Adolfo Martinez Rangel

Expediente 1422/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1422/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Adolfo Martinez Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de sentencia de veintiocho de noviembre pasado (fojas 18 a 27), en la que se concedió el amparo y protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO. Ahora, en el citado fallo protector se determinó que el efecto del mismo era para que la Junta responsable, en los tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria la resolución, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral 673/2016 y remita copia certificada a este juzgado, con lo cual se tendrá por cumplida la presente resolución: REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En consecuencia, con fundamento en los párrafos primo y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, solicítese a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, por ser a quien le compete su cumplimiento, para que realice lo ordenado en el fallo protector dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten. En el entendido que en caso de ser omisa al requerimiento anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la citada ley, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, y de ser el caso, se enviara el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuar con dicho cumplimiento, que puede culminar con la suspensión del cargo y su consignación ante la autoridad competente. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, se encuentren gozando del período vacacional correspondiente al segundo semestre del año y por tal motivo hayan suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día en que las reanuden, entregue los oficios notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo; mismos que deberán quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, a través del cual rinde su informe justificado y remite constancias con las cuales acredita su dicho; sin perjuicio de hacer relación con el mismo en la audiencia constitucional. PRUEBAS. Ahora, respecto a las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable consistente en copia certificada del auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en expediente ********************de su índice, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 3456 del Tomo LXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, la cual establece: "INFORME JUSTIFICADO, OBLIGACIÓN DE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS CONSTANCIAS QUE LAS AUTORIDADES ADJUNTAN A AQUEL. El artículo 149 de la Ley Orgánica del Juicio de Amparo, obliga a las autoridades responsables a rendir sus informes justificados y a acompañar a éstos, en su caso, copia certificada de las constancias que tiendan a demostrar la legalidad de su actuación; por tanto, la finalidad perseguida en el precepto citado, es la de que los Jueces de Distrito tengan en cuenta las constancias contenidas en esa copia certificada, para juzgar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esas constancias tienden precisamente a comprobar, por parte de las responsables, la legalidad de su actuación." Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a treinta de octubre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por Elisa Viridiana Griz Martínez apoderada legal de Adolfo Martínez Rangel, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1422/2019-V. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. De conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de mérito. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se forma incidente de suspensión, pues la parte agraviada no solicitó la medida cautelar en términos del numeral 128 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, con fundamento en el artículo 26 de la ley de Amparo y, notifíquesele la radicación del presente asunto, así como las subsecuentes por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Informándole a la autoridad que puede remitir su informe al correo electrónico jose.neira.villarreal@correo.cjf.gob.mx; o bien vía fax al (01722) 2360500 ext. 3107 o 3113. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de treinta a trecientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. En otro orden, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, toda vez que tiene el carácter de parte demandada en el juicio laboral 673/2016, de donde deriva el acto reclamado, por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 26, de la Ley de Amparo, emplácese mediante oficio, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías, para el efecto de que se haga sabedora de la instauración del presente juicio y el derecho que tiene para apersonarse en él, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho corresponda. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala, facultando al funcionario judicial para que en caso de ser necesario, realice las diligencias que se deriven del presente asunto en los términos establecidos en artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Téngase por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa el promovente, dada la naturaleza del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por anunciadas las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, reservándose a acordar lo conducente hasta la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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