado el cinco siguiente en la oficialía de partes de este juzgado, anexando el diverso *** de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, con el que adujó dar cumplimiento al fallo protector (fojas 297 a 307). Determinación que notificó al quejoso *** por conducto de *** el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve de forma personal (fojas 306 y 307). TERCERO.- Análisis de cumplimiento. Procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que este órgano jurisdiccional señaló, haciendo el examen de las copias certificadas de las determinaciones remitidas por la autoridad responsable y sus constancias de notificación, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con su artículo 2º. En lo que se refiere a que la autoridad responsable dejará insubsistente el oficio ***, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, sí se llevó a cabo, pues el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por determinación de treinta de septiembre del presente año, dejó insubsistente el citado comunicado y ordenó dictar el diverso ***, de la misma fecha (foja 234 y 235). Ahora, respecto a que con plenitud de jurisdicción, emitiera otro en el que atendiera la solicitud elevada por el quejoso mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, de manera congruente, observando los lineamientos establecidos en la presente resolución, y al efecto, fundara y motivara debidamente las consideraciones que en él se expusiera, esto es, debiendo citar los preceptos legales en los que apoyara la determinación que alcanzara y realizara una adecuación entre las disposiciones normativas y la situación en concreto en que éstas se aplicaran, de tal suerte que con ello se proporcionara seguridad jurídica a la persona a la cual se dirigiera dicho acto, si lo realizó, se dice lo anterior, ya que el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por misiva *** (fojas 297 a 304), emitió una determinación congruente, fundada y motivada en la que negó lo solicitado en el escrito signado por *** presentado el ocho de junio de dos mil diecisiete, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Se dice lo anterior, pues la responsable manifestó de manera detallada las circunstancias particulares que motivaron negarle la reconsideración del crédito fiscal impuesto al citado quejoso a través del diverso *** de cinco de septiembre de dos mil catorce, en atención a las siguientes consideraciones. 1) En primer término, en atención al argumento marcado como primero, del escrito de ocho de junio de dos mil diecisiete, en el que esencialmente el quejoso planteó que en la determinación que impuso el crédito fiscal correspondiente, la responsable no acató lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que exige a los ciudadanos mexicanos, contribuir de manera proporcional y equitativa para sufragar el gasto público, ya sea de la federación, de los estados o de los municipios, atendiendo a los principios básicos de legalidad, proporcionalidad y equidad. De manera que la autoridad hacendaria señaló que los referidos principios constituyen la base del derecho fiscal en materia impositiva, al argüir que garantizan, en el contexto de un Estado democrático de derecho que las disposiciones que establecen la obtención de recursos de los gobernados para satisfacer las necesidades del gasto público y cumplir con los objetivos del mismo, ya sea en materia de salud seguridad, educación, impartición de justicia, entre otros, no sean arbitrarias, desproporcionadas ni mucho menos inequitativas. Concluyendo que el argumento que intenta hacer valer el peticionario no expresa que disposición reglamentaria infringió la Dirección de Auditoria Fiscal, asimismo, no aprecia que la resolución que pretende sea reconsiderada contravenga las disposiciones aplicables al caso. 2) De igual forma, en relación al argumento identificado como segundo, la responsable precisa que las documentales que acompañó al escrito por el que solicitó la reconsideración administrativa, son distintas a las exhibidas en las actas parciales 01 y 02, de diez de octubre de dos mil trece y veinticinco de marzo de dos mil catorce, respectivamente, aunado a que dichas documentales no forman parte del procedimiento fiscalizador, iniciado bajo la orden *** y por tanto no se encuentra facultada para pronunciarse respecto a su contenido. En otro orden, respecto a las balanzas de comprobación que exhibió al referido escrito de reconsideración, expuso que se hacen consistir en una lista de todas las cuentas de los activos, pasivos y capital contable, las cuales no desglosó ni entregó durante la práctica de la visita domiciliaria correspondiente. 3) Por su parte, atento al argumento tercero, indica que las documentales exhibidas por la parte quejosa, precisadas en la resolución que se analiza, contienen anomalías, primeramente en las balanzas de comprobación mensuales del ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, reflejan registros contables distintos a los valorados en el procedimiento fiscalizador, debido a que la información en ella contenida se analizó en comparación con las balanzas de comprobación iniciadas el veinte de agosto de dos mil trece, mismas que en copias certificadas obran en el acta parcial número dos de diez de octubre de dos mil trece. De la misma manera, señala que del contenido del acta parcial de veintitrés de mayo de dos mil catorce, se desprende que el contribuyente exhibió la totalidad de documentales solicitadas en actas parciales 02 y 03 de diez de octubre de dos mil trece y veinticinco de marzo de dos mil