Adolfo Martínez Rosales
Expediente 540/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Adolfo Martínez Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días ... se declara que ha causado estado... archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. ...este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído... Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentra gozando de su periodo vacacional; resérvese la entrega del oficio que derive del presente proveído, hasta en tanto reanude sus labores, quedando bajo el resguardo de la Actuaria Judicial adscrita.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... . Acapulco, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad oficiante, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa reclamó la omisión de dictar el auto de ejecución de requerimiento, pago o embargo, solicitado mediante escrito de diez de diciembre de dos mil quince dentro del juicio laboral número 994/2013, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se determinan las consecuencias jurídicas que genera lo informado por la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en dos hipótesis: a) Que durante el curso del juicio, con las constancias de autos, se pruebe que el acto reclamado no existe. b) Que una vez desahogadas las pruebas en la audiencia constitucional, no se demuestre la existencia de los actos. En ambos supuestos la consecuencia es el sobreseimiento, solo que en el primero se puede decretar durante el curso del juicio (al "aparecer" prueba de la inexistencia), mientras que en el segundo la resolución se emite como etapa culminatoria de la audiencia constitucional. En el caso, de las constancias citadas al inicio de este acuerdo se observa que el diecinueve de mayo del dos mil dieciséis se emitió el acto reclamado, consistente en el auto de de ejecución de requerimiento, pago o embargo, solicitado a través del escrito de diez de diciembre de dos mil quince, mientras que la demanda de amparo se presentó el veinticinco de mayo del presente año; por tanto, al momento de la presentación de la demanda, la omisión reclamada era inexistente, circunstancia que impide su análisis. Así las cosas, al quedar demostrado que no existe el acto reclamado, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, y se deja sin efecto la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES..
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Adolfo Martínez Rosales, por su propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 540/2016, y fórmese expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Se fijan las ONCE CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con el acto reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Igualmente, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficios en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades y actualización vigente en el país, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. Asimismo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, y dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a las personas que designa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.
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