Adolfo Martinez Casique
Expediente 639/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/08/2021
Partes del expediente
- Adolfo Martinez Casique
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], glósense a los autos los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que decretó el sobreseimiento dentro del presente juicio constitucional; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Adolfo Martínez Casique, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables Autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; y, Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno; y, La omisión de acordar lo conducente respecto a la interposición del de reconsideración interpuesto por la parte quejosa dentro del juicio de origen D-03/2018. Ahora bien, del informe justificado rendido por los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunció con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como al Presidente y Actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo,." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Adolfo Martínez Casique acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como al Presidente y Actuario de su adscripción de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como respecto a la interposición del de reconsideración interpuesto por la parte quejosa dentro del juicio de origen D-03/2018. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunció con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018. En las referidas circunstancia, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunciara con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Adolfo Martínez Casique, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de las autoridades señaladas como responsables Autoridades responsables Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; y, Actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno; y, La omisión de acordar lo conducente respecto a la interposición del de reconsideración interpuesto por la parte quejosa dentro del juicio de origen D-03/2018. Ahora bien, del informe justificado rendido por los Magistrados que integran el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunció con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como al Presidente y Actuario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo,." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Adolfo Martínez Casique acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, así como al Presidente y Actuario de su adscripción de acordar el escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como respecto a la interposición del de reconsideración interpuesto por la parte quejosa dentro del juicio de origen D-03/2018. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable acordó lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunció con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018. En las referidas circunstancia, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara lo conducente respecto al escrito presentado por la parte quejosa el nueve de abril de dos mil veintiuno, así como se pronunciara con relación a la admisión del recurso de reconsideración interpuesto dentro del juicio laboral de origen D-03/2018, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por los Magistrados adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere para las nueve horas con diez minutos del seis de agosto de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.
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