catorce, en las que se hizo de su conocimiento los hechos y omisiones de la documentación proporcionada, a efecto de corregir su situación fiscal, de conformidad con el artículo 46, primer párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, requerimiento que no fue atendido por la parte quejosa, consintiendo los hechos consignados en las referidas actas parciales. En ese sentido, sostiene la responsable que el contribuyente no satisfizo los requisitos establecidos en los artículos 36 tercer párrafo, 6 primer párrafo, 42 primer párrafo, fracción III, y 63 primer párrafo, en relación con los procedimientos previstos en los numerales 46, 46-A y 50, todos del Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, con la emisión de la citada resolución, la responsable cumplió con la garantía constitucional de legalidad, al fundar y motivar su determinación de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Carta Magna, de manera que su pronunciamiento cumple con el requisito constitucional de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir su determinación. Finalmente, en cuanto a que notificara su determinación, en breve término a la interesada, en el domicilio señalado para tales efectos; sí se cumplió, lo que acreditó con el acuse de recibo del oficio SH/SUBI/1665, entregado el treinta y uno de octubre del presente año, por conducto de su autorizada. Pronunciamiento: La autoridad responsable dió cumplimiento a la ejecutoria de amparo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 135 a 268), en forma total, sin excesos ni defectos, así procede declararlo, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, toda vez que acató todos los lineamientos establecidos en la sentencia definitiva. Vista: Para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Manifestaciones: Por escrito registrado con folio 18488, el quejoso ***, manifiesta que la autoridad responsable incurre en defecto en el cumplimiento a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, con base en los siguientes argumentos. a) Que la determinación por la cual, la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia constitucional de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, incumple con los principios constitucionales de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad. En primer término, indica que la autoridad hacendaria, interpreta de manera incorrecta el efecto de la concesión de amparo, al referir en la resolución que se analiza en la ejecutoria dictada en el presente juicio, se ordenó que emitiera una respuesta congruente, fundada y motivada, al escrito por el cual, el contribuyente solicitó la reconsideración administrativa; y contrario a lo sostenido por la responsable, la concesión de amparo se hizo consistir en que la respuesta debía cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad, situación que conlleva al defecto en el cumplimiento del fallo constitucional. Al respecto, dicho argumento es insuficiente para considerar que la responsable haya incurrido en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, pues el amparo y protección de la justicia federal, efectivamente conminó a la autoridad obligada a emitir una nueva determinación, que atendiera lo planteado por el quejoso de manera congruente. Por tanto, lo aducido por el impetrante de amparo, en modo alguno varía el sentido de la concesión del fallo constitucional. En otro orden, refiere que la determinación en estudio carece de fundamentación y motivación, debido a que para la procedencia del recurso solicitado, exige mayores requisitos a los establecidos en el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación; y que para arribar a la determinación adoptada, la responsable debió hacer valer artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y ley del Impuesto al Valor Agregado. b) Asimismo, arguye que la autoridad obligada no realiza una debida valoración de pruebas, transgrediendo los principios de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad. En atención a lo expuesto y a la solicitud que realiza el quejoso para que se le imponga a la autoridad responsable la multa correspondiente por no cumplir con el fallo constitucional, en primer lugar dígase al impetrante de amparo que deberá estar a lo ordenado en líneas que anteceden de las que se advierte que las autoridades responsables, cumplieron con todos y cada uno de los efectos precisados en la sentencia de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, señalar que la responsable al realizar una revisión detallada a las documentales que anexó el quejoso a su escrito de reconsideración, determinó que tales no forman parte del procedimiento fiscalizador, iniciado bajo la orden **; y por tanto no se encuentra facultada para pronunciarse respecto a su contenido (foja 303). Siendo en su caso, las alegaciones que hace para combatir la contestación de la responsable o la forma en que lo hizo, materia de una diversa instancia. Finalmente, en relación a la manifestación encaminada a que se continúe con el procedimiento establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, dígasele que no ha lugar, toda vez que de conformidad con el arábigo citado, el trámite de inejecución de sentencia ha de seguirse ante el Tribunal Colegiado de Circuito, previo pronunciamiento de este Juzgado de Distrito, con relación a que la ejecutoria siempre y cuando no haya quedado cumplida en el plazo fijado porque exista una imposibilidad jurídica y material; supuesto que no se actualiza. Notifíquese.
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